NeuquenNewsEl indicador pasó de 589 a 648 puntos básicos entre el 9 y el 16 de octubre y volvió a quedar cerca de los máximos del año. Detrás de ese número hay algo bastante más importante que el humor de los mercados: Argentina continúa pagando un costo extraordinario para financiarse mientras la actividad pierde fuerza, cae el crédito en pesos, aumenta la mora de las familias y el llamado equilibrio fiscal se sostiene sobre una estructura de fuerte ajuste del gasto público.
El riesgo país argentino terminó otra semana enviando una señal difícil de conciliar con el relato de una economía definitivamente estabilizada. El indicador elaborado por JP Morgan pasó de 589 puntos básicos el viernes 9 de octubre a 648 este viernes 16. Fueron 59 puntos adicionales en una semana, una suba cercana al 10%, que volvió a colocar a la Argentina prácticamente en la zona de máximos de 2026: el 2 de octubre había alcanzado los 655 puntos.
La trayectoria también importa. El martes 13 cerró en 597 puntos, el miércoles en 611, el jueves en 622 y este viernes terminó en 648. No fue un salto aislado de una rueda, sino un deterioro sostenido durante la semana.
La pregunta relevante no es si los operadores de bonos estuvieron de mejor o peor humor. Es otra: ¿Qué está viendo el mercado argentino para exigir una prima tan alta para prestarle dinero al país?
Y, sobre todo, ¿Qué significa eso para quienes no compran bonos, no operan acciones y simplemente trabajan, producen, tienen una pyme, pagan una tarjeta o intentan llegar a fin de mes?
El riesgo país mide, simplificando, cuánto rendimiento adicional exige un inversor para asumir deuda argentina respecto de una referencia considerada de bajo riesgo. Con 648 puntos básicos, Argentina necesita ofrecer aproximadamente 6,48 puntos porcentuales adicionales solamente para compensar el riesgo soberano.
Eso no significa que todos los créditos argentinos tengan automáticamente una tasa 6,48 puntos mayor. Pero establece un costo de referencia para toda la economía.
El primero que lo sufre es el Estado nacional. Si el Tesoro necesita refinanciar vencimientos en dólares, un riesgo país cercano a 650 puntos vuelve extremadamente caro regresar normalmente al mercado de deuda. Durante esta semana el propio Tesoro volvió a excluir de una licitación al bono AO29: ese título mostraba rendimientos que llegaban a alrededor del 11,8% utilizando dólar MEP y al 13,8% medido con contado con liquidación. El problema, entonces, no es teórico: emitir deuda nueva a esos costos compromete una porción cada vez mayor de los recursos futuros para pagar intereses.
Pero el riesgo soberano no se queda encerrado en el Ministerio de Economía. Una provincia que necesita financiar infraestructura, una empresa que quiere tomar deuda para ampliar una planta o una petrolera que busca capital para desarrollar un proyecto deben competir por financiamiento dentro de un país que ya tiene incorporada una elevada prima de riesgo. Algunas compañías exportadoras pueden obtener condiciones mejores que el soberano, pero ninguna opera completamente fuera del riesgo argentino.
El resultado es bastante concreto: proyectos que con financiamiento barato serían rentables pueden dejar de serlo; inversiones se postergan; las empresas requieren una rentabilidad mayor para justificar el desembolso; y las firmas más pequeñas, que no tienen acceso directo a los mercados internacionales, quedan todavía más dependientes del crédito bancario local.
El deterioro financiero no ocurre sobre una economía en expansión generalizada. Los últimos números oficiales muestran justamente lo contrario.
El Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC cayó 1,4% interanual en julio y retrocedió 2,9% frente a junio en términos desestacionalizados. Las ventas reales de supermercados bajaron 2,1% respecto del año anterior y acumularon una caída de 2,7% entre enero y julio. En los centros de compras, aunque julio mostró una mejora interanual, las ventas acumuladas de los primeros siete meses todavía se encontraban 2% por debajo del año anterior. INDEC
La utilización de la capacidad instalada industrial se ubicó en agosto en 58,5%, por debajo del 59,6% registrado un año antes. Es una cifra importante porque muestra cuánto de las fábricas existentes se encuentra efectivamente trabajando: más del 40% de la capacidad industrial permanece sin utilizar.
El mercado laboral tampoco refleja una economía sin tensiones. La desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026. Y durante el primer semestre el 32,3% de las personas permanecía debajo de la línea de pobreza y el 7,5% debajo de la indigencia.
Son datos oficiales. No describen una catástrofe absoluta ni permiten afirmar que todas las variables estén empeorando simultáneamente. Pero tampoco describen una economía donde el equilibrio de las cuentas públicas se haya convertido automáticamente en bienestar, inversión y crecimiento.
Hay otro indicador particularmente útil para entender la economía real: el crédito.
Según el propio Banco Central, en septiembre los préstamos en pesos al sector privado volvieron a contraerse en términos reales y desestacionalizados. Las líneas destinadas al consumo también disminuyeron. En agosto ya habían caído 1% real los préstamos en pesos.
El dato más delicado aparece cuando se observa la capacidad de pago. En julio, la irregularidad del crédito total al sector privado llegó al 7,7%. Entre las familias alcanzó el 12,9%, mientras que entre las empresas fue del 3,6%. Un año antes, en septiembre de 2025, la mora de las familias era del 7,3%. BCRA
Eso significa que detrás de la discusión sobre bonos, reservas y riesgo país existe otra dimensión mucho más cotidiana: hogares con mayores dificultades para cumplir sus compromisos financieros.
Una familia que utiliza la tarjeta para financiar alimentos o servicios no habla de riesgo país. Una pyme que renueva un descubierto tampoco. Pero ambos funcionan dentro del mismo sistema financiero. Cuando aumenta el riesgo macroeconómico, se reduce la disponibilidad de financiamiento barato y de largo plazo, los bancos se vuelven más selectivos y el costo del dinero termina filtrándose hacia empresas y consumidores.
Aquí aparece uno de los puntos centrales.
El Gobierno informó este jueves que durante septiembre el Sector Público Nacional obtuvo un superávit primario de $1,427 billones y un superávit financiero de $977.173 millones. En los primeros nueve meses del año, según esa medición base caja, el resultado financiero acumulado equivale aproximadamente al 0,3% del PBI. Esos números existen y no corresponde negarlos.
Pero contar solamente esa parte produce una fotografía incompleta.
La Oficina de Presupuesto del Congreso analiza otro universo —la Administración Pública Nacional— y utiliza base devengado, por lo que las cifras no son directamente comparables. Allí septiembre mostró un déficit primario de aproximadamente $300.000 millones y un déficit financiero de unos $700.000 millones. En el acumulado de enero a septiembre continúa existiendo superávit, pero el resultado financiero se deterioró 43,5% respecto del año anterior. Oficina de Presupuesto del Congreso
La diferencia metodológica es importante: no demuestra que una de las cifras sea falsa. Demuestra que resumir la situación fiscal diciendo simplemente “hay superávit” es insuficiente.
Mucho más revelador es observar cómo se construye ese resultado.
Durante los primeros nueve meses de 2026 los subsidios energéticos cayeron 21,3% real y los del transporte 18,8%; las transferencias de capital a Enarsa disminuyeron 81,6%; los recursos destinados al funcionamiento universitario retrocedieron mientras aumentaron los fondos salariales; y, simultáneamente, el pago de intereses de la deuda creció 28,2%.
Los informes anteriores de la propia Oficina de Presupuesto del Congreso son todavía más explícitos. En julio señalaban reducciones reales en programas sociales, personal estatal y universidades como consecuencia de beneficios y salarios que ajustaron por debajo de la inflación y de la reducción de las plantillas. También registraban menor poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones.
En el primer semestre de 2026, la OPC volvió a identificar caídas reales en haberes previsionales, salarios públicos y prestaciones sociales porque esos ingresos habían evolucionado por debajo de la inflación.
Y el origen de esta política es todavía más evidente cuando se mira 2024, año en que se construyó la estructura del ajuste. El gasto primario se redujo 26,9% real. Las prestaciones sociales explicaron 30,6% del ahorro; la obra pública, 23,1%; el funcionamiento del Estado, 14,1%; los subsidios económicos, 12,4%; las transferencias a provincias, 9,7%; y las universidades, 3,9%.
Por eso el superávit fiscal no debería analizarse como si fuera dinero que apareció por una mejora automática de la productividad del Estado.
Es, en buena medida, el resultado de decidir quién deja de recibir una parte del gasto público.
Cuando se reducen subsidios, el Estado gasta menos, pero una parte del costo pasa a las tarifas que pagan los hogares y las empresas. Cuando se paraliza una obra pública, mejora la cuenta fiscal, pero desaparecen contratos, empleos, compras de materiales y actividad económica. Cuando salarios públicos, jubilaciones o programas sociales crecen por debajo de los precios, el Tesoro reduce su gasto real, pero también cae el ingreso disponible de quienes reciben esos recursos.
El déficit puede desaparecer de una planilla estatal sin que desaparezca el costo económico. Muchas veces simplemente cambia de lugar.
Esa es precisamente la discusión que queda ocultada cuando el equilibrio fiscal se utiliza como sinónimo de éxito económico.
Una cuenta pública ordenada es importante. Un Estado no puede sostener indefinidamente desequilibrios crecientes. Pero equilibrar el presupuesto reduciendo ingresos reales, inversión pública y transferencias puede estabilizar una variable mientras deteriora otras. El verdadero problema económico consiste en saber si después de ese ajuste aparecen inversión, productividad, crédito, empleo y crecimiento suficientes para reemplazar lo que se retiró.
Los números de actividad y consumo indican que esa transición, por ahora, está lejos de estar garantizada.
Esta es quizás la pregunta más incómoda.
Si el equilibrio fiscal fuera suficiente para asegurar la estabilidad futura, Argentina debería mostrar una reducción sostenida del riesgo soberano. Sin embargo, después de casi tres años de fuerte ajuste, el país volvió a terminar la semana en 648 puntos básicos.
El mercado está poniendo precio a algo que el discurso político no puede eliminar: la capacidad futura de la Argentina para conseguir dólares, refinanciar vencimientos, sostener su nivel de actividad y generar crecimiento suficiente para pagar sus compromisos sin necesitar nuevos ciclos de ajuste.
Los intereses de la deuda ya están aumentando. La OPC informó que los pagos crecieron 28,2% real durante los primeros nueve meses del año, fundamentalmente por títulos en moneda extranjera.
Esa combinación resulta particularmente delicada: se recorta gasto primario mientras aumenta el peso del servicio de deuda.
Y ahí aparece una contradicción central. Una economía puede mostrar superávit fiscal durante un período y seguir siendo considerada riesgosa si quienes prestan dinero creen que su capacidad futura de generar ingresos y dólares todavía no es suficientemente sólida.
Neuquén tiene una ventaja que buena parte de la Argentina no posee: Vaca Muerta genera exportaciones, inversiones e ingresos dolarizados. Pero sería equivocado suponer que eso vuelve inmune a la provincia frente al riesgo argentino.
Los grandes proyectos petroleros pueden conseguir financiamiento porque generan dólares y tienen una ecuación económica propia. Pero alrededor de esas grandes inversiones existe una cadena mucho más extensa de empresas locales: constructoras, transportistas, metalúrgicas, proveedores ambientales, comercios y empresas de servicios.
Muchas de ellas se financian en pesos, necesitan capital de trabajo y dependen de los plazos de pago de empresas de mayor tamaño.
Para esas compañías, la discusión sobre el costo financiero sí resulta decisiva.
El desarrollo de Vaca Muerta puede continuar incluso con un riesgo país elevado. Lo que se vuelve más difícil es transformar ese crecimiento concentrado en petróleo y gas en desarrollo económico más amplio, nuevas empresas, infraestructura, crédito y empleo de calidad.
El problema argentino ya no consiste solamente en cerrar una planilla del Tesoro. Consiste en determinar cuánto ajuste puede soportar una economía antes de que el costo de mantener ese equilibrio termine debilitando la propia base productiva y social que debe sostenerlo.
El riesgo país terminó la semana en 648 puntos.
No es una conspiración contra el Gobierno ni una discusión lejana entre financistas. Es el precio que se le está poniendo a la incertidumbre argentina. Y cuanto más tiempo permanezca allí, más difícil será que el ajuste fiscal termine convirtiéndose en aquello que todavía falta: inversión, crédito, producción y una mejora concreta en la vida de quienes viven de su trabajo.
