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En medio de un clima de alta tensión política en el Congreso, el Gobierno nacional apeló el fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ordenó la inmediata ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país y declaró inválido el artículo del decreto presidencial que había suspendido su vigencia.
La apelación fue presentada por la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Santiago Castro Videla, con el patrocinio del subprocurador Julio Comadira, bajo el argumento de que la resolución judicial “causa agravio al Estado Nacional”. El juez concedió el recurso con efecto devolutivo, lo que implica que el fallo continúa vigente mientras la causa es revisada por la Cámara Federal de San Martín, y otorgó un plazo de cinco días para que el Estado fundamente su apelación.
La decisión judicial había sido dictada el 12 de diciembre, cuando González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto 681/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de la ley sancionada por el Congreso, alegando la falta de partidas presupuestarias específicas.
El magistrado sostuvo que esa cláusula era inconstitucional, ya que subordinaba una ley aprobada por los representantes del pueblo a una norma de jerarquía inferior, vulnerando el sistema republicano. Además, calificó como “falaz” el argumento presupuestario del Gobierno, al remarcar que la propia ley habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para garantizar su cumplimiento.
En su fallo, el juez fue particularmente duro al señalar que la suspensión de la norma constituía un acto discriminatorio contra personas con discapacidad, afectando también a niños y adultos mayores en situación de doble vulnerabilidad. Subrayó que el Poder Ejecutivo sí utilizó decretos para modificar el presupuesto en otras áreas, pero se negó a hacerlo en este caso, lo que —advirtió— implicaría avalar un uso parcializado y discriminatorio de los recursos públicos.
La resolución también destacó la grave crisis que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras, marcada por una fuerte pérdida del poder adquisitivo, deterioro de los servicios y riesgo de discontinuidad en las prestaciones de salud. En ese marco, el juez invocó el principio de no regresividad en derechos humanos, que prohíbe retroceder en los niveles de protección ya alcanzados.
Finalmente, González Charvay descartó como insuficiente la promesa oficial de incluir fondos en el Presupuesto 2026, al señalar que esa eventualidad no resuelve la emergencia actual y que el Estado está obligado a adoptar acciones positivas inmediatas para proteger a un sector social especialmente vulnerable.
La apelación del Gobierno se conoce un día después de que la oposición lograra rechazar en Diputados el capítulo del Presupuesto 2026 que buscaba derogar de manera definitiva la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ahora, la Casa Rosada apuesta a revertir ese revés en el Senado y volver a insistir en la Cámara baja, un camino legislativo que, a la luz de los últimos acontecimientos, aparece como complejo y políticamente costoso.
Fuente: Infobae
