NeuquenNews
Este lunes el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó el decreto 1706 que fija los incrementos en los haberes de los efectivos de la Policía provincial durante el primer semestre del 2026. La pauta salarial establece incrementos trimestrales por IPC ponderado, una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, que se cobrará en la segunda quincena de enero, al igual que los trabajadores estatales y contempla también el pago por ropa de trabajo y la actualización de las asignaciones familiares.
El decreto, que también lleva la rúbrica de los ministros de Seguridad, Matías Nicolini, y Economía Producción e Industria, Guillermo Koenig, establece una pauta similar a la que se acordó con los gremios ATE y UPCN.
El incremento será una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyas actualizaciones se aplicarán en abril y julio de 2026.
Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.
Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.
Además, incluye el pago de dos sumas de carácter extraordinario, no remunerativas y no bonificables. Una de ellas, a cobrar durante la segunda quincena de enero, consiste en 350.000 pesos y la otra, por ropa de trabajo, se pagará en abril de 2026. Asimismo, el decreto contempla la actualización semestral de los importes correspondientes a las asignaciones familiares.
Cabe mencionar que, antes de finalizar el año, el Ejecutivo provincial acordó con la totalidad de los sindicatos que representan a los trabajadores del estado la pauta salarial 2026, dando así previsibilidad a las cuentas públicas y también a los empleados de la administración.
En términos económicos, la pauta definida se inscribe en un contexto de inflación aún elevada y persistente, con un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios públicos durante los últimos dos años. Si bien el esquema de actualización por IPC apunta a evitar un mayor deterioro de los ingresos, se trata de un mecanismo de compensación y no de recuperación real, ya que no contempla recomposición por la pérdida acumulada previa.
En ese marco, los bonos extraordinarios —al ser no remunerativos— funcionan como un alivio transitorio, pero no inciden en el salario básico ni en futuros aumentos, jubilaciones o adicionales, una dinámica que se repite en gran parte del sector público en un escenario de fuerte restricción fiscal y búsqueda de previsibilidad presupuestaria.
