El fiscal general José Gerez y el intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, firmaron un convenio mediante el cual acordaron que el Ministerio Público Fiscal brindará colaboración para la implementación de los juicios por jurados en el ámbito municipal de esa ciudad.

El convenio se firmó hoy por la mañana, en la sede de la fiscalía en el edificio de calles Leloir y Entre Ríos, y además de Gerez y Bertoya, participaron del acto Andres Harfuch, vicepresidente Asociación Argentina de Juicio por Jurados, y Aldana Romano, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), y la viceintendenta de San Patricio del Chañar, Silvana Cerda. Por el Ministerio Público Fiscal participó además la responsable de la oficina de Políticas Públicas y Sistema Acusatorio del organismo, Carla Pandolfi, y por el municipio también estuvo el abogado y asesor Juan Pablo Prezzolli.

A partir del acuerdo que suscribieron, el Ministerio Público Fiscal asesorará al municipio de San Patricio del Chañar en la puesta en marcha el instituto previsto en la Carta Orgánica de la ciudad y que, con la participación ciudadana, tiene como objetivo juzgar y sancionar determinadas infracciones previstas en el Código de Faltas, ordenanzas, resoluciones y normas cuya aplicación corresponda al Municipio. Una vez concretada la iniciativa, convertía a San Patricio del Chañar en el primer municipio del país en avanzar en la implementación de los juicios por jurados en el ámbito de faltas, según indicaron desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados e Inecip.

Por un periodo de dos años, el convenio compromete la colaboración para la producción de la normativa necesaria a fin de reglamentar el funcionamiento del nuevo instituto, capacitaciones y la proyección del proceso de convocatoria y difusión.

El jurado municipal de faltas está previsto en los artículos 105 y 106 del Código de Faltas de San Patricio del Chañar, donde se establece que una vez cada dos meses se debe convocar a siete ciudadanos para, junto al juez municipal, resuelvan y sancionen las infracciones a las normativas de aplicación local.