José Gerez sostuvo que el cobro del tributo no vulnera la Constitución Provincial y defendió la autonomía municipal para recaudar fondos. La tasa vial, creada en 2024, es cuestionada por sectores comerciales y turísticos de la ciudad, mientras el intendente Saloniti la considera clave para sostener el transporte público. El Tribunal Superior de Justicia deberá definir su validez.
REGIONALES20/02/2025
NeuquenNews
El fiscal general de Neuquén, José Gerez, propuso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazar la acción de inconstitucionalidad presentada contra la "tasa vial" implementada por la municipalidad de San Martín de los Andes. Esta tasa, establecida en febrero de 2024 mediante la Ordenanza 14.591, busca financiar mejoras en la infraestructura vial y el transporte público local.
La medida ha sido objeto de controversia desde su implementación. Diversas asociaciones locales, incluyendo la Asociación Hotelera Gastronómica, la Cámara Inmobiliaria, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, presentaron una acción declarativa de inconstitucionalidad, argumentando que la tasa podría ser contraria a la Constitución Provincial.
En su dictamen, Gerez sostuvo que la tasa no presenta incompatibilidades constitucionales que justifiquen su invalidación. Destacó la importancia de la autonomía económica y financiera de los municipios para garantizar su subsistencia y capacidad de atender las demandas locales. Además, subrayó que la tasa está justificada por el interés público en mantener y mejorar el transporte urbano, especialmente ante la reducción de subsidios nacionales.
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, ha defendido la implementación de la tasa vial, señalando que los fondos recaudados se destinan íntegramente al sostenimiento del transporte público. Según declaraciones anteriores, la recaudación de la tasa en mayo de 2024 ascendió a 74 millones de pesos, lo que ha sido crucial para mantener el servicio de colectivos en la ciudad. Saloniti enfatizó que, aunque la medida ha enfrentado críticas, muchos residentes reconocen su valor social y la necesidad de garantizar un transporte público accesible para todos.
La resolución final sobre la constitucionalidad de la tasa vial ahora está en manos del TSJ, que deberá considerar tanto el dictamen del fiscal general como los argumentos presentados por las asociaciones locales. Mientras tanto, la comunidad de San Martín de los Andes sigue atenta al desenlace de este proceso, consciente de la importancia de la decisión para el futuro de la infraestructura vial y el transporte público en la región.
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