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A través de una voltereta administrativa, el gobierno de Javier Milei le otorgó a la empresa de bandera chilena Latam Airlines la potestad de volar por toda la Argentina. La compañía podrá operar servicios de cabotaje “sin limitación de rutas o frecuencias y con aeronaves de gran porte”, algo que estaba reservado como protección para las compañías de bandera nacional.
La decisión fue confirmada a través del Boletín Oficial, en el marco de la política desreguladora de “cielos abiertos” que el gobierno de Javier Milei había acordado con Chile y que fue ratificado en voz baja tras la visita del futuro presidente ultraderechista José Antonio Kast.
Las Disposiciones 46 y 47/2025 indican que Latam Airlines Group SA podrá explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga, con derechos de tráfico de 3º, 4º, 5º, 6º, 8º y 9º libertad. Esto significa sin límites de rutas aéreas ni frecuencia de servicios.
Pero además del golpe que esto le asesta a Aerolíneas Argentinas -la empresa de bandera que el Gobierno tiene entre ceja y ceja-, lo llamativo del caso es cómo la compañía aérea chilena logró hacerse de un permiso para volar con total libertad por toda la Argentina.
Según consta en ambas disposiciones, la empresa chilena solicitó la autorización para vuelos regulares de cabotaje e internacionales presentando un CUIT (Clave Única de Identidad Tributaria) argentino, que había utilizado cuando operaba con su filial en el país: Latam-Arg.
Esta filial ya no realiza operaciones domésticas desde 2020, pero tiene vigencia fiscal. Y su casa central se valió de permisos de vuelo por toda la Argentina que solo accedían Aerolíneas y algunas low cost, forzando nacionalidad.
Se autoriza a “la empresa de bandera chilena LATAM AIRLINES GROUP S.A. (CUIT 30-60962072-9) mediante el cual solicita autorización para la operación de vuelos regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros”, dicen los textos publicados en el Boletín Oficial.
Ambas disposiciones confirman que Latam Airlines Group SA “acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos”.
La voltereta administrativa tiene viso de legalidad. Y con esa certificación que el Gobierno aceptó como suficiente, el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, firmó los permisos que “fomentan la competencia y la liberalización del mercado aéreo”.
A su vez, se habilitó a la empresa a operar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de manera combinada, en la ruta Santiago de Chile–Río de Janeiro–Buenos Aires, y viceversa, de acuerdo con los convenios bilaterales vigentes.
“Estas medidas se enmarcan en la política de cielos abiertos impulsada por el gobierno nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”, señaló un comunicado oficial de Transporte.
De esta forma, agregó el texto, “se continúa avanzando en la apertura del sector aerocomercial, ampliando la oferta de vuelos para consolidar un mercado cada vez más libre, en beneficio de empresas y pasajeros”.
