NeuquenNewsLa posibilidad de que la senadora neuquina Nadia Márquez quede al frente de la Comisión de Acuerdos del Senado abrió una discusión que excede la disputa interna por un cargo parlamentario. El antecedente judicial de la dirigente de La Libertad Avanza en Neuquén, alcanzado actualmente por la ley provincial de Ficha Limpia, comenzó a ser utilizado por legisladores aliados para cuestionar su eventual designación al frente de una de las comisiones más sensibles del Congreso.
Según informó este jueves Infobae, la Casa Rosada impulsa a Márquez para reemplazar al fallecido senador riojano Juan Carlos Pagotto en la presidencia de Acuerdos. Sin embargo, la decisión encontró resistencia entre algunos bloques dialoguistas, que recordaron precisamente la probation a la que accedió años atrás en una causa tramitada en la Justicia neuquina.
La situación plantea una particular paradoja institucional: la legislación vigente en Neuquén impediría hoy que Márquez se presente como candidata a determinados cargos provinciales por aquel antecedente, mientras que podría pasar a presidir en el Senado de la Nación la comisión encargada de evaluar los pliegos de quienes aspiran, entre otros cargos, a integrar el Poder Judicial de la Nación.
El antecedente se remonta al expediente 6982/13, en el que Nadia Márquez fue imputada junto a otras personas por los delitos de “estafa y otras defraudaciones”.
En ese proceso, Márquez accedió en 2013 a una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, mecanismo contemplado por el Código Penal que permite suspender el proceso bajo determinadas condiciones.
Cumplidas esas condiciones, en 2016 la causa quedó cerrada mediante el correspondiente sobreseimiento. Es importante remarcar, por lo tanto, que Márquez no registra una condena penal derivada de aquella causa.
La cuestión adquirió otra dimensión muchos años después.
En 2025, la Legislatura neuquina sancionó su régimen de Ficha Limpia y estableció expresamente que no podrán ser candidatos a cargos provinciales quienes hayan sido beneficiados con una suspensión del juicio a prueba prevista por el artículo 76 bis del Código Penal.
La norma alcanza además distintas designaciones dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia.
Es precisamente ese artículo el que coloca a Márquez dentro de las restricciones electorales provinciales.
La propia legisladora cuestionó posteriormente ese aspecto de la norma neuquina. En octubre de 2025 sostuvo que estaba “absolutamente a favor” de Ficha Limpia, pero consideró inconstitucional que la legislación provincial impidiera competir a una persona cuyo proceso penal terminó sin una condena.
La restricción provincial, sin embargo, no le impidió competir por una banca nacional, porque la elección de senadores se rige por la legislación nacional y no por los requisitos establecidos por Neuquén para sus cargos provinciales.
Allí aparece el aspecto políticamente más sensible del eventual nombramiento.
La Comisión de Acuerdos no es una comisión más dentro de la estructura del Senado.
El artículo 82 del Reglamento de la Cámara alta establece que le corresponde dictaminar sobre los acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo para el nombramiento o remoción de funcionarios públicos. Por allí transitan, entre otros, los pliegos correspondientes a magistrados judiciales.
En el caso de jueces, conjueces de la Corte Suprema, magistrados del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público, existe además un procedimiento específico de publicidad, presentación de observaciones y audiencia pública antes de que los pliegos puedan avanzar hacia el recinto.
La comisión también interviene en acuerdos vinculados con ascensos militares y designaciones diplomáticas.
No significa que su presidenta pueda designar jueces por sí misma: la comisión analiza los antecedentes, conduce el tratamiento parlamentario y emite los dictámenes; la decisión definitiva corresponde al pleno del Senado. Pero quien conduce el cuerpo ocupa una posición política relevante en uno de los mecanismos constitucionales destinados a evaluar la idoneidad de quienes aspiran a ocupar algunos de los cargos más importantes del Estado.
Según reconstruyó Infobae, la intención inicial del oficialismo era avanzar rápidamente con el reemplazo de Pagotto y colocar a Márquez al frente de Acuerdos.
El movimiento preveía que el senador rionegrino Enzo Fullone se incorporara a la comisión, que Márquez fuera elegida posteriormente como presidenta y que dejara la conducción de Legislación General —que actualmente ejerce— en manos de otro integrante de La Libertad Avanza.
Pero la maniobra no consiguió el acompañamiento esperado.
Durante la reunión de Acuerdos del miércoles 7 de octubre hubo ausencias de senadores dialoguistas que se encontraban incluso dentro del Palacio Legislativo. La audiencia pudo realizarse para escuchar a los postulantes, pero no reunió el quórum necesario para avanzar con dictámenes.
De acuerdo con Infobae, desde distintos despachos reconocieron que detrás de algunas de esas ausencias existía malestar por la decisión del oficialismo y que, en ese contexto, volvió a aparecer el antecedente judicial de la legisladora neuquina.
“Atar eso a un futuro comando de la comisión donde se debaten pliegos de la Corte Suprema no colabora”, describió el medio al explicar las objeciones planteadas por sectores aliados.
Por ahora no existe una norma nacional que impida a Márquez ejercer su banca en el Senado o eventualmente presidir la Comisión de Acuerdos por aquella probation.
El conflicto es, fundamentalmente, político e institucional.
La discusión que comienza a instalarse en la Cámara alta es si una legisladora que, bajo las normas vigentes en su propia provincia, se encuentra alcanzada por una restricción de Ficha Limpia debe ser quien conduzca la comisión encargada de analizar los antecedentes, las objeciones y la idoneidad de quienes pretenden convertirse en jueces, fiscales, diplomáticos o altos funcionarios.
Desde La Libertad Avanza, en cambio, destacan su condición de abogada, su pertenencia al oficialismo y la confianza política que mantiene con la conducción nacional del espacio. Infobae señala particularmente el respaldo de Karina Milei y de los dirigentes cercanos a Martín y Eduardo “Lule” Menem.
La definición todavía debe atravesar una votación dentro de la propia comisión.
Lo que parecía inicialmente una sucesión prácticamente administrativa tras la muerte de Pagotto se convirtió así en una disputa política que vuelve a colocar bajo la lupa nacional el pasado judicial de Nadia Márquez en Neuquén.
Y abre una pregunta inevitable: cómo impactará en el Senado que la eventual responsable de conducir el filtro institucional sobre los antecedentes de futuros magistrados esté, al mismo tiempo, impedida por una ley de integridad pública de su propia provincia de competir allí por cargos electivos.
Fuente principal: Infobae
