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La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados convocó a una reunión para este martes 28 a las 10 y así retomar el debate sobre la reducción de la jornada laboral en rigor de modificar la Ley 11.544, la cual está vigente desde 1929. También se completará la designación de una Secretaría, que está reservada para el Pro.
Este debate será retomado tras casi siete meses desde el último encuentro en octubre del año pasado, pues el tema quedó en el aire ya que posterior y seguidamente estuvieron las elecciones generales, el balotaje y el recambio en las autoridades del Cuerpo. Asimismo, este tema no fue incluido en la reforma laboral comprendida dentro de la ley de Bases que obtuvo media sanción de la Cámara baja el pasado 30 de abril.
Este debate ya tuvo dos reuniones cuando la titular de la comisión era Vanesa Siley. En la primera, expusieron organizaciones de empresarios, quienes se opusieron rotundamente a la reducción de la jornada laboral. En contraposición, la segunda reunión tuvo como invitados a referentes gremiales quienes avalaron la propuesta.
El actual presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el radical Martín Tetaz, se había mostrado a favor de la cuestión, pero propuso, en aquellas ocasiones, que “sería bueno crear condiciones para que las empresas exploren modos alternativos o que puedan elegir cumplir 10 horas en 4 días porque el mercado de trabajo no es homogéneo”. Esto se ve reflejado en el proyecto que finalmente impulsó.
Con relación a la propuesta de la reducción de la jornada de trabajo y otras modificaciones al régimen laboral, en el temario de la reunión hay once proyectos impulsados por: siete de Unión por la Patria (en ese entonces Frente de Todos); uno del Frente de Izquierda, de Nicolás Del Caño; uno presentado por el exdiputado socialista Enrique Estévez; y dos de la Unión Cívica Radical.
El detalle de cada proyecto
Dentro de los textos impulsados por UP, está el del diputado nacional Hugo Yasky -secretario general de la CTA-, el cual establece que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.
En el mismo sentido, el diputado nacional Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana. Los proyectos de Eduardo Valdés (UP – CABA), Del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el Socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.
A su vez, es parte del temario el proyecto de Vanesa Siley que establece el derecho a la “desconexión digital” referido a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada laboral a través de dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.
Del mismo modo, será tratado un proyecto de Palazzo para modificar el artículo 19 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 que implementa indemnizaciones en los casos de despidos cuando no se cumple el plazo de preaviso. Esto ya fue aprobado por Diputados en 2014, pero no fue tratado en el Senado y perdió estado parlamentario.
Por su parte, desde la UCR impulsaron uno de Tetaz y otro de Julio Cobos. La iniciativa presentada por el economista ya había sido tratada por esta comisión en los períodos 2015 y 2023, pero finalmente nunca tuvo despacho. Este nuevo texto unifica ambos proyectos.
Así las cosas, el proyecto presentado por el titular de la comisión propone la creación del régimen optativo “Jornada Laboral Alternativa” que permite que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada actividad. Establece, además, que sea experimentado a modo de prueba durante el plazo de 3 a 6 meses.
Mientras que el del mendocino impone la efectivización de las propinas a través de pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico. Del mismo modo, le exige al BCRA generar las normas para la rápida implementación a efectos de que cada cliente pueda incluir las propinas en el pago del servicio prestado o el producto vendido.
