NeuquenNewsEl Banco Interamericano de Desarrollo (BID) liberó fondos para el gobierno nacional que implican un endeudamiento adicional de U$S 300 millones. Así lo dispuso el gobierno mediante el decreto 1177/2026. El organismo financiero supranacional, como su nombre lo indica, tiene como misión fomentar proyectos de desarrollo especialmente en países de América Latina.
Así, en general, pone fondos a disposición de los países miembro para que se financien proyectos productivos y, a la vez, ofrece equipos técnicos de asistencia y capacitación para que los mismos lleguen a buen puerto. El BID, según sostiene en su propia página web, “busca consolidarse como el socio preferencial de la región para fomentar el progreso económico y social, abordar las vulnerabilidades y hacer frente al cambio climático”.
Se trata, junto con el FMI y el Banco Mundial, de uno de los organismos a los que recurre históricamente el Estado Nacional para obtener financiamiento en moneda internacional.
Sin embargo, junto con el DNU mencionado tomó estado público el decreto 1023/26 que habilita al ministerio de Modernización liderado por Federico Sturzenegger a ejecutar un plan de retiros voluntarios en el Estado destinados al personal de planta permanente de los distintos organismos.
El propósito del gobierno es avanzar con un nuevo ajuste de 21 mil puestos de trabajo en el sector público. Los retiros implican una acción voluntaria que pone a disposición de quienes deseen acceder a ellos de la opción de un mecanismo indemnizatorio especial que, claro, requiere un financiamiento.
Algunos meses atrás el Ejecutivo promovió un plan de la misma naturaleza destinado a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que fue rechazado por su propio directorio por no disponer los fondos para su financiamiento. Así, en esta oportunidad, el gobierno tomó los recaudos y decidió recurrir a ese organismo financiero para que sea el que disponga de los montos necesarios para financiar la operación.
De este modo la política de ajuste fiscal del gobierno tuvo como contraparte un endeudamiento mayor del estado. Paradójicamente, una política que implica un cercenamiento de las políticas públicas y de los derechos que de ellas se derivan quedó encuadrada como una estrategia de desarrollo de un organismo que asegura proponerse como objetivo “reducir la pobreza y la desigualdad social” y promover el crecimiento sostenible y el desarrollo económico regional”.
Desde la ATE, repudiaron la medida y aseguraron que de lo que se trata es de una política orientada a profundizar la destrucción del estado nacional. Por ese motivo el titular del sindicato que representa a los trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, anunció una movilización a la quinta de Olivos para el día miércoles.
Aguiar aseguró que “los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos. Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir”, denunció.
El titular de la ATE indicó que “se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal”. A la vez, adelantó que “desde ATE desalentamos cualquier tipo de adhesión a este régimen extorsivo. Estos retiros son una estafa”.
El sindicato detalló que el préstamo “por hasta 300 millones de dólares” representa un “primer tramo de una línea de crédito de hasta 800 millones de dólares”. A la vez, explicaron, “se desembolsa en cuatro años y se devuelve en 25, con los primeros cinco años y medio sin pago de capital. La tasa de interés está atada al mercado en dólares (SOFR) más un margen del BID, por lo que es variable y el costo final del préstamo es incierto”.
Desde la Junta Interna de ATE de la Secretaría de Trabajo indicaron que se trata de un “nueva fase del desguace del Estado” y que “el deterioro salarial, el vaciamiento de las áreas y el desgaste cotidiano sobre los trabajadores construyen las condiciones para empujar su salida, por lo que el carácter “voluntario” del retiro que se promueve debe leerse en este contexto”.
Por último denunciaron quu “cada puesto que se elimina implica no sólo la reducción de la dotación, sino también la pérdida de experiencia y de capacidades para sostener las políticas públicas y garantizar derechos”.
