NeuquenNews
En Neuquén, los próximos meses podrían traer consigo aprobaciones significativas de cesiones petroleras con implicaciones ambientales. Conforme a los últimos decretos (372/2025 y 380/2025), el gobierno está avanzando en permisos para aumentar la explotación.
Sin embargo, el impacto de estos movimientos debe ser estudiado a fondo, especialmente en términos de los pasivos ambientales a cargo de las empresas responsables. Este artículo examina las consecuencias de estas decisiones, analizando los decretos y sus implicaciones para la gestión de recursos en la región.
Neuquén autoriza la transferencia de ocho bloques maduros con pasivos ambientales y sólo exige US$ 1,62 millones de garantía.
La Provincia selló los decretos 372 y 380/2025 que permiten a YPF desprenderse de áreas con más de 1.200 pozos, un millar de kilómetros de ductos y pasivos sin remediar. Bentia Energy e Ingeniería Sima asumen la operación, pero la cobertura ambiental alcanza apenas cuatro años.
Un trámite que demoró 14 meses
Después de un año y dos meses de expedientes cruzados, el Gobierno de Neuquén aprobó la cesión de ocho concesiones de explotación desde YPF hacia las firmas Bentia Energy e Ingeniería Sima, dentro del llamado “Proyecto Andes”. Las autorizaciones quedaron plasmadas en los decretos 372/2025 y 380/2025 firmados por el gobernador Rolando Figueroa durante la primera mitad de abril.
*Datos de la Dirección de Exploración y Explotación incluidos en los decretos.
Entre los bloques figuran Octógono y Al Norte de la Dorsal, enclavados parcialmente dentro del ejido de Plaza Huincul, y Volcán Auca Mahuida, que se solapa con el Área Natural Protegida homónima. Esta coexistencia vuelve a tensionar la compatibilidad entre conservación y producción hidrocarburífera intensiva.
Garantías ambientales: la cifra mínima
Para avalar la operación el Ejecutivo impuso la constitución de garantías por US$ 1,62 millones:
Los fondos -en depósito por cuatro años- deberán cubrir riesgos asociados a abandonos de pozos, ductos inactivos, plantas fuera de servicio y cualquier contingencia ambiental. El plazo y el monto resultan acotados si se los compara con la edad de las instalaciones (algunas superan los 50 años) y el inventario de pasivos: 67 pozos inactivos, 111 a abandonar y 487 ya abandonados, de acuerdo con los propios decretos.
Responsabilidad solidaria y alcance estatal
La Secretaría de Ambiente advirtió que cualquier acuerdo privado sobre reparto de responsabilidades no será oponible al Estado; invocó el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley 24.051 de residuos peligrosos y la Ley 25.675 de Política Ambiental.
En Octógono, donde el municipio planifica un desarrollo urbano sobre 82 hectáreas, se obligó a remover líneas, tanques y pozos en desuso; YPF quedó solidariamente responsable si Bentia no cumple.
Dudas sobre la capacidad operativa
Bentia Energy, de perfil bajo y sin experiencia pública en remediaciones complejas, deberá demostrar solvencia técnica y financiera para:
Un test para la política energética provincial
La cesión revela la debilidad preventiva del Estado neuquino: recién al final del proceso impuso garantías básicas y siguió sin exigir una evaluación de impacto acumulativo ni instancias de participación pública. A partir de ahora, la eficacia de los controles y la transparencia de los planes de remediación serán la barrera que separe la continuidad productiva de un deterioro ambiental silencioso.
Claves a seguir
La lupa queda ahora sobre Bentia Energy, YPF y los organismos de control: la reputación de la cuenca y la confianza pública dependen de que esta transición no agrave la herencia de pasivos que deja medio siglo de explotación.
