NeuquenNewsLa relación entre el Gobierno nacional y el periodismo atraviesa un nuevo episodio de tensión. Amnistía Internacional Argentina anunció que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los recientes ataques del presidente Javier Milei contra periodistas, luego de las expresiones pronunciadas durante un discurso en la Fundación Faro.
La organización manifestó su profunda preocupación por lo que considera una escalada de hostigamiento desde el máximo nivel del Poder Ejecutivo hacia profesionales de la comunicación, particularmente aquellos que participaron en la cobertura e investigación del caso $LIBRA.
Según advirtió, las declaraciones presidenciales no solo afectan a los periodistas mencionados, sino que también contribuyen a generar un clima de intimidación que puede comprometer el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística.
Las declaraciones de Milei que generaron el rechazo
Durante su intervención en la Fundación Faro, el mandatario mencionó expresamente a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrígues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes dirigió duras descalificaciones por su trabajo profesional.
Entre las expresiones utilizadas, Milei los calificó de “ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”.
Posteriormente, durante el mismo discurso, afirmó que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, una frase que provocó el rechazo de Amnistía Internacional por su contenido violento.
Para la organización, estas manifestaciones representan una situación especialmente preocupante porque provienen del presidente de la Nación y se producen en un contexto de reiterados enfrentamientos entre funcionarios del Gobierno y distintos sectores del periodismo.
Amnistía sostuvo que las expresiones exceden una crítica a la cobertura informativa, ya que individualizan y estigmatizan públicamente a profesionales de prensa.
Amnistía advierte sobre un clima de intimidación
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, cuestionó la gravedad de los dichos presidenciales y recordó la responsabilidad institucional que corresponde a quienes ejercen funciones públicas.
“Cuando el presidente señala públicamente a periodistas y utiliza imágenes de violencia para referirse a quienes cuestionan su gestión, contribuye a generar un clima de intimidación que puede habilitar nuevas agresiones”, expresó.
Belski remarcó que la investidura presidencial exige una responsabilidad reforzada en la protección de la libertad de expresión y del derecho de la ciudadanía a recibir información.
“El hostigamiento desde el poder deteriora las condiciones del debate democrático y afecta el derecho de toda la sociedad a estar informada”, señaló.
Desde la organización insistieron en que las autoridades deben garantizar que los periodistas puedan investigar, cuestionar decisiones gubernamentales y publicar información de interés público sin enfrentar amenazas, intimidaciones ni represalias.
Los ataques a la prensa aumentaron un 55% durante 2025
El pronunciamiento de Amnistía Internacional también puso el foco en el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina.
De acuerdo con los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) citados por la organización, durante 2025 se registraron 278 casos de ataques contra periodistas, lo que representa un incremento del 55% respecto de 2024.
La cifra constituye el registro anual más elevado desde que FOPEA comenzó a realizar este relevamiento en 2008.
El informe identificó al presidente Javier Milei como responsable de 119 de los hechos registrados, ubicándolo como el principal agresor individual dentro del monitoreo.
Además, el relevamiento contabilizó:
139 casos de discursos estigmatizantes contra periodistas.
20 demandas judiciales contra trabajadores de prensa.
28 restricciones de acceso a la información.
Para Amnistía Internacional, estos indicadores reflejan una situación que trasciende los enfrentamientos individuales entre funcionarios y periodistas, y que plantea interrogantes sobre las garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión.
La situación argentina ya fue expuesta ante la CIDH
La preocupación por las condiciones del ejercicio periodístico en Argentina ya había llegado a organismos internacionales.
El 19 de noviembre de 2025, Amnistía Internacional participó junto con organizaciones de derechos humanos, entidades periodísticas y sindicatos de prensa en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante aquella presentación se denunciaron situaciones vinculadas con agresiones a periodistas, violencia digital, acoso judicial y ataques registrados durante la cobertura de manifestaciones y protestas sociales.
En esa oportunidad, la CIDH solicitó al Estado argentino información sobre las medidas implementadas para prevenir hechos de violencia y proteger a quienes desarrollan tareas informativas.
La Comisión también manifestó su interés en realizar una visita al país para conocer con mayor profundidad la situación.
Con el nuevo anuncio, Amnistía Internacional busca incorporar los recientes episodios protagonizados por el presidente al seguimiento internacional sobre la libertad de expresión en Argentina.
Uno de los principales puntos de preocupación planteados por la organización es el impacto que pueden tener los discursos de hostilidad sobre el conjunto de la actividad periodística.
Amnistía advirtió que la reiteración de señalamientos y descalificaciones desde el poder político puede generar un efecto de silenciamiento, incluso sobre periodistas que no fueron directamente mencionados.
Este escenario, según la entidad, puede desalentar investigaciones sobre asuntos de interés público, favorecer la autocensura y limitar la circulación de información necesaria para el funcionamiento democrático.
La organización recordó que investigar las decisiones y actuaciones de quienes gobiernan constituye una función esencial del periodismo, independientemente de que sus publicaciones resulten favorables o críticas para las autoridades.
Asimismo, sostuvo que los funcionarios públicos tienen la obligación de prevenir situaciones de violencia, evitar discursos que incrementen los riesgos para los trabajadores de prensa y reconocer la legitimidad de su labor.
Reclamo internacional y pedido de garantías para ejercer el periodismo
Ante los nuevos episodios, Amnistía Internacional expresó su solidaridad con los periodistas señalados por el mandatario y reclamó el cese de los mensajes intimidatorios y estigmatizantes provenientes de funcionarios públicos.
También insistió en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que los medios y profesionales de la comunicación puedan desarrollar sus tareas sin presiones ni amenazas.
La organización llevará estos hechos ante la CIDH y la ONU como parte de su trabajo de seguimiento de la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en el país.
El nuevo enfrentamiento entre el presidente y sectores del periodismo vuelve a colocar en el centro del debate los límites de la confrontación política, la responsabilidad de las autoridades y las garantías constitucionales que protegen la libertad de prensa.
En una sociedad democrática, el derecho a cuestionar al poder y el derecho de la ciudadanía a recibir información constituyen principios fundamentales. Su protección exige que las diferencias entre el Gobierno y los medios de comunicación puedan expresarse sin intimidaciones ni amenazas contra quienes ejercen la tarea de informar.
Fuente: Amnistía Internacional Argentina. Datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, según el comunicado proporcionado.
