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La expresidenta permanecerá en su departamento La decisión del juez Gorini sobre la prisión de Cristina Kirchner: le otorgó la domiciliaria

17/06/2025NeuquenNewsNeuquenNews
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Cristina Fernández de Kirchner

El juez Jorge Gorini definió otorgarle a Cristina Fernández de Kirchner la prisión domiciliaria, haciendo lugar al pedido de los abogados de la expresidenta y líder del Partido Justicialista (PJ) para que pueda atravesar la condena a 6 años en la causa Vialidad en su departamento de Constitución, ubicado en San José 1111.

El magistrado le notificó su decisión a la exmandataria vía zoom, en un intento por desarticular la marcha a Comodoro Py prevista para este miércoles.

Para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 le impuso a CFK las siguientes reglas de conducta:

a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.

b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.

c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.

El Tribunal también liberó a la expresidenta de su obligación de presentarse antes del miércoles ante Comodoro Py, al tiempo que encomendó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal "que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión y eleve a la justicia los resultados de la supervisión cada tres (3) meses". 

Además, ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la "colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en el domicilio indicado".

Los fiscales, en contra de la domiciliaria

En la mañana de este martes, antes de la definición de Gorini, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los mismos que intervinieron en el juicio oral por la causa Vialidad y que querían que CFK fuera condenada a 12 años en lugar de 6, se pronunciaron en contra de la prisión domiciliaria.

Como se anticipaba, argumentaron que el arresto en domicilio es una excepción y que no cabe en el caso de la expresidenta, de quien dijeron que no padece ningún problema de salud que justifique concederle ese beneficio y que tampoco hay razones de seguridad que lo ameriten.

Luciani y Mola ya se habían opuesto a conceder la prisión domiciliaria con el solo argumento de la edad al extitular de Vialidad, Nelson Periotti, que cumplirá 80 años el 3 de julio y cuyo estado de salud es delicado. Los fiscales sostuvieron que volverán a opinar sobre Periotti cuando vean los informes médicos, algo que se va a demorar porque los forenses tienen turnos recién a fin de mes.

Pedido de domiciliaria
 
El pedido de prisión domiciliaria que presentaron los abogados de Cristina Kirchner estuvo basado en diversos argumentos, entre los cuales la edad (tiene 72 años), es apenas uno. Por empezar, la exmandataria tiene una custodia permanente de la Policía Federal, que el Estado está obligado a proporcionar a quienes ocuparon la presidencia de la Nación. Se considera, entre otras cuestiones, que han manejado decisiones sensibles, de seguridad e incluso de soberanía, y que guardan secretos de Estado.

El abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, recordó además que sufrió un intento de magnicidio durante la recta final del juicio Vialidad. "Lo expuesto no constituye ningún privilegio de carácter personal, y mucho menos en el caso de nuestra defendida, quien fue víctima de un intento de magnicidio cuyos autores intelectuales hasta podrían tener algún tipo de relación con las máximas autoridades políticas a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación", señaló en el escrito. Quien fue mano derecha de la ministra Patricia Bullrich, el diputado Gerardo Milman, está imputado por la presunta autoría intelectual del hecho.

El punto es que CFK no puede prescindir de la custodia y dado que requiere seguridad, suponiendo que estuviera en un penal, debería estar en una situación de aislamiento, que es considerada por el derecho internacional con rango constitucional, cruel, inhumano y degradante. 

Las negociaciones del Gobierno para desarmar la marcha
 
Según informaron los periodistas de Página/12 Raúl Kollmann e Irina Hauser, en las últimas horas el Gobierno de Javier Milei intentó por distintos medios enviar un mensaje a la justicia para que apruebe el pedido de prisión domiciliaria de la expresidenta, con la intención de desarmar la movilización de este miércoles en la que estaba previsto que los seguidores de CFK la acompañen a Comodoro Py.

Para la administración libertaria, la imagen de la multitud en los diarios, los noticieros y los medios del mundo entero sería un durísimo impacto. La sola idea de que se concrete ya es una pesadilla, ya que les resultará muy difícil explicar cómo es que esa multitud descree del Poder Judicial y respalda a una expresidenta condenada. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue explícito al respecto: “sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por zoom”, dijo este domingo en declaraciones televisivas.  Pero, además, la versión es que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, habría negociado con los jueces del Tribunal Oral número 2 (TOF 2) para que aprueben la prisión domiciliaria a CFK este martes, con la esperanza de que se desarme la marcha del miércoles.  

Tras la decisión de Jorge Gorini de autorizar la domiciliaria, ahora habrá que esperar a ver qué deciden los organizadores de la marcha sobre la convocatoria. 

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