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Aunque arrojó residuos peligrosos a un canal de riego en Centenario y fue imputado por contaminación dolosa, un empresario evitará el juicio penal si cumple con tareas de remediación. La liviandad de la pena reaviva el debate sobre la impunidad ambiental, el doble estándar judicial y la fragilidad del sistema para castigar delitos ecológicos que afectan a toda la comunidad.

Una reforma impulsada por sectores políticos y corporativos pretende habilitar la minería y la explotación de hidrocarburos en áreas glaciares y periglaciares, protegidas hasta hoy por ley. El impacto ambiental sería profundo y posiblemente irreversible, afectando el agua dulce, la biodiversidad, la estabilidad climática y el derecho de las futuras generaciones.

La electropolución, o contaminación electromagnética, es la exposición continua a los campos electromagnéticos que provienen principalmente de dos fuentes: las líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas y circuitos eléctricos y, por otro lado, de las antenas de telefonía móvil, los propios móviles, sistemas de telecomunicación WiFi y Wimax y, en general, de todo tipo de comunicaciones inalámbricas

El desembarco de Mekorot en Neuquén, bajo la fachada de un plan maestro hídrico, pone en riesgo la soberanía provincial sobre el agua y abre la puerta a la injerencia de una empresa estatal israelí denunciada por prácticas de apartheid hídrico en Palestina. El acuerdo, firmado con total opacidad, entrega datos estratégicos y control sobre el recurso más vital de la provincia a intereses extranjeros, en un contexto de crisis climática y avance extractivista.

El Gobierno anunció un cambio legal que permite avanzar con proyectos mineros e hidrocarburíferos en zonas protegidas por la ley de Glaciares. A través de un decreto, se modifican aspectos clave de la Ley 26.639, que establece los "presupuestos mínimos" para la conservación de glaciares y del ambiente periglaciar.

En una extensa entrevista con el periodista Matías Césari en su programa "Enfocados", el vocero mapuche Gabriel Cherqui cuestionó el decreto del gobernador Rolando Figueroa que adjudicó nuevas áreas hidrocarburíferas a YPF sin consulta previa, denuncia la “violación sistemática” de los derechos indígenas y advierte sobre posibles medidas de resguardo territorial.