
Freno al vandalismo electoral en Zapala: proponen multas de casi $14 millones por cartelería y pintadas no autorizadas
NeuquenNewsDe cara al calendario electoral del próximo año, el municipio de Zapala busca poner orden en la vía pública y proteger el patrimonio urbano. El intendente Carlos Koopmann impulsará una reforma integral a la normativa vigente que prevé sanciones económicas de hasta 700 unidades VACOZA (lo que equivale hoy a casi 14 millones de pesos) para agrupaciones y candidatos que realicen propaganda en lugares no habilitados.
Actualmente, el tope de las contravenciones se sitúa en 200 módulos. Con la actualización del valor del módulo a $19.078,98, la iniciativa multiplica por 3,5 la sanción máxima para quienes incumplan la norma.
"Los partidos políticos y quienes tengan la responsabilidad de ser candidatos, deben entender que no pueden ensuciar la ciudad con sus campañas ni hacer lo que se les ocurra, a la ciudad hay que cuidarla", sentenció Koopmann al fundamentar la presentación del proyecto.
Espacios prohibidos y plazos de campaña
La propuesta oficial moderniza una ordenanza redactada en 1999 y busca compatibilizar las actividades proselitistas con el cuidado del medio ambiente y la convivencia ciudadana.
Entre las disposiciones principales se establece:
Ventana temporal: La publicidad en la vía pública solo podrá desplegarse durante los 45 días previos a la contienda electoral, y deberá ser removida en un plazo máximo de 15 días posteriores a los comicios.
Prohibición absoluta: Queda vedado pegar, pintar o colocar cartelería en monumentos, patrimonio histórico, edificios públicos, paradas de colectivo, señales de tránsito, semáforos, árboles, plazas, luminarias y postes de servicios.
Inmuebles privados: Para el caso de pintadas en paredes o muros particulares sin permiso previo del dueño, las multas alcanzarán hasta 300 VACOZA, dándose un plazo de 72 horas para reacondicionar el inmueble.
Responsabilidad financiera y costos de limpieza
El proyecto atribuye la responsabilidad legal y económica de los daños directamente a las agrupaciones políticas, los candidatos y los jefes de campaña.
En caso de que las fuerzas políticas no retiren el material proselitista dentro de los plazos estipulados o vulneren inmuebles privados (previa denuncia del titular), el municipio quedará facultado para ejecutar los trabajos de limpieza y restauración de manera subsidiaria, transfiriendo posteriormente el cobro de todos los costos operativos a los infractores.


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