Jubilaciones de privilegio en la Argentina: quiénes las cobran, cuánto reciben y qué implican para el Estado

¿Qué son las jubilaciones de privilegio?. El término “jubilación de privilegio” no tiene existencia legal. Así lo afirma Rafael Rofman, especialista en temas previsionales e investigador del CIPPEC, quien prefiere referirse al conjunto de regímenes como "diferenciales" o "especiales", según su naturaleza. Los primeros están diseñados para proteger a trabajadores que desempeñan tareas insalubres o de alto riesgo (como mineros o personal de salud).

Los segundos, en cambio, se justifican por razones de mérito, y aquí es donde se inscriben los beneficios para funcionarios públicos de alto rango, como jueces, diplomáticos, investigadores, docentes universitarios, presidentes y vicepresidentes.

Uno de los más discutidos es el que rige por la Ley 24.018, sancionada en 1991 y parcialmente vetada por Eduardo Duhalde en 2002. Esta norma establece que los ex presidentes perciben una asignación mensual vitalicia equivalente al sueldo de un juez de la Corte Suprema. Los ex vicepresidentes, en tanto, acceden al 75% de ese monto. Además, viudas, hijos menores o con discapacidad pueden heredar el 75% del haber correspondiente.

Datos actualizados a marzo de 2025

Según datos relevados del Boletín de Estadísticas de la Seguridad Social y un pedido de acceso a la información pública realizado por el Centro de Datos de Chequeado, en marzo de 2025:

300.800 personas cobran beneficios bajo alguno de los siete regímenes especiales vigentes, lo que representa el 4,2% del total de más de 7 millones de prestaciones pagadas por la ANSES.

En términos presupuestarios, estos regímenes implicaron un gasto de más de $370 mil millones mensuales, equivalente al 12,7% del total de recursos destinados a jubilaciones y pensiones.

En el caso específico de los ex presidentes y vicepresidentes, el Estado pagó en diciembre de 2024 11 asignaciones vitalicias, por un total de $126,7 millones netos, equivalentes a 385 jubilaciones mínimas con bono (que ascendían a $329.600). 

Quiénes perciben estos beneficios

Entre los beneficiarios actuales se encuentran:

Bety Nelly Andrés (viuda de Roberto Levingston. Expresidente de la dictadura militar. Mandato: 18 de junio de 1970 al 22 de marzo de 1971). 10 meses en el cargo.

Casos suspendidos o revocados:

Cristina Fernández de Kirchner (expresidenta, 2007-2015): 

Hasta noviembre de 2024, cobraba dos asignaciones: una como expresidenta y otra como viuda de Néstor Kirchner. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2024, la ANSES suspendió ambos beneficios debido a su condena en la causa Vialidad. Salvo que una resolución judicial la restituya, no estaría cobrando en febrero de 2025.

Amado Boudou (exvicepresidente, 2011-2015): 

Cobraba su pensión ($3.47 millones netos en febrero de 2024), pero el 19 de noviembre de 2024, la ANSES la revocó por su condena en la causa Ciccone. Si no hay cambios legales, no estaría en la nómina en febrero de 2025.

Brecha creciente y debate político

Uno de los puntos más críticos del sistema es la disparidad en la evolución de los haberes. Entre mayo y diciembre de 2024, las jubilaciones de privilegio aumentaron un 104% real, mientras que las jubilaciones mínimas —incluyendo bonos— lo hicieron en apenas un 29%. La asimetría entre estos ingresos genera controversia y pedidos de revisión. Esto se da básicamente por el derrumbe del poder adquisitivo de lo que cobra la gente común por las jubilaciones y pensiones y la reticencia e insensibilidad de ejecutivo nacional y el congreso a actualizar los valores de las asignaciones para que recuperen algo de todo lo perdido por la inflación. 

Las jubilaciones especiales para ex presidentes y vicepresidentes representan una fracción mínima del total de beneficios previsionales, pero su peso simbólico y político es enorme. En un país con 7 millones de jubilados, la existencia de asignaciones millonarias amparadas en regímenes de mérito invita a una revisión profunda del sistema previsional, no solo por razones fiscales, sino también éticas.

El desafío no es sólo económico. Es institucional, político y moral. Y en la Argentina de 2025, la discusión está más vigente que nunca.