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En el sector conocido como Familias Unidas, en la ciudad de Picún Leufú, viven alrededor de veinte familias, entre ellas numerosos niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Desde hace nueve años, el suministro eléctrico del barrio depende de un medidor comunitario instalado de manera precaria durante la gestión del exintendente Carlos Alfredo Castelblanco.
Hoy, ese sistema no da abasto. Las fluctuaciones de tensión son constantes, los electrodomésticos se queman y los vecinos advierten que ya hubo personas que casi se electrocutan intentando reparar los cables por su cuenta. “Somos muchas familias viviendo acá, con menores y ancianos, y no da abasto ya. Hubo personas que casi se electrocutan arreglando los cables”, relató Antonella Ñanco, una de las vecinas del barrio.
Reclamos sin respuesta y audiencias suspendidas
El pasado miércoles 22 de octubre, los vecinos tenían una audiencia programada con la intendenta Perla Díaz, que fue suspendida sin aviso. Según explican, la jefa comunal derivó el tema a una secretaria “que no sabía nada” y desde entonces “los tiene a las vueltas sin respuesta”.
“Hemos mandado notas, hemos hecho actas, y ninguna respuesta. Reuniones con los concejales, y todo es promesa. Con los vecinos ya no sabemos qué hacer”, expresa Ñanco en representación del grupo.
Entre los documentos que respaldan el reclamo, los vecinos adjuntaron una nota dirigida a la intendenta, fechada el 27 de agosto de 2025, donde solicitan la medición y regularización de terrenos, condición necesaria para acceder formalmente a los servicios básicos: luz, agua, gas y cloacas. También se incorporan actas barriales y copias de ordenanzas que reconocen el sector como parte del ejido urbano.
Un reclamo que lleva años
Los habitantes del barrio afirman que hace más de un año entregaron toda la documentación requerida para regularizar su situación y que aún no obtienen respuestas oficiales. En las actas vecinales, además, consta que hubo reuniones con el Concejo Deliberante y compromisos de “sobrevuelo técnico” y gestiones ante IPVU y la provincia para el traspaso de dominio de las tierras, pero ninguna medida concreta se ejecutó.
“Nos dijeron que esperáramos, pero la espera se hizo eterna. Ahora viene el verano, el calor, y no tenemos cómo sostener el consumo. Necesitamos una solución urgente”, reclaman los vecinos.
Un llamado urgente a las autoridades
El pedido de Familias Unidas no se limita al acceso formal al servicio eléctrico. Se trata de una demanda por condiciones de vida dignas y por el derecho a la seguridad y a la salud en un sector que, según ellos, ha sido históricamente postergado.
En su nota a la intendenta, los firmantes remarcan su disposición al diálogo:
“Nos comprometemos a ayudar y cumplir con todo lo que se nos solicite, sin generar inconvenientes al municipio ni a nadie, pero necesitamos una respuesta pronta.”
Mientras tanto, el verano se aproxima y las familias siguen conectadas a una red saturada y peligrosa. “Queremos hacernos valer como comunidad. Llevamos diez años viviendo acá y no pedimos más que luz segura para nuestras casas”, concluyó Ñanco.
