NeuquenNewsDesde este lunes 16 de marzo, las universidades públicas de todo el país detendrán sus actividades en el marco de un paro nacional convocado por las dos federaciones docentes mayoritarias. La medida se desarrollará en dos tramos: del 16 al 21 y del 23 al 30 de marzo. En la UBA, el conflicto es más profundo: los docentes votaron un paro "por tiempo indeterminado" hasta que se les pague el 55,4% de aumento que establece la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto universitario alcanza su punto más crítico en lo que va del año. Este lunes 16 de marzo comienza el paro nacional docente convocado por las dos federaciones nacionales mayoritarias, Conadu Histórica y Conadu, quienes resolvieron un cese de actividades en dos tramos: el primero, desde hoy hasta el 21 de marzo, y el segundo, desde el 23 hasta el 30 de marzo.
La medida de fuerza tiene alcance nacional y afectará a la mayoría de las instituciones universitarias públicas del país, entre ellas la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Mientras el paro nacional tiene fechas definidas, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) la situación es más compleja. Los docentes nucleados en la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) votaron en asamblea un paro por tiempo indeterminado, que también comienza este lunes 16 de marzo, y se extenderá hasta que el Gobierno cumpla con el pago del 55,4% de aumento salarial dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.
La decisión, adoptada por unanimidad, implica que los docentes de la UBA no volverán a las aulas hasta que se regularice la situación salarial y se aplique la ley vigente, que fue aprobada por el Congreso el año pasado, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada en ambas cámaras.
El principal motor de la medida es la recomposición salarial. Los gremios denuncian un "atraso" significativo frente a la inflación y exigen la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, que incluye un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las universidades.
Los docentes de la UBA presentaron un informe de evolución salarial que arroja datos contundentes:
Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, declaró que desde noviembre de 2023 "perdieron el equivalente a 11,5 salarios" y explicó que "de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos".
"En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así", enfatizó Carboni en diálogo con la prensa.
Los gremios también cuestionaron duramente la última propuesta oficial, que consiste en un aumento del 12% en lugar del 51% o 55,4% reclamado, a pagar en tres cuotas hasta octubre de 2026.
"La nueva maniobra del Gobierno Nacional para no acatar la Ley es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado, y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026. Eso es inaceptable", sostuvo Carboni, quien además planteó la necesidad de convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.
La resolución de AGD-UBA establece una escalada del plan de lucha que incluye paros, movilizaciones regionales y federales, cortes, permanencias en facultades y colegios, y la convocatoria a una eventual huelga general universitaria.
"No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente. Plan de lucha nacional, con paros, movilizaciones. Con acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de todo el país. Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria, en defensa del salario y la universidad pública", señala el texto votado.
El paro nacional universitario de marzo es el primero de una serie de medidas que podrían profundizarse en las próximas semanas si no hay respuestas del Gobierno. Mientras tanto, los docentes de la UBA ya pusieron un pie en el acelerador y advierten: no hay fecha de regreso a las aulas hasta que se cumpla la ley.
La comunidad educativa permanece en vilo, los estudiantes ven peligrar el inicio del ciclo lectivo y los gremios se mantienen firmes en su reclamo: salario digno, financiamiento universitario y cumplimiento de la ley.
