Con despidos masivos, el Gobierno avanza en el desguace del Hospital Posadas dejando en la calle a 88 trabajadores

La motosierra del presidente Javier Milei arremetió con despidos masivos en el Hospital Nacional Alejandro Posadas, donde echó a 88 trabajadores, la mayoría de ellos médicos y profesionales con antigüedades que oscilan entre los 5 y más de 20 años en la institución. Los despidos afectarán a áreas sensibles como Fisiatría, Emergencias, Neumonología, Clínica Médica, Kinesiología, Enfermería, Biología Molecular aplicada al tratamiento de cáncer, Radiología y Hemoterapia, que dejan al borde del desmantelamiento al hospital de referencia para toda la zona oeste y norte del conurbano bonaerense con millones de habitantes y miles de pacientes que allí se atienden diariamente provenientes de todo el país.

Sus trabajadores decidieron ayer en asamblea un paro de 24 horas y movilización para este jueves, y otro de 48 horas la semana próxima, que irán extendiéndose, si no se abre un canal de negociación con el Ministerio de Salud para retrotraer los despidos.

Como un adelanto, el ministro de Salud, Mario Russo, descontó de manera “arbitraria” parte del sueldo a decenas de trabajadores –que en algunos casos llegaron al 50 por ciento de su salario— a pesar de haber cumplido con todas sus obligaciones y horarios y la semana pasada despidió a 4 trabajadores del Posadas a quienes no se les renovaron los contratos anuales. Pero ayer lunes, se sumaron 88 despidos con la misma modalidad, la mayoría profesionales y técnicos. Entre ellos, la única bióloga molecular hemato-oncológica y una médica patóloga con muchísimos años de profesión y trabajo en el Posadas.

“Nosotros tenemos un problema gravísimo que es la precarización laboral, que en todos los estamentos del Estado Nacional se ve pero que en salud y en el hospital está muy exacerbado. Tenemos más del 85 por ciento del personal que está precarizado (con contratos que se renuevan anualmente) y un 15 por ciento que es el de mayor antigüedad y que está por jubilarse, salvo un concurso acotado para médicos jóvenes que se abrió en 2015, están efectivos. La mayoría de despedidos son contratados con muchos años”, describió a PáginaI12 Edgardo Zacarías, secretario gremial de la CICOP, el gremio que aglutina a los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires.

Zacarías también dio ejemplos de cómo los despidos desmantelan áreas completa de atención. “Las dos kinesiólogas de la guardia de los miércoles de terapia intensiva, infantil y de adultos, fueron despedidas. Que además son quienes estuvieron en primera línea durante la pandemia. Una de ellas tiene 28 años y otra 17 años de hospital, contratadas”, sostuvo y agregó: “También despidieron a las dos jefas de área de trabajo social en pediatría, están desmantelando trabajo social porque echan a las dos coordinadoras, una con 15 años de antigüedad y la otra tiene 20 años. La guardia de los miércoles queda con un solo médico para toda la guardia”.

Tras los despidos, los trabajadores del Posadas decidieron las medidas de fuerza en una masiva asamblea, recibieron la solidaridad de los profesionales de la salud de los hospitales de las comunas vecinas, al tiempo que acordaron una reunión en la Cámara de Diputados e la provincia, mientras gestionan otra con la gobernación bonaerense y lanzaron una recolección de firmas a nivel nacional en defensa de la salud pública.

Aunque su principal preocupación pasa por no tener interlocutores a nivel nacional ni en el hospital, que también atiende PAMI. El director general del Posadas, Pablo Bertoldi Hepburn, nombrado por resolución 270/24 del gobierno de Milei, fue convocado por el ministro Mario Russo, para ser su segundo en la cartera de Salud. El otorrinolaringólogo Bertoldi Hepburn ya ocupó la dirección del Posadas durante la gestión macrista, a donde llegó recomendado por la entonces número dos de la AFI, Silvia Majdalani. Fue allí donde desató también una ola de despidos en 2017 y 2018 a los trabajadores del hospital, que denunciaron persecución y que estaban siendo espiados por los agentes de la AFI.

“El ataque a la salud pública es una ataque a la vida de la población. Mientras no quieren garantizarle la comida a los niños y la dejan pudrir en depósito, intentan cerrar hospitales, es brutal. No podemos hacer menos que hacer una enorme causa de esto en defensa de la salud”, dijo a PáginaI12 Laura Bogado, médica del Posadas y miembros de la comisión directiva de la Cicop.

“Es un ser del abismo que te manda una notificación de que toda vista trabajaste en un lugar, atendiendo y dando un servicio y ahora de repente no lo vas a hacer mas. Todos es un nivel del maltrato muy insoportable”, insistió Bogado y agregó: “Fue muy dirigido a un sector muy particular, los profesionales de mucho prestigio que no espera que le pasen este tipo de cosas y puede conseguir trabajo en otro lado. El objetivo es desmembrar equipos que son vitales para el funcionamiento y obligarlos a emigrar al sector privado, que tampoco está bien pero no le van a pasar cosas tan violentas”.

Para los trabajadores de la salud, uno de los objetivos del Gobierno es avanzar con el sistema de voucher que experimenta el municipio bonaerense de San Nicolás el intendente macrista Santiago Passaglia, cuyo lanzamiento estuvo respaldado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro Russo.

“Vemos que vamos a un desmantelamiento del hospital porque el proceso es transferir los que están implementando en San Nicolás, que es muy perverso. Los ‘voucher’ le dan un servicio de prestaciones médicas básicas que lo cobrarían los privados con el dinero del Estado. Mientras todo lo que sea complejidad sigue estando a cargo del Estado Nacional, provincial y municipal. Te golpeas la cabeza, la consulta médica la cobra el privado y la tomografía sigue a cargo del Estado: es un negociado redondo toso lo que cuenta poca plata el privado lo cobra y lo que cuesta mucha plata, arreglate”, sentenció Zacarías ante este diario.