Los nuevos profetas del odio: la derecha y el miedo como herramienta de poder

En 1957, Arturo Jauretche publicó una de las críticas más profundas a la manera en que determinados sectores de la dirigencia argentina habían construido una imagen despectiva del pueblo al que pretendían gobernar. Su preocupación no se limitaba a las diferencias ideológicas ni a las disputas entre partidos políticos. Intentaba explicar cómo una sociedad podía incorporar prejuicios contra su propia identidad, aceptar como verdades naturales los intereses de los grupos dominantes y terminar despreciando las expresiones políticas y culturales de amplios sectores populares.

En Los profetas del odio, Jauretche examinó el papel de los intelectuales, las instituciones educativas y los medios de comunicación en la construcción de una interpretación de la realidad que favorecía determinadas relaciones de poder. Comprendió que la dominación económica necesitaba también una estructura cultural capaz de justificarla, y que esa estructura resultaba mucho más eficaz cuando sus ideas eran asumidas por los propios sectores perjudicados.

Casi siete décadas después, la Argentina atraviesa una experiencia política que invita a recuperar aquellas reflexiones. El crecimiento de una derecha radical que ha convertido la confrontación en parte central de su identidad, la utilización del insulto como herramienta de comunicación y la construcción de categorías morales destinadas a separar a los ciudadanos entre buenos y malos presentan similitudes con los procedimientos que Jauretche denunciaba.

Las circunstancias históricas son diferentes y no corresponde establecer equivalencias mecánicas. Pero existe una continuidad que merece atención: la posibilidad de organizar el pensamiento colectivo alrededor del desprecio hacia determinados sectores sociales, utilizando ese enfrentamiento para desplazar discusiones sobre la distribución de la riqueza, el ejercicio del poder y los intereses económicos que condicionan la vida nacional.

Jauretche analizó cómo se fabricaba el desprecio hacia el pueblo. La pregunta que surge frente a la realidad actual es cómo se consigue que ese desprecio circule dentro de la propia sociedad, hasta lograr que ciudadanos con problemas semejantes se reconozcan como enemigos.

De la civilización y barbarie a los argentinos de bien

Uno de los conceptos fundamentales de Jauretche fue el de colonización pedagógica, mediante el cual describía la formación de una conciencia social subordinada a ideas, valores e interpretaciones provenientes de los centros de poder. En sus palabras, "La 'intelligentzia' es el fruto de una colonización pedagógica". No se refería al conocimiento adquirido en el extranjero ni rechazaba la incorporación de avances culturales o científicos. Cuestionaba a quienes trasladaban modelos ajenos sin considerar la realidad argentina y terminaban utilizando esos modelos para justificar su subordinación.

La histórica oposición entre civilización y barbarie constituía, para Jauretche, una herramienta fundamental de ese procedimiento. Permitía presentar los intereses de una minoría como expresión del progreso, mientras identificaba las costumbres, las demandas y las expresiones políticas populares con el atraso. Quienes se atribuían la representación de la civilización también se reservaban el derecho de decidir qué sectores de la sociedad estaban capacitados para gobernar y cuáles debían aceptar una posición subordinada.

Esa operación cultural encuentra una expresión contemporánea en la distinción entre los llamados "argentinos de bien" y un conjunto de adversarios que el discurso libertario identifica con la corrupción, el parasitismo y la decadencia nacional.

Durante La Derecha Fest, celebrada en Córdoba el 22 de julio de 2025, Javier Milei estableció una separación explícita entre los integrantes de lo que denominó el partido del Estado —incluyendo dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios y periodistas a quienes descalificó— y los "argentinos de bien" que acompañaban su proyecto. La división no se limitó a cuestionar comportamientos concretos: atribuyó condiciones morales diferentes a dos conjuntos de ciudadanos definidos por su posición frente al oficialismo.

El discurso resulta particularmente significativo porque la expresión "gente de bien" remite a valores compartidos por la mayoría de la sociedad: la honestidad, el trabajo, el respeto por las normas y la responsabilidad individual. Al asociarlos con una determinada identidad política, esos valores dejan de funcionar como principios comunes y pasan a utilizarse como elementos de diferenciación y confrontación.

El procedimiento es reconocible. Quien adhiere al proyecto oficial queda ubicado dentro de una comunidad moralmente legítima, mientras el adversario puede ser presentado como representante de un sistema corrupto, incluso cuando sus cuestionamientos se refieran a decisiones económicas, derechos sociales o políticas públicas que merecen una discusión específica.

La semejanza con los mecanismos estudiados por Jauretche no reside en que los protagonistas actuales reproduzcan exactamente las ideas de las antiguas élites liberales. Se encuentra en la pretensión de atribuir superioridad moral a un sector y utilizar esa supuesta condición para descalificar las demandas del resto.

Hay, sin embargo, una diferencia importante. Mientras Jauretche describía una cultura dominante que despreciaba al pueblo desde una posición de superioridad social e intelectual, la derecha libertaria construyó buena parte de su identidad denunciando a las élites políticas tradicionales. Su eficacia consistió precisamente en apropiarse del lenguaje de la rebelión contra los privilegios y convertirlo en una explicación general de los problemas argentinos.

La paradoja es evidente: un movimiento que llegó al poder denunciando la arrogancia de la dirigencia política terminó incorporando a su propio discurso una clasificación moral que también establece quiénes representan a la Argentina legítima y quiénes constituyen un obstáculo para su desarrollo.

El malestar social y la manipulación de las creencias

Sería imposible comprender el surgimiento de Milei sin reconocer el profundo deterioro de la relación entre una parte considerable de la sociedad y sus representantes políticos. La inflación, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda, los privilegios de sectores dirigentes y los reiterados hechos de corrupción generaron una frustración que encontraba fundamentos concretos en la experiencia cotidiana de millones de argentinos.

El malestar existía mucho antes de que Milei lo convirtiera en una bandera electoral. La importancia de su irrupción política radica en haber conseguido organizar buena parte de esa indignación alrededor de una interpretación sencilla: los problemas del país eran consecuencia de una dirigencia parasitaria que vivía del esfuerzo de quienes trabajaban y producían.

La denuncia de privilegios políticos resultó eficaz porque conectaba con experiencias conocidas. Pero, con el tiempo, la categoría de "casta" se amplió hasta incluir actores sociales muy diferentes, algunos de los cuales no integran ninguna estructura privilegiada y simplemente defienden intereses o derechos que pueden entrar en conflicto con las decisiones gubernamentales.

Allí aparece un aspecto central de las estrategias de polarización: la apropiación de creencias profundamente arraigadas para orientar la indignación hacia determinados grupos.

El trabajo, el mérito, la honestidad, la seguridad y la familia constituyen referencias fundamentales para millones de personas, independientemente de sus preferencias políticas. Su fuerza reside en que forman parte de la vida cotidiana y de la identidad de quienes las sostienen. Precisamente por eso pueden convertirse en instrumentos particularmente eficaces para construir antagonismos.

El trabajador que siente que su esfuerzo no alcanza para sostener a su familia puede encontrar una explicación inmediata de sus dificultades en la imagen de alguien que recibe asistencia del Estado. Su enojo tiene una base material, pero la interpretación que se le ofrece puede llevarlo a responsabilizar a otra persona que atraviesa una situación de vulnerabilidad, sin examinar las condiciones económicas que afectan a ambos.

Algo semejante ocurre con la inseguridad. El temor a sufrir un delito constituye una preocupación legítima, pero puede ser utilizado para transformar determinadas condiciones sociales en una supuesta amenaza colectiva, desplazando la discusión sobre las políticas de prevención, el funcionamiento policial, la Justicia y las causas que intervienen en la violencia.

La defensa de la libertad individual también puede convertirse en un instrumento de confrontación cuando se presenta a docentes, investigadores, periodistas o instituciones educativas como integrantes de una estructura de adoctrinamiento, sin distinguir entre controversias ideológicas legítimas y prácticas concretas que pudieran justificar semejante acusación.

En estas operaciones, valores que podrían reunir a personas de distintas posiciones terminan utilizados para enfrentarlas. La preocupación por el trabajo se transforma en rechazo hacia quien recibe ayuda; la defensa de la libertad deriva en sospecha contra quien sostiene otras ideas; la indignación frente a la corrupción puede convertirse en condena indiscriminada de quienes participan de la actividad política.

La eficacia de este mecanismo reside en que no necesita inventar los sentimientos de las personas. Le alcanza con intervenir sobre la interpretación de sus problemas y ofrecerles un responsable al que dirigir su frustración.

El resultado puede ser políticamente rentable: el ciudadano encuentra una explicación inmediata para su malestar, una comunidad con la cual identificarse y un adversario cuya derrota aparece como condición necesaria para mejorar su situación. Mientras tanto, las discusiones sobre salarios, concentración económica, distribución del ingreso o consecuencias de las decisiones gubernamentales pueden quedar subordinadas a una confrontación moral mucho más sencilla de comunicar.

La cuestión de fondo no es la legitimidad de los valores invocados, sino el uso que se hace de ellos. El mérito no pierde importancia porque se cuestione su instrumentalización política, del mismo modo que denunciar la manipulación del miedo no significa desconocer los problemas de seguridad o las experiencias de quienes los padecen.

El interrogante es quién consigue apropiarse de esas preocupaciones, cómo las transforma en una interpretación de la realidad y qué intereses quedan fuera de discusión cuando la sociedad concentra su indignación sobre enemigos previamente identificados.

La batalla cultural: cuando el insulto se convierte en política

El gobierno de Milei ha otorgado una importancia explícita a lo que denomina "batalla cultural". Durante la presentación de los Voceros de la Libertad de la Fundación Faro, el 4 de agosto de 2025, el presidente explicó que su proyecto necesitaba actuar simultáneamente sobre la gestión gubernamental, la construcción de poder político y la difusión de ideas que permitieran sostener sus reformas a largo plazo.

La declaración tiene relevancia porque demuestra que la confrontación ideológica no constituye un elemento accesorio de su gestión. Forma parte de una concepción política que reconoce la necesidad de intervenir sobre las creencias sociales para consolidar determinadas transformaciones económicas e institucionales.

En aquella intervención, Milei recurrió al concepto de "parásitos mentales", tomado de un libro de Axel Kaiser, para cuestionar ideas relacionadas con la justicia social y los derechos sociales. Aunque aclaró que no se refería a las personas sino a las ideas, describió a quienes las incorporaban como individuos convertidos en "zombis" y vinculó esa condición con sus adversarios políticos.

La elección del lenguaje merece atención. Cuando una posición ideológica es presentada como una infección del pensamiento, el desacuerdo deja de aparecer como resultado de experiencias, intereses o convicciones diferentes. Pasa a ser interpretado como una anomalía que debe corregirse.

Existe aquí una tensión particularmente significativa con el pensamiento de Jauretche. El autor de Los profetas del odio denunciaba la formación de una mentalidad que impedía interpretar la realidad nacional desde los intereses propios. Milei también sostiene que existe un proceso de adoctrinamiento cultural, pero lo identifica con las ideas que cuestiona su proyecto económico. Ambos discursos discuten la formación de la conciencia social, aunque parten de concepciones políticas e históricas profundamente distintas.

El problema contemporáneo aparece cuando esa disputa abandona la argumentación y se apoya crecientemente en la descalificación personal.

El 1 de marzo de 2026, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei pronunció al menos 56 insultos a lo largo de aproximadamente cien minutos, según un relevamiento publicado por Chequeado. La cifra equivale a un agravio cada cien segundos y representa una frecuencia considerablemente mayor que la registrada por el mismo medio durante el discurso presidencial del año anterior.

La reiteración del insulto desde la máxima autoridad del Estado tiene consecuencias que exceden la imagen personal de un gobernante. Contribuye a instalar una forma de relación política en la que la agresividad puede interpretarse como autenticidad, la descalificación como fortaleza y el desprecio hacia el adversario como prueba de compromiso con una causa.

La situación adquiere una gravedad adicional cuando el destinatario es el periodismo.

La expresión presidencial "No odiamos lo suficiente a los periodistas", reiterada en distintas publicaciones y declaraciones, constituye un ejemplo particularmente claro de la distancia que puede establecerse entre la crítica legítima a los medios de comunicación y la promoción de una hostilidad generalizada hacia quienes ejercen esa profesión.

Existen motivos para cuestionar coberturas periodísticas, investigar relaciones económicas entre medios y gobiernos, denunciar información falsa o exigir responsabilidades profesionales. El propio Jauretche dedicó buena parte de su obra a examinar cómo determinadas estructuras de comunicación contribuían a reproducir intereses dominantes. Pero esas discusiones exigen identificar hechos y responsabilidades concretas, no atribuir condiciones negativas a una profesión entera.

Los antecedentes documentados muestran que el conflicto ha adquirido una dimensión institucional. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) registró 278 ataques contra periodistas durante 2025, de los cuales atribuyó 119 al presidente. En una presentación realizada ante Naciones Unidas el 26 de octubre de 2026, la organización informó que los casos acumulados en 2026 ya habían superado el récord del año anterior y contabilizó 175 hechos atribuidos a Milei durante el período.

El informe también advirtió sobre el agravamiento del lenguaje presidencial. Entre los antecedentes mencionó una publicación del 6 de octubre en la que el mandatario utilizó la expresión "Torpedo a la cabeza de los sicarios corruptos del micrófono".

La gravedad de estos episodios no depende de la simpatía que pueda despertar un periodista ni de la opinión que merezca un medio. El problema surge de la utilización de una posición institucional de enorme poder para desacreditar de manera reiterada a quienes pueden investigar, cuestionar o exponer decisiones oficiales.

Un gobierno tiene derecho a responder informaciones falsas y confrontar públicamente con sus críticos. El ejercicio de ese derecho, sin embargo, plantea responsabilidades particulares cuando quien habla dispone de la autoridad y de los recursos comunicacionales de la Presidencia.

El daño democrático no aparece solamente cuando una agresión se transforma en violencia física. También puede producirse cuando la repetición del hostigamiento contribuye a que una parte de la sociedad deje de considerar legítimo el trabajo de quienes investigan al poder.

El odio que distrae de los intereses en disputa

En uno de los pasajes más importantes de su análisis sobre la enseñanza superior, Jauretche cuestiona la pretensión de presentar los problemas del gobierno como cuestiones exclusivamente técnicas o culturales, ocultando los intereses económicos y sociales que intervienen en las decisiones políticas.

La observación conserva actualidad porque obliga a mirar aquello que frecuentemente queda fuera de los grandes enfrentamientos públicos.

La economía argentina plantea discusiones de enorme trascendencia sobre la distribución del ingreso, el endeudamiento, el sistema tributario, las jubilaciones, el empleo, la inversión y el papel del Estado. Son decisiones que producen consecuencias diferentes según la posición económica y social de cada ciudadano, por lo que deberían ocupar un lugar central en el debate democrático.

Sin embargo, cuando una controversia política se organiza principalmente alrededor de categorías morales, la evaluación de esas consecuencias puede quedar desplazada por una disputa entre identidades.

El trabajador que pierde capacidad de compra, el pequeño empresario que enfrenta dificultades para sostener su actividad y el jubilado cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades pueden experimentar problemas relacionados con un mismo contexto económico. Pero si sus preocupaciones son interpretadas exclusivamente mediante una confrontación entre quienes defienden la libertad y quienes supuestamente representan el parasitismo estatal, la discusión sobre las decisiones que afectan sus condiciones de vida corre el riesgo de quedar en segundo plano.

El enfrentamiento entre ciudadanos con dificultades semejantes no elimina las diferencias reales de intereses que existen en una sociedad. Lo que puede conseguir es ocultarlas detrás de una disputa emocional más inmediata.

En ese punto, la lectura de Jauretche permite recuperar una dimensión fundamental del conflicto político: detrás de las ideas, de las consignas y de los discursos sobre la moralidad pública también existen decisiones sobre quiénes reciben recursos, quiénes soportan los costos y quiénes disponen de capacidad para influir sobre el Estado.

Por eso resulta insuficiente examinar la confrontación política contemporánea únicamente como un problema de lenguaje o de modales presidenciales. El insulto puede ser el aspecto más visible de un proceso mucho más profundo, mediante el cual determinados debates quedan organizados alrededor de la adhesión o el rechazo a figuras políticas antes que de la evaluación de sus decisiones.

Las plataformas digitales amplifican ese fenómeno. Los enfrentamientos que producen indignación, rechazo o adhesiones intensas circulan con facilidad y mantienen la atención sobre controversias que pueden renovarse todos los días. Un insulto presidencial puede instalar una discusión nacional durante horas, mientras una resolución administrativa, una modificación presupuestaria o una decisión económica de consecuencias duraderas recibe una atención considerablemente menor.

La comparación con los instrumentos de comunicación que analizaba Jauretche muestra cuánto cambió la tecnología y cuánto persiste la disputa por orientar la percepción colectiva. Antes, el prestigio cultural y la concentración de los medios tradicionales contribuían a establecer qué interpretaciones alcanzaban legitimidad. Hoy, esa capacidad se distribuye entre grandes plataformas, medios digitales, dirigentes políticos y comunidades organizadas alrededor de identidades cada vez más confrontativas.

El resultado no es necesariamente una sociedad mejor informada por disponer de más canales de comunicación. La abundancia de mensajes también puede dificultar la comprensión cuando la información se consume principalmente para confirmar convicciones previas y desacreditar a quienes sostienen otras posiciones.

Pero sería equivocado atribuir toda esta dinámica exclusivamente a la derecha o suponer que cualquier ciudadano que adhiere al oficialismo participa conscientemente de una estrategia de manipulación. El deterioro del debate público tiene antecedentes en distintas fuerzas políticas, y muchas personas encontraron en el discurso libertario una respuesta a frustraciones que otros espacios fueron incapaces de atender.

La particularidad del momento actual reside en que el gobierno nacional ha incorporado explícitamente la confrontación cultural a su programa político y en que existen registros documentados de un uso reiterado de la descalificación desde la propia Presidencia.

Ese hecho obliga a examinar las responsabilidades de quienes ejercen el poder, porque su capacidad para instalar discursos y orientar comportamientos públicos es incomparablemente mayor que la de un ciudadano común.

La pregunta que Jauretche dejó planteada

Jauretche recuperaba una idea de Ernesto Palacio que resumía buena parte de su concepción intelectual: había que escribir desde el pueblo. Para él, comprender la Argentina exigía abandonar la mirada de quienes observaban su propia sociedad como si fueran extranjeros, convencidos de poseer una superioridad cultural que los autorizaba a despreciar sus costumbres y aspiraciones.

Su crítica no estaba dirigida únicamente contra una corriente ideológica. También cuestionó a sectores de izquierda cuando consideraba que subordinaban la realidad nacional a interpretaciones importadas. En ese sentido, reducir su pensamiento a una justificación de determinadas posiciones partidarias contemporáneas sería reproducir una de las actitudes que combatió.

El aporte de Los profetas del odio consiste, sobre todo, en mostrar que las sociedades pueden incorporar formas de pensamiento contrarias a sus propios intereses y que esa subordinación puede sostenerse mediante instituciones, discursos y prejuicios que terminan adquiriendo apariencia de sentido común.

La Argentina de 2026 plantea una versión diferente de ese problema. Los nuevos instrumentos de comunicación permiten que las emociones políticas circulen con una velocidad desconocida en tiempos de Jauretche, mientras el lenguaje de la confrontación convierte con frecuencia al adversario en una figura moralmente inadmisible.

Una sociedad enfrentada consigo misma puede terminar dedicando más esfuerzos a identificar culpables que a comprender las causas de sus dificultades. Y cuando la pertenencia política se transforma en una condición para reconocer la honestidad, la dignidad o la legitimidad de una persona, el debate democrático pierde buena parte de su capacidad para discutir intereses concretos.

Tal vez allí resida la vigencia más inquietante de Jauretche. Su obra recuerda que el poder también se ejerce sobre la manera en que las personas interpretan la realidad y reconocen a sus semejantes.

Los profetas del odio de nuestro tiempo disponen de instrumentos que Jauretche nunca conoció. Pueden dirigirse directamente a millones de ciudadanos, intervenir de manera permanente en sus conversaciones y convertir cualquier conflicto en un enfrentamiento nacional. Lo verdaderamente importante, sin embargo, sigue siendo aquello que el autor intentaba poner en evidencia: quién construye las interpretaciones que una sociedad acepta como propias y a qué intereses terminan sirviendo.

Porque mientras los argentinos aprenden a desconfiar unos de otros, el poder económico y político continúa tomando decisiones que afectan sus vidas. Y acaso esa sea la consecuencia más profunda de una sociedad atrapada en el odio: que termine discutiendo interminablemente a quién debe despreciar, mientras deja de preguntarse quién se beneficia de sus enfrentamientos.