Absuelven a una mujer en Junín de los Andes por matar a su pareja en legítima defensa

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que un tribunal colegiado volvió a absolver a una mujer acusada del homicidio de su pareja, ocurrido el 24 de diciembre de 2022 en Junín de los Andes. La decisión fue tomada por los jueces Eduardo Egea, Diego Chavarría Ruiz y Alina Vanessa Macedo Font, quienes consideraron que la mujer actuó en legítima defensa en el marco de un vínculo atravesado por violencia de género comprobada.

Durante el debate, que incluyó 24 testimonios, el tribunal determinó que la víctima, Walter Vera, había agredido a la mujer durante una discusión, y que ella respondió en defensa propia. Tanto la fiscalía como la querella reconocieron la existencia de antecedentes de violencia en la relación.

El caso había tenido un primer juicio en agosto de 2024, cuando la mujer fue absuelta, pero la sentencia fue anulada por el Tribunal de Impugnación, que ordenó un nuevo debate. Ahora, el nuevo veredicto ratifica la absolución y establece un precedente relevante en la interpretación judicial de los contextos de violencia de género.

Neuquén, una provincia en alerta por la violencia hacia las mujeres

El fallo se conoce en un momento en que la provincia atraviesa un aumento sostenido de casos de violencia de género, según los informes del Observatorio Municipal de Violencia contra las Mujeres y los datos oficiales del gobierno provincial.

Solo en 2024, Neuquén capital registró 10.234 intervenciones por situaciones de violencia, un incremento del 40 % respecto al año anterior. En ese período se registraron además 819 denuncias formales, 12 casos de “Código A” (riesgo extremo de femicidio) y 6 intentos de femicidio, lo que refleja una tendencia creciente en la gravedad de los hechos.

Durante el primer semestre de 2025, el número de situaciones de alto riesgo se triplicó respecto del mismo período del año anterior: ya se contabilizaban 18 casos de Código A y más de 500 intervenciones territoriales. 

A nivel provincial, el Ministerio de las Mujeres y la Diversidad confirmó que en 2025 3.384 mujeres denunciaron a sus parejas y obtuvieron medidas cautelares de protección judicial, lo que equivale al 1,19 % de las mujeres mayores de 15 años en Neuquén.

Estos números muestran que el sistema de protección se encuentra bajo una presión creciente y que la violencia atraviesa distintos niveles sociales, edades y localidades.

Legítima defensa y contexto estructural

El tribunal que absolvió a la mujer de Junín de los Andes destacó que el análisis debía realizarse “con perspectiva de género”, reconociendo que en muchas situaciones las víctimas de violencia doméstica responden en circunstancias límite, tras años de agresiones físicas y psicológicas.

Casos como este reflejan un problema más profundo: la persistencia estructural de la violencia machista en la provincia. Si bien cada proceso judicial es particular, las estadísticas muestran que miles de mujeres neuquinas viven bajo amenaza y que las respuestas institucionales, aunque más visibles, todavía resultan insuficientes para prevenir tragedias.

En la mayoría de los episodios registrados, las víctimas tienen hijos a cargo, lo que implica que niños y adolescentes también resultan afectados por entornos violentos, con consecuencias emocionales y sociales duraderas.

Una problemática que exige continuidad y acción

El fallo de Junín no solo representa una resolución judicial individual, sino también una señal de que el sistema judicial neuquino comienza a incorporar una mirada más comprensiva sobre las situaciones de violencia estructural. Sin embargo, las cifras de 2024 y 2025 demuestran que la magnitud del problema exige mucho más: educación, prevención temprana, refugios, acompañamiento psicológico y, sobre todo, políticas públicas sostenidas.

Neuquén vive hoy un momento complejo: las instituciones siguen estándo por detrás de las necesidades reales y no reconociendo la profundidad de la violencia de género, la instalación de la supuesta busqueda de la eficiencia y el ajuste ha significado un retroceso en prevención y atención. El Estado se torna ineficiente al no tener los recursos necesarios. El gobierno debe aún demostrar que puede proteger a tiempo a las víctimas antes de que la violencia escale hasta el punto sin retorno que marcó la historia de esta mujer.