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La discusión por el empleo público en Neuquén sumó un nuevo capítulo con un componente explosivo: la acusación de “designaciones ilegales” por vínculos personales dentro de un área estratégica como el Ministerio de Energía.
El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, denunció públicamente que autoridades del Ministerio habrían violado el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y la Ley 3373, al avanzar con nombramientos “de amigos y familiares” de manera “totalmente ilegal”. El dirigente gremial lo expresó en un posteo en redes sociales y adelantó que el sindicato impulsará “todas las medidas legales y acciones gremiales necesarias” frente a lo que describió como una conducta “violatoria”.
Qué denuncia ATE y dónde estaría el foco
De acuerdo con la nota publicada por Neuquén Web, las designaciones cuestionadas se concentrarían en el ámbito de la Subsecretaría de Hidrocarburos, y el funcionario señalado internamente como responsable de las incorporaciones sería el subsecretario Fabricio Gulino.
El artículo agrega dos elementos claves:
En diciembre habría aparecido un decreto que habilitó la contratación de monotributistas para esa subsecretaría, y al revisar esas incorporaciones se habría detectado —según la denuncia— que no respondían a perfiles técnicos especializados ni a tareas que el Estado no pudiera cubrir con personal de planta.
Ante las restricciones del convenio, el área habría avanzado (o estaría por avanzar) con la creación de direcciones de planta política para esas mismas personas, lo que implicaría agrandar la estructura política del Estado.
En paralelo, siempre según lo publicado, ATE sostiene que el área mantendría déficit de personal técnico e inspectores para controles en territorio sobre operadoras, y que incluso se habrían registrado asignaciones de funciones a contratados dentro de estructuras formales, profundizando el conflicto. (Neuquén Web)
El punto legal: qué es la Ley 3373 y por qué importa
La Ley 3373 aprobó el Convenio Colectivo de Trabajo para personal de la Administración pública provincial comprendido en ese régimen. El texto oficial de la ley y el CCT están disponibles en los repositorios normativos provinciales.
En este marco, la discusión no es menor: si el convenio fija reglas para funciones, ingresos y organización del trabajo, una política de incorporaciones por fuera de esos criterios (y, peor aún, por supuestos vínculos personales) abre un frente doble: administrativo (cumplimiento normativo) y político (credibilidad y control de áreas sensibles).
Como dato adicional que refuerza el trasfondo, existe documentación pública provincial con modelos de contrato de servicios vinculados a la Subsecretaría de Hidrocarburos que contemplan la modalidad de prestación como monotributista, lo que ayuda a entender por qué ese mecanismo aparece en el centro de la controversia.
Lo que sigue: conflicto abierto y costo político
El caso, tal como está planteado, empuja a una pregunta incómoda: ¿se está fortaleciendo la capacidad técnica del Estado para controlar una industria multimillonaria o se está ampliando una “estructura paralela” a fuerza de nombramientos discrecionales? La respuesta no es menor en una provincia donde la energía no es un tema sectorial: es columna vertebral fiscal, productiva y política.
Hasta el cierre de esta nota, Neuquén Web no consigna una respuesta pública del Ministerio sobre el señalamiento puntual de ATE. Si el Ejecutivo decide responder, el dato clave será qué norma respalda las designaciones, qué funciones cumplen, qué idoneidad acreditan y por qué no se cubrieron esas tareas con personal de planta.
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