Afganistán: una "tormenta perfecta" golpea a un pueblo contra las cuerdas

Cuatro años después del regreso de los talibanes al poder, el país se hunde en una remolino de crisis entrelazadas: colapso económico, sequías recurrentes, hambruna rampante, un éxodo inverso de millones de retornados y, sobre todo, el confinamiento sistemático de las mujeres.

El devastador terremoto ocurrido en el este del país el 31 de agosto golpeó a una sociedad ya desangrada. Las escuelas secundarias, institutos y universidades prohibidas a las niñas por las autoridades de facto, los hospitales que cierran sus puertas por falta de financiación, dos millones de familias que regresan de Irán o Pakistán con las manos vacías: todos estos son signos de un país al borde del colapso.

"Después de tres años y medio de cerrar las escuelas para niñas más allá del sexto grado, toda una generación corre el riesgo de perderse", advirtió Roza Otunbayeva, representante especial del Secretario General de la ONU para Afganistán, en una reunión del Consejo de Seguridad este miércoles. Según el Banco Mundial, esta prohibición le cuesta a la economía del país 1400 millones de dólares al año.

Ayuda humanitaria obstaculizada

Y la economía no es el único sector afgano que sufre estas políticas regresivas. Si bien el terremoto en la provincia de Kunar, en la frontera con Pakistán, ha demostrado la capacidad de las autoridades talibanes para coordinar los esfuerzos de socorro, otras decisiones, como prohibir que el personal afgano de la ONU acceda a sus oficinas, continúan paralizando la ayuda humanitaria. "Esta grave restricción reduce la capacidad de la ONU para ayudar al pueblo afgano cuando más lo necesita", dijo Otunbayeva.

El último informe del Secretario General de la ONU, publicado a principios de mes, confirma esta deriva: 1,6 millones de afganos han regresado por la fuerza o por necesidad desde enero, saturando las ya inexistentes capacidades de acogida. Más de nueve millones de personas se enfrentan ahora a una inseguridad alimentaria aguda, incluidos 1,6 millones al borde de la hambruna. Más de 420 centros de salud han cerrado este verano, privando a tres millones de personas de atención.

Represión y desnutrición

A esta crisis humanitaria, que afecta a la mitad de los habitantes del país, es decir, a unos 22 millones de personas, se suma la implacable represión de la población por parte de los talibanes: 63 castigos corporales registrados en tres meses, manifestaciones campesinas reprimidas sangrientamente y la obligación de que las mujeres lleven el velo integral en la ciudad de Herat. Tanto es así que la Corte Penal Internacional de La Haya llegó a emitir órdenes de arresto en julio contra el líder de los talibanes y el presidente de su Corte Suprema por crímenes de lesa humanidad relacionados con la persecución de mujeres y niñas.

En este sombrío panorama, aparecen algunas notas, irrisorias en comparación con la magnitud de la tragedia: la disminución de la violencia a gran escala desde 2021, la relativa prohibición del cultivo de adormidera, la adopción de una estrategia nacional de desarrollo.

Pero estas señales se ven inmediatamente eclipsadas por la realidad de un país que, en palabras de Otunbayeva, se enfrenta a una "tormenta perfecta de crisis" cuyo resultado dependerá de la capacidad de los talibanes para priorizar el pragmatismo sobre la ideología.

Una de las injusticias más atroces de nuestro tiempo
En un comunicado, la directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) calificó la prohibición de la educación a las niñas afganas como “una de las injusticias más atroces de nuestro tiempo”.

Al cumplirse cuatro años de la prohibición por parte de las autoridades de facto, Catherine Russell dijo que ésta representa “una seria amenaza para la estabilidad y el progreso a largo plazo del país”.

"Si Afganistán quiere avanzar, necesita la plena participación de hombres y mujeres para liderar una fuerza laboral más resiliente, promover el desarrollo económico y satisfacer las necesidades de una nación en crecimiento", aseveró.

A finales de 2025, más de 2,2 millones de adolescentes habrán sido excluidas de la educación en el país.