Antes del colapso, la planta había llegado a procesar hasta 250 mil litros diarios de leche, posicionándose como un actor relevante en la producción regional. Sin embargo, la caída fue progresiva y los planes de reactivación nunca se concretaron. La resolución judicial dispuso además la inhabilitación de la firma y la inhibición general de bienes, medida que también alcanza al responsable de la administración, quien deberá solicitar autorización para salir del país mientras avanza el proceso de liquidación.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA) advirtieron sobre la gravedad del escenario y reclamaron respuestas para el sector. Durante los últimos meses, los empleados realizaron protestas y acampes frente a la planta, acompañados por vecinos de Suipacha y Chivilcoy, en reclamo del pago de salarios e indemnizaciones.
El cierre se produce en un contexto adverso para la industria láctea. Según datos sectoriales, las ventas registraron en diciembre de 2025 una leve caída mensual y una baja interanual en volumen, en un escenario de sobreoferta y rentabilidad ajustada. Con existencias por encima del año anterior y otras empresas del rubro atravesando dificultades, el panorama anticipa un proceso de mayor concentración y márgenes cada vez más estrechos para los productores.
