Denuncian que el gobierno de Macri espió a Maradona, Moyano y Frigerio. Desde el macrismo le echan la culpa a Cristina.
NACIONALES09/03/2021
Migraciones denunció ante la Justicia que detectó el "seguimiento ilegal" de 58 mil personas durante en el gobierno de Mauricio Macri entre las que se encuentra incluso el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a cargo de esa dirección nacional.
Según anticipó el sitio Doble Amarilla, la directora actual de Migraciones, Florencia Carignano, desarticuló un mecanismo diseñado por la gestión anterior para efectuar seguimientos, tareas de inteligencia ilegales y hostigamientos migratorios sobre los ciudadanos.
Entre esos ciudadanos, además de Frigerio, estuvieron Diego Maradona, Hugo Moyano y Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi.
Uno de los casos que causó polémica en la política fue el del ex intendente de Concordia por el Frente de Todos, Enrique Cresto, quien en el 2019 buscaba la reelección y padeció la publicación de sus viajes al exterior entre 2016 y 2019, filtrados por Migraciones a los medios.
Fuentes del macrismo aseguraron que "la normativa por la que con total claridad y criterio se otorgaban claves para acceder a registros de movimientos migratorios, era una Disposición de la Migraciones dictada en el año 2010, durante la gestión de Cristina Kirchner, "que no fue modificada".
"Esa norma establecía que las personas que utilizarían esos accesos (pertenecientes a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, Ministerio Público Federal y Provinciales, Poder Judicial Federal, Nacional y Provinciales, Servicio Penitenciario Federal y Provinciales, AFIP, Aduana, entre otros y no sólo a la Policía de CABA como se quiere dar la impresión en el comunicado), debían ser acreditadas por los superiores jerárquicos de cada repartición y que cada una sería personal e intransferible, otorgadas a agentes públicos identificados con su nombre, DNI y clave personal, siendo cada uno de ellos responsable por búsquedas o suministro indebido de tales datos", indicaron las fuentes del gobierno anterior.
La denuncia penal establece que "para el espionaje se utilizaba un sistema de alertas migratorios que únicamente pueden ingresarse a requerimiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, o autoridad administrativa competente, en el marco de sus investigaciones, o en ejercicio de sus competencias debidamente justificadas ; y a requerimiento de parte legitimada, en el marco de acuerdos internacionales de cooperación, adecuados a la legislación vigente".
Sin embargo, tras realizar un relevamiento del registro histórico del sistema, surge que se habrían cargado “alertas” en el módulo “SICaM HALCON” relativas a diferentes personalidades del ámbito artístico, periodístico, político y gremial, que podrían haber implicado una desviación del fin público perseguido por la normativa habilitante sin motivo que lo justifique.
Es decir, diversas cargas históricas efectuadas no contarían con respaldo judicial o administrativo alguno, en tanto otras no se correspondían a una instrucción específica por parte de la autoridad administrativa o judicial interviniente.
Concretamente, surgieron 58.169 registros dados de baja en distintos períodos entre los cuales se detectaron los casos señalados en el párrafo anterior.
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