Chaco: Afiliaciones truchas, interna feroz y una causa en la cuerda floja

Llamó la atención, aunque no sorprendió a nadie. Es que la situación judicial del también delegado regional de la ANSES no es la mejor y una foto con él, a tres meses de las elecciones, no parece ser lo más conveniente.En este momento, la Fiscalía Federal de Resistencia lleva adelante una investigación que salpica directamente a Rodríguez por, hasta el momento, más de una veintena de afiliaciones apócrifas detectadas en el partido violeta en el Chaco.

Las pesquisas, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, ya detectaron 21 fichas truchas. Las víctimas fueron afiliadas el año pasado, son personas adultas mayores, con escasa instrucción y, algunas, con problemas de salud incapacitantes. Ninguna prestó consentimiento para sumarse al mileismo. La hipótesis que se maneja es que se utilizó las bases de datos de ANSES y PAMI para concretar la maniobra.

Página/12 pudo conocer los testimonios de dos de las personas incluidas en la nómina de afectados. Uno de ellos es un artesano jubilado de 65 años, con secundario incompleto que vive en la Isla del Cerrito, localidad ubicada a unos 45 kilómetros de la capital chaqueña. “No, no me afilié (a LLA). Yo soy peronista y hace muchos años atrás me había afiliado al peronismo”, sostuvo en sede judicial. También negó que la firma y los datos que figuran en la ficha del partido sean suyos. “Yo no soy casado, como dice ahí”, aclaró.

El otro caso es el de un mecánico electricista, ya jubilado, de 72 años. Con apenas la primaria completa, vive en Puerto Tirol, ciudad ubicada a 18 kilómetros de Resistencia. Cuando se le preguntó si se afilió a LLA, fue contundente: “No, no me afilié. Es más, de casualidad consulté en Internet si estaba afiliado a algún partido y ahí me enteré de que figuraba”, aseguró. Su firma también fue falsificada.

A estos hechos se agregan el caso de una mujer de 75 años con Parkinson; un hombre de 71, que no sabe leer ni escribir; y una jubilada de 78 años, también analfabeta. Estas personas también negaron haberse afiliado y desconocieron las firmas que aparecen en las planillas de LLA.

El hallazgo de estas afiliaciones apócrifas se dio en el marco de otra investigación, vinculada a presuntas extorsiones a empleados de ANSES y PAMI para que aportaran un porcentaje de sus sueldos al partido. Sin embargo, esa causa naufragó: quienes declararon por este hecho aseguraron que los aportes fueron voluntarios y negaron presiones.

Según pudo saber este diario, al regreso de la feria judicial el fiscal Sabadini solicitará al magistrado federal en turno que se cite a declaración indagatoria a Rodríguez y, de manera complementaria, pedirá su detención. “A Capi se le viene un semestre de pesadilla”, aseguran fuentes cercanas al expediente.

Hasta ahora, por lo preliminar de la investigación, la causa está caratulada de manera genérica como “posible delito de acción pública”, pero todo apunta a que la acusación concreta sea la de “falsedad de instrumento público agravada por la condición de funcionario público”, delito que contempla una pena base de entre 1 y 6 años de prisión.

Ante cada entrevista, Rodríguez ratifica que todo esto es una gran mentira, puros “chismes”. Dijo que está en “la grilla” de posible candidato en las elecciones de octubre, como senador o diputado nacional, y que por eso “me agreden tanto”. De todos modos, aclaró que su eventual candidatura será una decisión pura y exclusiva de Karina Milei, máxima autoridad nacional del partido. Este diario intentó hablar con Rodríguez, aunque su respuesta fue sin palabras: sólo se limitó a compartir el número de teléfono de su jefe de prensa.

“Capi” tampoco está mucho mejor en el frente interno. Un grupo de referentes, militantes y afiliados al partido elevó a fines de junio una "solicitud urgente de intervención" a Karina Milei, exigiendo su remoción de la presidencia de LLA del Chaco. Lo acusan de antidemocrático, de ser un presidente “de facto”, de escasa transparencia, de digitar las candidaturas a dedo y de —paradójicamente— rechazar fichas de afiliaciones, sin motivo.

La abogada libertaria, Marta Kassor, fue quien divulgó el documento en el cual se manifiestan que se mantienen en puestos de decisión a personas cuestionadas por las bases y, en algunos casos, investigadas judicialmente. Señalaron que esto "afecta la credibilidad y honorabilidad del espacio".

Otro dolor
 
A todo esto, se le suma otro dolor de cabeza para “Capi”, tan grave que podría hacer caer una causa donde la propia Anses es denunciante.

La historia es así: el organismo de seguridad social denunció ante la Justicia Federal de Resistencia que se detectaron regularizaciones extemporáneas de servicios laborales que resultaron ser falsos, ya sea por la inexistencia de la relación de dependencia declarada o porque los empleadores carecían de actividad comercial al momento de los hechos. Es decir: se gestionaron jubilaciones truchas.

Por esta causa, se allanó el 30 de junio pasado el estudio de la contadora Mercedes Alicia Strada, ubicado en Marcelo T. de Alvear 186, frente a Casa de Gobierno. Se secuestraron documentos y dispositivos electrónicos. Sin embargo, durante el allanamiento, dentro del local, había gente que no estaba autorizada: un empleado de Anses y “Capi” Rodríguez. ¿Qué hacían ahí? No está claro.

La defensa de la contadora Strada, representada por los abogados Marcos Molero y Gastón Chapo, pidió al juez a cargo de la causa, Ricardo Mianovich, la nulidad del procedimiento. Consideraron que la presencia del delegado de Anses y el empleado del organismo no estaba autorizada por el juez y habría impedido el “riguroso control de los actos” en dicho operativo, lo que hace sospechar de un “direccionamiento del proceder”, con la posibilidad de, incluso, haber plantado pruebas.

En respuesta, Anses rechazó el planteo y defendió el accionar de los intrusos. “Los funcionarios presentes obraron siguiendo su sentido del deber, sin mostrar intención alguna más que la mera presencia y observación”, alegó la abogada del organismo, Verónica Viera. De prosperar el pedido de la defensa, las pruebas obtenidas en el allanamiento serán declaradas nulas, lo que significaría un impacto importante en la causa y uno mayor para Rodríguez. 

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