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Las irregularidades en la entrega de planes sociales son investigadas por el fiscal Federal Guillermo Marijuan y por la Fiscalía de Estado. La Justicia Federal tiene bajo su órbita la gestión local de los planes sociales que pagaba el gobierno nacional, mientras los que financiaba la Provincia están bajo la lupa del organismo local.
El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, informó que está en plena marcha el mecanismo diseñado por el gobernador Rolando Figueroa para eliminar a los estafadores de las listas de beneficiarios de planes sociales. La administración que tomó el mando del gobierno el 10 de diciembre no tardó en poner en marcha un censo de beneficiarios, con el cual limpiará el padrón general de los asistidos para dejar de pagarles a quienes no se encuadran en los términos de los planes vigentes.
Lucas Castelli informó que la provincia está aportando información para el avance de las dos líneas de investigación del presunto defalco a las arcas provincial y nacional, a la vez que hay un operativo en marcha para intentar que los estafadores devuelvan la plata que cobraron de mala fe. Reveló que hasta ex intendentes cobraron planes de forma irregular. El gobierno quiere que, además de enfrentarse con la Justicia, devuelvan lo que se llevaron por fuera de la ley.
"Hemos enviado las cartas documento solicitando la devolución del dinero", aseguró el ministro de Trabajo de la Provincia.
Agregó que el gobierno provincial le pasó al fiscal federal Marijuan el listado de todos los empleados públicos provinciales para que pueda hacer el cruce de información con las nóminas de beneficiarios de planes a los fines de esclarecer si hubo trabajadores registrados en el estado que cobraron un plan social al mismo tiempo. La última palabra en materia penal la tendrá la Justicia, pero en sede administrativa ya se corroboró que hubo planes direccionados a empleados públicos y funcionarios.
Castelli dijo que el fiscal federal "ha estudiado bien la irregularidad" del cobro de estos empleados.
Aseguró que por ahora "la totalidad de los empleados públicos está bajo sospecha". El ministro explicó que hay empleados públicos que cobraron durante más de un año un plan social mientras que algunos beneficiarios los menos dijo fueron contratados para alguna función en el estado cuando ya cobraban el plan social.
En el relevamiento de los beneficiarios que implementó el gobierno de Figueroa se ausentó más de la mitad de quienes cobraron en diciembre un plan por lo que se supone que ese cobro fue irregular ya que de haber tenido la situación de necesidad que requieren los planes la hubiesen planteado para no dejar de cobrar.
