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La provincia de Mendoza se encuentra en una situación de máxima tensión social y ambiental tras la reciente aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto megaminero San Jorge. Organizaciones socioambientales y vastos sectores de la población denuncian que la ratificación forzada de la Legislatura amenaza directamente la Cuenca del Río Mendoza, que abastece de agua y vida al Oasis Norte, donde reside más de un millón y medio de personas. La resistencia popular se ha reactivado con movilizaciones masivas y la promesa de una gran marcha hacia la Casa de Gobierno.
Federico Soria, técnico especializado en ciencias ambientales, explicó que la aprobación del proyecto minero, un proceso que lleva diecisiete años de resistencia, pone en grave peligro la vida y la economía de Mendoza. La provincia, de clima árido, depende exclusivamente de los ríos que nacen de la fusión de nieves y glaciares. En las últimas décadas, la crisis hídrica provocada por el cambio climático ha reducido el caudal de los ríos a la mitad.
El proyecto San Jorge, ubicado precisamente en las cabeceras de la cuenca del Río Mendoza, presenta, según los ambientalistas, deficiencias técnicas y científicas que elevan el riesgo de contaminación del agua, el aire y el suelo.
Además, la minera no reconoce que las aguas que pretende utilizar son aguas públicas, ni el valor ecológico y patrimonial de la zona, incluyendo el hábitat de especies declaradas monumento natural (guanaco, choique y cóndor) y el cruce del Camino Principal Andino, el Qapac Ñan, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Soria denunció que el proceso de aprobación ha estado marcado por la omisión y el fraude. Un informe del CONICET que advertía sobre los riesgos del proyecto minero San Jorge fue presuntamente censurado y bajado por gestiones del Gobierno de Mendoza.
Además, el Gobierno habría violado la ley de monumentos naturales, que prohíbe «actividad humana alguna» en los hábitats protegidos de estas especies, y omitido un proyecto de ley de Iniciativa Popular impulsado por los vecinos de Uspallata hace quince años para declarar la zona Área Natural Protegida. Este proyecto, que contaba con la firma de legisladores radicales cuando estaban en la oposición, fue ignorado porque significaría el «fin de la megaminería» en la región.
El aspecto más grave de la denuncia es la violación de derechos humanos. Soria afirmó que el Gobierno de Cornejo ha decidido «perseguir y encarcelar a los opositores» al proyecto, acumulando alrededor de veinticinco presos políticos con causas presuntamente «armadas por cuenta y orden de la minera San Jorge», incluyendo su propio caso, en el que se encuentra en libertad condicional.
La aprobación forzada del proyecto ha generado una reacción popular en aumento. Tras la ratificación en el Senado, la semana pasada se registró una movilización con alrededor de cincuenta mil personas en las calles de Mendoza capital.
Los manifestantes, que sostienen que el Gobierno se niega a realizar un plebiscito o auditar el proyecto de forma transparente, se están organizando para una gran movilización el día 23 desde todos los territorios de la provincia hacia la Casa de Gobierno. El objetivo es claro: reclamar la derogación de la ley de ratificación del proyecto minero, tal como sucedió en el año dos mil diecinueve, cuando la presión popular obligó al entonces gobernador Suárez a dar marcha atrás con la modificación de la Ley 7722 en un plazo de diez días. Se espera que la masividad de la protesta obligue nuevamente al gobierno a retroceder ante el avasallamiento institucional y la amenaza a la vida de la población.
