Neuquén busca frenar el avance inmobiliario sobre las chacras: una ley para proteger tierras productivas avanza en la Legislatura

El avance de los desarrollos inmobiliarios sobre las tierras históricamente destinadas a la producción agrícola volvió a instalarse en el centro del debate político de Neuquén. Este martes 27 de octubre, la Comisión de Producción, Industria y Comercio de la Legislatura provincial otorgó despacho al proyecto de Ley de Protección de Tierras Productivas, una iniciativa presentada por el gobernador Rolando Figueroa que busca establecer nuevas restricciones a los loteos y cambios de uso del suelo en zonas con capacidad agrícola.

La decisión representa un avance legislativo después de varios meses de discusiones, modificaciones y cuestionamientos. El expediente deberá continuar su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto antes de llegar al recinto, por lo que las disposiciones propuestas todavía no tienen fuerza de ley. La intención oficialista es completar el recorrido durante noviembre, aunque la aprobación definitiva dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse entre los bloques.

La discusión excede las características de una regulación territorial. En una provincia cuya economía está cada vez más concentrada en los hidrocarburos, la conservación de las chacras plantea interrogantes sobre la diversificación productiva, la disponibilidad de alimentos, el crecimiento de las ciudades y el destino de las tierras que durante décadas sostuvieron buena parte de la actividad frutícola y hortícola regional.

Un recurso escaso que continúa perdiendo superficie

Neuquén posee extensas zonas áridas y semiáridas, mientras que buena parte de sus suelos agrícolas se concentran en los valles irrigados. La construcción de canales, drenajes y sistemas de distribución del agua permitió transformar sectores de esas tierras en explotaciones frutícolas, hortícolas y ganaderas, generando una infraestructura productiva cuyo valor excede ampliamente el precio inmobiliario de los terrenos.

Sin embargo, la expansión urbana, el crecimiento de los parques industriales, las instalaciones logísticas y las dificultades económicas de la producción agropecuaria vienen modificando progresivamente ese territorio. Numerosas chacras dejaron de producir, cambiaron de actividad o fueron incorporadas a desarrollos inmobiliarios, especialmente en zonas cercanas a Neuquén capital, Centenario, Vista Alegre, Plottier y San Patricio del Chañar.

Los datos permiten dimensionar parte del problema. Según información del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), analizada por el suplemento Rural de LM Neuquén, durante 2025 la superficie implantada con peras y manzanas en Río Negro y Neuquén se redujo en aproximadamente 762 hectáreas. Desde 2009, la pérdida acumulada de esos cultivos supera las 15.300 hectáreas en ambas provincias.

En territorio neuquino, Centenario registró durante 2025 una reducción de 79 hectáreas de frutales, mientras que San Patricio del Chañar perdió otras 68. Si se observa el período iniciado en 2009, la caída acumulada supera las 550 hectáreas en Centenario y las 940 en El Chañar.

Estas cifras corresponden específicamente a superficie frutícola implantada y no deben confundirse con hectáreas urbanizadas. Parte de las chacras abandonadas continúa siendo potencialmente apta para producir, mientras otras fueron transformadas para diferentes usos. La reducción responde a múltiples factores, entre ellos la rentabilidad, el envejecimiento de las plantaciones, la descapitalización de los productores y la presión inmobiliaria.

La información disponible no permite determinar qué proporción de esa pérdida fue consecuencia directa de loteos. Esa distinción es importante para evaluar correctamente los alcances de la futura legislación.

Qué propone la ley para proteger las chacras

El proyecto original, ingresado bajo el número 18162, busca establecer un régimen integral de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de las tierras productivas de Neuquén.

La propuesta contempla proteger superficies públicas y privadas bajo riego y drenaje, incluso cuando no se encuentren actualmente en producción, siempre que reúnan las condiciones de aptitud agrícola definidas por la autoridad competente.

Uno de sus instrumentos centrales es un sistema de zonificación. La versión presentada por el Ejecutivo establece una Zona de Protección Prioritaria, destinada fundamentalmente a la producción agropecuaria, y una Zona de Uso Condicionado, donde podrían admitirse determinadas actividades bajo requisitos técnicos, ambientales y de eficiencia hídrica.

El objetivo es impedir que áreas consideradas estratégicas para la producción sean transformadas indiscriminadamente en urbanizaciones, emprendimientos industriales o instalaciones de servicios. La propuesta contempla excepciones vinculadas con viviendas familiares de las explotaciones y determinadas situaciones de interés público que cuenten con justificación técnica.

También establece medidas para proteger canales, acequias, compuertas y drenajes, cuya alteración puede perjudicar a varios establecimientos agrícolas, incluso cuando la intervención se realiza dentro de una única propiedad.

El régimen original incluye controles, sanciones, incentivos para los productores y un fondo destinado a financiar mejoras en los sistemas de riego y conservación de los suelos.

Durante su tratamiento legislativo se incorporaron modificaciones propuestas por distintos bloques, especialmente sobre el alcance territorial, los criterios de zonificación y los procedimientos de autorización. No obstante, será necesario conocer la redacción íntegra que obtuvo despacho para establecer con precisión cuáles de las disposiciones originales permanecieron sin cambios.

Los productores respaldan la protección de las tierras agrícolas

Durante las reuniones de comisión participaron representantes de distintas organizaciones frutícolas, entre ellas la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre y la Cámara de Productores de San Patricio del Chañar.

Los referentes del sector señalaron que la expansión urbana desordenada genera problemas que van más allá de la pérdida de superficie productiva. Mencionaron la obstrucción de canales y drenajes, la acumulación de residuos, los vertidos de aguas servidas, la iluminación de nuevas urbanizaciones y las dificultades que estas transformaciones pueden provocar para el manejo sanitario de las explotaciones.

El presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, defendió la necesidad de conservar las áreas agrícolas y fortalecer su capacidad para generar alimentos. En una posición similar, representantes de Centenario, Vista Alegre y El Chañar plantearon que el crecimiento de las ciudades debe desarrollarse de manera planificada para evitar la desaparición progresiva de las chacras.

Los productores también enfrentan un problema económico que la regulación territorial, por sí sola, no resolverá. Preservar jurídicamente una chacra no garantiza que su propietario pueda sostenerla en producción si los ingresos resultan insuficientes para financiar riego, mantenimiento, mano de obra, tecnología e inversiones.

Por ese motivo, la eficacia del proyecto también dependerá de los incentivos y herramientas económicas que acompañen las restricciones sobre el uso del suelo.

El conflicto con los municipios y los propietarios

Uno de los principales obstáculos que demoraron el tratamiento fue la discusión sobre las facultades del Estado provincial para establecer limitaciones sobre territorios cuya planificación urbana corresponde a los municipios.

El diputado Marcelo Bermúdez, del bloque PRO-NCN, cuestionó durante el debate la posibilidad de que una autoridad provincial determine los usos permitidos sobre propiedades privadas. También sostuvo que la regulación debía contemplar los planes urbanos municipales y establecer procedimientos transparentes para evaluar los cambios de destino de los terrenos.

La diputada Brenda Buchiniz, del bloque Cumplir, planteó reparos sobre la amplitud de la propuesta y reclamó que intendentes y Concejos Deliberantes participaran de su elaboración. Su posición también incluyó la necesidad de incentivar la producción mediante herramientas económicas, en lugar de depender exclusivamente de prohibiciones.

Desde Unión por la Patria, el diputado Darío Martínez advirtió sobre los riesgos de establecer excepciones sin una planificación territorial previa. Su cuestionamiento se concentró en la posibilidad de que decisiones administrativas particulares terminen definiendo qué emprendimientos pueden realizarse y cuáles quedan prohibidos.

Estas observaciones plantean un debate institucional relevante: cómo compatibilizar la potestad provincial para proteger recursos estratégicos y establecer estándares ambientales con las atribuciones municipales sobre el ordenamiento urbano.

También aparece el problema de los propietarios que poseen tierras con aptitud agrícola, pero que dejaron de producir y consideran su venta o reconversión como una alternativa económica. La regulación deberá precisar qué restricciones resultarán aplicables, qué procedimientos permitirán solicitar excepciones y cuáles serán las garantías para evitar decisiones discrecionales.

El dilema entre producir alimentos y construir viviendas

La protección de las chacras convive con otra necesidad concreta: el crecimiento poblacional y la demanda de suelo urbano para construir viviendas.

Neuquén experimentó una expansión residencial e industrial vinculada con el desarrollo hidrocarburífero, la movilidad laboral y el crecimiento de las ciudades de la Confluencia. Esa transformación aumenta la demanda de terrenos para viviendas, transporte, servicios públicos e instalaciones productivas.

Sin una planificación integrada, el crecimiento urbano puede terminar avanzando sobre tierras que ya disponen de canales de riego, suelos preparados e infraestructura agrícola. Al mismo tiempo, restringir determinados terrenos sin identificar alternativas para la expansión de las ciudades podría agravar las dificultades de acceso al suelo urbanizado.

Por eso, el desafío no consiste necesariamente en elegir entre chacras y viviendas, sino en establecer una planificación que determine dónde conviene producir, dónde es adecuado urbanizar y qué infraestructura se necesita para garantizar ambas actividades.

La delimitación de las áreas protegidas será uno de los aspectos más sensibles de la futura norma. Una cartografía oficial elaborada con criterios técnicos, acceso público a la información y participación de los municipios podría contribuir a reducir conflictos y dar previsibilidad tanto a los productores como a los propietarios y desarrolladores inmobiliarios.

Más allá de Vaca Muerta: qué modelo de desarrollo busca Neuquén

El diputado oficialista Francisco Lépore vinculó el avance legislativo con la necesidad de diversificar la matriz económica provincial. Después de obtener el despacho, sostuvo que Neuquén necesita incorporar nuevas tierras bajo riego y, al mismo tiempo, preservar las que ya posee.

El planteo expresa una preocupación que adquiere relevancia frente al crecimiento hidrocarburífero. Vaca Muerta genera inversiones, empleo e ingresos públicos, pero la sustentabilidad económica de Neuquén en el largo plazo también dependerá de su capacidad para conservar y desarrollar otras actividades productivas.

La fruticultura, la horticultura y la producción de alimentos representan sectores con posibilidades de generar empleo, abastecer mercados regionales y mantener una actividad económica menos dependiente de los ciclos internacionales del petróleo y el gas.

No obstante, una ley de protección del suelo solo puede constituir una parte de esa estrategia. Para que las chacras continúen produciendo también serán necesarias políticas de financiamiento, modernización de los sistemas de riego, acceso a mercados, infraestructura, asistencia técnica y mejores condiciones de rentabilidad.

La discusión legislativa plantea, en definitiva, qué lugar ocupará la producción agrícola en la Neuquén de las próximas décadas. El avance del proyecto abre una posibilidad de establecer reglas más claras frente a la transformación territorial, pero su efectividad dependerá de cómo se definan las zonas protegidas, de las garantías para los propietarios y de las políticas concretas destinadas a sostener la actividad.

El despacho obtenido este martes constituye un paso parlamentario importante, aunque todavía resta conocer el texto definitivo y completar su tratamiento legislativo. La cuestión de fondo seguirá presente: cómo preservar tierras que demoraron décadas en convertirse en productivas, sin desconocer las necesidades de vivienda, el crecimiento urbano y los derechos de quienes son sus propietarios.