NeuquenNews
Cebados por la victoria del domingo pasado en las legislativas nacionales, el Gobierno busca avanzar rápidamente en sesiones extraordinarias para aprobar varias reformas estructurales, entre las que se destaca la laboral, bajo el argumento de que una flexibilización de las condiciones de contratación y desvinculación dinamizará el mercado de trabajo. Desde el sector pyme y gremial advirtieron que la actual crisis de creación de empleo responde a factores macroeconómicos que atentan contra la demanda interna y la generación de nuevos puestos de trabajo. En particular, alertaron por la pérdida constante de poder adquisitivo de los ingresos. El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) profundizó sobre el problema de los salarios bajos y una economía cara. De acuerdo con el documento de la alta casa de estudios, el 15 por ciento de los trabajadores asalariados sufre insuficiencia alimentaria, mientras que ese ratio salta al 25 por ciento cuando se trata de informales y cuentapropistas.
El proyecto de reforma laboral busca otorgarle un marco legal al actual proceso de informalización del empleo, donde ya la mitad de los trabajadores -muchos despedidos sector registrado- se desarrollan en la informalidad. Hace ya un tiempo que tener empleo no es sinónimo de no ser pobre. Pero en los últimos meses, ni siquiera es garantía de poder llevar un plato de comida a la mesa de los hogares. Cada vez son más los asalariados que padecen inseguridad alimentaria, es decir, no logran cubrir de manera estable una dieta suficiente y nutritiva.
El reciente informe del Observatorio de la UCA reveló que el 15 por ciento de los trabajadores asalariados del país sufre inseguridad alimentaria por falta de recursos económicos, es decir, pasa hambre. Dentro de ese universo, el 8,1 por ciento atraviesa una situación severa y el 11,5 por ciento moderada. Las brechas son profundas según el territorio: en el conurbano bonaerense el 18,9% de los asalariados pasa hambre; en el interior del país, el 14,8 por ciento; en la Ciudad de Buenos Aires, el 7,1 por ciento. También hay diferencias por género: las mujeres trabajadoras registradas son las más afectadas (8,5 por ciento), frente al 6,6 por ciento de los varones.
Preguntas que duelen
Si bien el Gobierno sostiene que los ingresos de los trabajadores, en particular los asalariados formales, están ganándoles a la inflación, la situación de precariedad es cada vez más evidente. La inseguridad alimentaria, según la Organización de Naciones Unidas, es la imposibilidad de acceder de forma habitual a una dieta sana y equilibrada por falta de ingresos. En Argentina, ese fenómeno ya no se asocia exclusivamente al desempleo, sino que se expande entre quienes tienen trabajo, incluso registrado.
El informe del Observatorio de la UCA relevó una serie de preguntas para dar respuesta a la verdadera situación socioeconómica de los trabajadores, ya sean asalariados formales, informales o cuentapropistas. Las preguntas, difíciles de hace y todavía más de responder, son:
*¿Disminuyeron usted u otro adulto en su hogar la porción de alguna de sus comidas porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos?
*¿Alguna vez usted u otro adulto del hogar sintió hambre, porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos?
*¿Disminuyó la porción de alguna de las comidas de los niños/as y adolescentes de su hogar porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos?
*¿Tuvieron alguna vez hambre los niños/as y adolescentes de su hogar porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos?
*¿Con qué frecuencia alguna vez usted o algún miembro de su hogar sintió hambre porque no tuvo que comer o tuvo poca cantidad de comida?
El estudio fue realizado en centros urbanos de más de 80.000 habitantes. El deterioro se inicia en 2022. Ese año, el 17,3 por ciento de los ocupados padecía inseguridad alimentaria; en 2024 el número trepó al 22,5 por ciento. Entre los cuentapropistas, la cifra es aún más alarmante: 31,8 por ciento. En cambio, entre los asalariados formales, el índice descendió levemente a 7,8 por ciento, "aunque la baja no alcanza para ocultar la emergencia".
Cada vez más trabajadores, incluso con recibo de sueldo, asisten a diario a comedores populares. Mientras tanto, el Gobierno en vez de reforzar la asistencia, congeló la entrega de alimentos con la excusa de auditorías. A la par del deterioro de los ingresos, el empleo formal también se derrumba.
Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), el país perdió 205.000 puestos de trabajo asalariado formal desde la asunción de Milei en diciembre de 2023. La contracción, que se concentró en el primer semestre de 2024, llevó el número total de trabajadores formales al nivel más bajo desde la pandemia.
“Tener trabajo ya no es garantía de escapar del hambre”, resumió Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA. El informe del Observatorio también mostró que la educación es una barrera decisiva: entre quienes no completaron el secundario, el 34 por ciento enfrenta inseguridad alimentaria; entre los universitarios, apenas el 4,6 por ciento. En los hogares pobres, la tasa llega al 38,6 por ciento, frente al 6,9 por ciento de los no pobres.
"Los trabajadores sin aportes a la seguridad social presentan niveles de inseguridad alimentaria", destaca el informe de la UCA. La afiliación sindical aparece también como un leve escudo, siendo el blanco de las reformas laborales que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza. El 7,7 por ciento de los afiliados padece inseguridad alimentaria, frente al 9,9 por ciento. "La articulación entre academia, sindicatos y tercer sector es clave para diseñar políticas públicas que integren alimentación, empleo y protección social", concluye el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
