La fe como instrumento de poder: dinero extranjero, adoctrinamiento y redes religiosas

En algunos países, sus referentes se han convertido en actores relevantes para las fuerzas de derecha, que encuentran en esas organizaciones una estructura territorial, una comunidad de pertenencia y una autoridad moral que difícilmente podrían construir únicamente mediante la actividad partidaria tradicional.

No se trata simplemente de que existan ciudadanos religiosos que compartan ideas conservadoras, ni de cuestionar su derecho a participar en política. El fenómeno que merece investigarse es mucho más específico: la transformación de determinadas estructuras religiosas en instrumentos de influencia política, su conexión con organizaciones internacionales y los mecanismos utilizados para trasladar autoridad espiritual hacia la competencia electoral. Cuando un pastor presenta una elección como una disputa entre el bien y el mal, o cuando una organización convierte sus creencias particulares en una obligación política para sus integrantes, comienza a desdibujarse la frontera entre la orientación religiosa y el condicionamiento de la libertad ciudadana.

El sociólogo Pierre Bourdieu explicó cómo funciona el poder simbólico: la capacidad de determinadas instituciones y actores para conseguir que sus interpretaciones del mundo sean reconocidas como legítimas. Antonio Gramsci, por su parte, analizó la hegemonía como un proceso de construcción de consensos culturales y morales que contribuyen a sostener relaciones de poder. Ambas perspectivas permiten comprender por qué una organización religiosa puede adquirir importancia electoral sin convertirse formalmente en partido político. Su influencia reside también en la formación cotidiana de creencias, identidades, valoraciones y formas de interpretar los conflictos sociales.

Una investigación publicada en octubre de 2020 por openDemocracy, realizada por las periodistas Isabella Cota y Diana Cariboni, aportó información sobre la dimensión financiera de estas redes. A partir del análisis de declaraciones fiscales de organizaciones estadounidenses, el medio identificó veinte grupos de la derecha cristiana de Estados Unidos que habían destinado al menos 44 millones de dólares a actividades en América Latina desde 2007.

La investigación señaló que varias de esas organizaciones mantenían vínculos con sectores próximos a la administración de Donald Trump y desarrollaban campañas relacionadas con el aborto, los derechos de las personas LGBT y otros debates sociales. También advirtió sobre la limitada transparencia respecto de sus donantes y del destino específico de los fondos empleados en la región.

El hallazgo resulta relevante porque revela que una parte del activismo religioso conservador

latinoamericano participa de redes internacionales con capacidad económica, jurídica y comunicacional. Sin embargo, corresponde establecer una precisión: los 44 millones de dólares corresponden al conjunto de actividades identificadas por la investigación, y no puede afirmarse que esa suma haya sido utilizada íntegramente para financiar partidos o campañas electorales. Para sostener una acusación de financiamiento partidario directo sería necesario identificar transferencias, beneficiarios, fechas y mecanismos concretos.

La dimensión internacional del fenómeno también se observa en organizaciones como Alliance Defending Freedom (ADF), con sede en Estados Unidos, y CitizenGO, fundada en España. Ambas aparecen vinculadas a redes conservadoras que intervienen en debates sobre derechos reproductivos, diversidad sexual, familia y libertad religiosa.

Un estudio académico publicado en abril de 2026 por el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona (CIDOB), firmado por Ely Orrego-Torres, María-José Urzúa y Nelson Camilo Sánchez, documentó cómo ADF y CitizenGO funcionan como aliados estratégicos del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, una articulación regional creada en 2017. La investigación identificó aportes de recursos financieros, capacitación y plataformas de movilización internacional.

Lo que emerge de esta documentación es una estructura que trasciende fronteras: organizaciones locales conectadas con entidades extranjeras que comparten objetivos políticos y culturales, intercambian estrategias y desarrollan mecanismos de influencia en los Estados y organismos internacionales.

En Argentina, el despliegue de estas redes transnacionales responde a una matriz histórica precisa. Durante las décadas de 1970 y 1980, en plena Guerra Fría y bajo el amparo de regímenes dictatoriales en la región, agencias de cooperación y misiones religiosas conservadoras con base en Estados Unidos promovieron la expansión de corrientes pentecostales. El objetivo estratégico de Washington era claro: disputar el territorio a la Teología de la Liberación y desactivar el activismo de base de los sacerdotes tercermundistas en los sectores más postergados, reemplazando la demanda de justicia social por una doctrina centrada en la salvación individual y la resignación.

En el escenario contemporáneo, esta influencia ya no opera de manera periférica, sino que se ha institucionalizado mediante un denso entramado de think tanks, fundaciones locales y sectores del Poder Judicial. Investigaciones de científicos sociales del CONICET documentan cómo la resistencia a las leyes de vanguardia en derechos civiles en el país —como el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo— fue coordinada por plataformas locales que replicaron de forma idéntica las estrategias de litigio estratégico de la estadounidense Alliance Defending Freedom (ADF) [CIDOB].

Lejos de limitarse al púlpito, la derecha religiosa argentina logró construir un lobby subnacional efectivo, presionando a legislaturas provinciales y concejos deliberantes para declarar "municipios provida", instalando su agenda en la clase política tradicional y transformando su capital simbólico en una moneda de cambio electoral con los partidos de derecha.

La convergencia entre las redes religiosas conservadoras y el sionismo en la Argentina actual no es un hecho aislado, sino la articulación de un fenómeno teológico global con una conveniencia política local. En el plano internacional, amplios sectores del evangelicalismo norteamericano sostienen la doctrina del dispensacionalismo o "sionismo cristiano". Desde esta perspectiva teológica, el control judío sobre la totalidad de Jerusalén y el fortalecimiento del Estado de Israel son requisitos proféticos indispensables para acelerar el fin de los tiempos y la segunda venida de Jesucristo. Este dogma convierte el apoyo financiero y político incondicional a las políticas de Tel Aviv en un mandato divino para millones de creyentes en el continente.

En el contexto argentino actual, esta alianza ha sido capitalizada por el gobierno de extrema derecha, transformando el alineamiento geopolítico con el sionismo institucional en una marca identitaria fundamental de su plataforma. Esta adopción va más allá de lo doctrinario y lo místico: se traduce en un alineamiento diplomático automático en foros internacionales, la sobreexposición de símbolos religiosos en actos de Estado y la firma de acuerdos de seguridad e inteligencia.

Sectores críticos y organismos comunitarios advierten que esta instrumentalización política cuenta con el respaldo de corporaciones judiciales y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Bajo esta arquitectura de poder, el discurso del sionismo institucional es utilizado frecuentemente para disciplinar el debate público. Mediante la canalización de acciones judiciales, se busca equiparar de manera sistemática cualquier cuestionamiento a las acciones militares o políticas del Estado de Israel con actos de antisemitismo. De este modo, la fe y la diplomacia se fusionan en un mecanismo eficaz de clausura ideológica, donde la defensa de una agenda extranjera sirve para legitimar el orden conservador a nivel local.

La investigación publicada por CIDOB permite comprender que estas redes no limitan su actividad a campañas nacionales. Entre 2020 y 2025, sus autores estudiaron cómo estas organizaciones coordenadas esfuerzos para incidir directamente en las asambleas generales y organismos de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). A través del uso de la figura de "coaliciones" permitidas para la sociedad civil, sectores del conservadurismo religioso norteamericano e iberoamericano lograron unificar discursos para frenar resoluciones sobre derechos de las minorías, argumentando la defensa de la "soberanía jurídica" de los países y la "libertad religiosa".

Esta proyección hacia los organismos de gobernanza hemisférica demuestra que el fenómeno no debe entenderse de manera aislada como simples expresiones de fe locales. Se trata, por el contrario, de una diplomacia paralela y transnacional fuertemente financiada que busca reescribir los consensos internacionales sobre derechos humanos desde una óptica dogmática, consolidando un bloque de poder duradero que trasciende los cambios de gobierno en la región.