NeuquenNewsEl Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y del CONICET, luego de un sumario administrativo relacionado con su participación en un estudio internacional sobre la presencia de agroquímicos en personas, animales y el ambiente.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 366, del 26 de octubre de 2026, y representa la sanción disciplinaria más severa contemplada en el régimen de empleo público nacional.
El caso generó cuestionamientos en sectores científicos, sindicales y ambientales, que advierten sobre las consecuencias que podría tener la medida para la autonomía de las investigaciones y la difusión de información de interés público.
Una investigación internacional sobre pesticidas
Aparicio, ingeniera agrónoma con trayectoria en el INTA desde 1997, coordinaba la participación argentina en el proyecto SPRINT, una investigación internacional financiada por la Unión Europea y coordinada por la Universidad de Wageningen, de Países Bajos.
El estudio buscaba analizar la presencia de más de 200 pesticidas en muestras ambientales y biológicas, incluyendo suelo, agua, sangre y orina.
Argentina fue el único país participante fuera de Europa. En el territorio nacional, la investigación incluyó a 73 voluntarios, además de muestras obtenidas de animales y del ambiente.
Los resultados permitieron documentar la exposición a distintas sustancias utilizadas en la actividad agropecuaria, aunque la detección de residuos de pesticidas no implica, por sí sola, la existencia de enfermedades o daños comprobados en las personas estudiadas.
La investigación buscaba aportar información sobre la exposición a estas sustancias y sus posibles consecuencias para la salud humana y los ecosistemas.
Según la resolución del organismo, la sanción se fundamentó en una serie de cuestionamientos administrativos relacionados con la ejecución del proyecto.
Entre las situaciones investigadas se encuentran el manejo de fondos, presuntos incumplimientos de los procedimientos jerárquicos, modificaciones en protocolos de bioética y el envío de muestras biológicas a laboratorios del exterior.
También se cuestionó la participación de un colaborador que no contaba con designación formal y que habría tenido acceso a información confidencial.
Sin embargo, la resolución reconoce que no se acreditó un perjuicio económico para el Estado, aunque las autoridades consideraron que las conductas examinadas justificaban la aplicación de la sanción.
El organismo también dispuso comunicar los antecedentes a la Oficina Anticorrupción.
Virginia Aparicio cuestionó la decisión y sostuvo que la medida excede las cuestiones administrativas planteadas durante el sumario.
La investigadora considera que su exoneración podría estar relacionada con el carácter sensible de los resultados obtenidos sobre la exposición a agroquímicos.
En declaraciones públicas, advirtió que este tipo de decisiones puede generar temor entre otros investigadores y desalentar estudios sobre problemáticas ambientales y sanitarias.
Su defensa también cuestionó la proporcionalidad de la sanción y anticipó acciones para intentar revertirla.
Los antecedentes del enfrentamiento se remontan a junio de 2023, cuando el INTA suspendió una presentación prevista para comunicar los resultados de la investigación argentina a las personas participantes.
Posteriormente, el organismo decidió retirarse del proyecto SPRINT e inició un sumario administrativo contra Aparicio.
Mientras la investigación continuó desarrollándose internacionalmente, el procedimiento administrativo avanzó en Argentina hasta desembocar en la resolución de exoneración.
La decisión provocó expresiones de rechazo de organizaciones científicas y sindicales, que reclamaron explicaciones y manifestaron preocupación por el tratamiento institucional de investigaciones relacionadas con agroquímicos.
Más allá de la situación laboral de Aparicio, el caso abrió una discusión sobre la autonomía de los investigadores, la transparencia de los organismos públicos y el derecho de la sociedad a conocer información científica vinculada con la salud y el ambiente.
La controversia también plantea interrogantes sobre los mecanismos institucionales para supervisar investigaciones, proteger datos personales y garantizar que los resultados científicos puedan ser evaluados y difundidos.
La exoneración todavía podría ser objeto de impugnaciones administrativas y judiciales.
Mientras tanto, el conflicto continúa generando repercusiones en la comunidad científica argentina, especialmente entre quienes consideran fundamental preservar las condiciones necesarias para investigar temas de interés sanitario y ambiental.
