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La oposición logró imponer su mayoría en la Cámara baja y avanzó con una reforma que limita las facultades del presidente Javier Milei para dictar decretos de necesidad y urgencia. El proyecto, con cambios, volverá al Senado antes de convertirse en ley.
En una sesión especial marcada por la tensión política, la oposición en la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de restringir las atribuciones del Poder Ejecutivo.
El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, establece que el Congreso tendrá 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU. Si no lo hace dentro de ese plazo, los decretos quedarán automáticamente sin efecto.
Además, la norma introduce una modificación clave: exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para mantener vigentes los decretos, lo que le otorga a la oposición la posibilidad de bloquearlos incluso con mayoría simple en una sola Cámara.
De convertirse en ley, la medida acotará significativamente el margen de acción del presidente Javier Milei, quien gobierna en minoría parlamentaria. En ese escenario, el Ejecutivo deberá construir acuerdos legislativos más amplios para sostener sus políticas.
“Es un paso para fortalecer la institucionalidad y el control republicano”, sostuvieron desde los bloques dialoguistas, mientras que desde La Libertad Avanza advirtieron que la oposición “busca debilitar la capacidad de gestión del Gobierno”.
Otros temas en debate
El temario de la sesión también incluye la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin partida presupuestaria asignada. Los sectores opositores adelantaron que podrían impulsar una moción de censura, prevista en el artículo 101 de la Constitución, si Francos no presenta una reestructuración del gasto para garantizar su implementación.
Asimismo, los diputados debatirán un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite de tratamiento del Presupuesto 2026, con el fin de evitar que el Ejecutivo prorrogue por tercer año consecutivo el de 2023.
En paralelo, la oposición busca avanzar con la citación de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Salud, Mario Lugones, por el escándalo de los audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se mencionan presuntas coimas en el organismo.
Finalmente, también se tratará el proyecto impulsado por los gobernadores que propone coparticipar la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, una medida que podría fortalecer la posición fiscal de las provincias y servir como moneda de negociación política en el Congreso.
