La jueza del Distrito Sur de Nueva York dictaminó la absoluta legalidad del proceso de negociación y cierre del default del 2001 iniciado en diciembre de 2015 y terminado en abril de 2016.
INTERNACIONALES05/04/2021
El “juicio del siglo” terminó, legalmente, el miércoles pasado. El 31 de marzo de 2021 Loretta Preska falló a favor de la Argentina, rechazando definitivamente el reclamo de un grupo de bonistas que no ingresaron a los canjes de 2006 y 2010 para intentar cobrar el 100% de la deuda más intereses resarcitorios.
Por Carlos Burgueñ[email protected] - La jueza del Distrito Sur de Nueva York dictaminó la absoluta legalidad del proceso de negociación y cierre del default del 2001 iniciado en diciembre de 2015 y terminado en abril de 2016; con lo que cualquier bonista que no haya aceptado la oferta argentina para liquidar la deuda, sólo puede reclamar la propuesta que en su momento aceptó como válida su antecesor, Thomas Griesa.
Preska había heredado la causa cuando su antecesor, que había fallado a favor de los fondos buitre en el “juicio del siglo”, dictaminó que los reclamos de los que habían quedado afuera merecían un tratamiento individual por fuera del canje que organizó el entonces ministro de Economía Alfonso Prat Gay. Luego de la jubilación de Griesa, Preska habilitó el caso en diciembre de 2018 y se tomó más de dos años para definir la causa.
Ahora, con el fallo a favor de Argentina, y por primera vez desde que comenzó la causa, un juez de Nueva York da por cerrado el proceso. A los demandantes sólo les resta apelar ante la segunda instancia y eventualmente a la Corte Suprema, pero es muy difícil que en los tribunales de alzada de los EE.UU. la historia cambie.
El acuerdo de abril del 16 alcanzó al 98% de los deudores, con lo que desde Buenos Aires se lo dio por terminado. Sin embargo, existía un largo listado de pequeños bonistas (muchos de ellos jubilados o sus herederos en el caso que los primeros tenedores de los bonos caídos en default hayan fallecido) que no aceptaron la oferta argentina por dos motivos. El primero es porque la consideraron siempre insuficiente y siguen reclamando el 100% más los intereses que estipuló en algún momento Griesa.
Había otro grupo de disconformes que, en gran parte, incluye a los primeros reclamantes. Se trata de bonistas individuales o fondos que agrupan a personas (la mayoría argentinos), que están también disconformes porque deben hacerse cargo de los honorarios de los abogados litigantes, dinero que se le descuenta de las eventuales liquidaciones que recibirían en el caso de terminar aceptando la oferta argentina.
Según el razonamiento que hacen estos bonistas, la oferta del Gobierno de Mauricio Macri propuso un cobro de u$s1,5 por cada dólar de los bonos caídos en default, pero descontando lo que se le debe pagar a los abogados representantes le quedarían finalmente unos 0,8 dólares. Mencionan los bonistas en protesta que los 1,5 dólares es lo que cobraron Elliott de Paul Singer, Kenneth Dart. Olifant, Aurelius y el resto de los fondos buitre que representaban el 80% de la deuda en el juicio; y cuyos abogados cobraron cifras megamillonarias, pero que su superaban el 0,2% del total adeudado.
La aceptación por parte de la Argentina de liquidarles a los abogados de los principales acreedores unos u$s150 millones en concepto de honorarios de abogados (le correspondía por haber perdido el juicio), más el plus que los propios fondos les pagaron a los profesionales por su tarea más allá de lo determinado en su momento por Griesa (se supone que superaron los u$s400 millones) no corre para los pequeños demandantes.
Estos, al no aceptar la oferta inicial del 2016 y continuar litigando, perdieron el derecho de la liquidación de honorarios de sus abogados por parte de la Argentina según determinó en su momento Griesa; tendrían que hacerse cargo ellos mismos de estos costos.
El fallo de Preska de la semana pasada alcanza ambos reclamos. Según la jueza, los demandantes Euclides Bartolomé Bugliotti, María Cristina de Biasi y Roxana Inés Rojas (evidentemente se trata de todos argentinos que apostaron al litigio) ya no tienen el derecho de seguir pidiendo otra oferta.
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