NeuquenNewsLa investigación publicada este sábado por los periodistas Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi en La Nación aporta documentación a la causa por las contrataciones de la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según los informes de la intervención de Alejandro Vilches a los que accedió el diario, durante la gestión de Diego Spagnuolo se tramitaron compras de insumos médicos y ortopédicos sin constancias de licitación o compulsa previa, con precios muy superiores a los abonados por el PAMI o a las referencias de mercado utilizadas por los auditores. No se trata de una denuncia surgida después de la salida de Vilches: los reportes fueron remitidos a la Justicia antes de su renuncia. www.lanacion.com.ar
La gravedad de los hallazgos ya había quedado reconocida en un documento del propio Gobierno. El Decreto 942/2025, publicado en enero de este año, cita el informe final de la intervención y señala “irregularidades de gravedad” en las contrataciones y en los gastos de insumos médicos, equipamiento y dispositivos de alta complejidad.
La investigación de Alconada Mon y Grimaldi permite conocer ahora ejemplos concretos de lo que Vilches comunicó a los tribunales: dos relevamientos de más de 500 expedientes identificaron facturas de nueve proveedores por más de $25.661 millones. Esa suma corresponde a la facturación examinada, no a un monto de sobreprecios ya determinado por la Justicia.
Uno de los casos expuestos es el de un sistema de válvulas bicaval transcatéter por el que ANDIS recibió una factura de $425 millones en julio de 2025. En marzo de ese año, el PAMI había adjudicado un insumo descrito del mismo modo por $124,2 millones: el monto facturado a ANDIS era unas 3,4 veces mayor.
Otro ejemplo citado por el diario es una válvula pulmonar autoexpandible que costó $295,1 millones al área de Discapacidad, frente a $36,4 millones en el PAMI, una diferencia de aproximadamente 8,1 veces. Son brechas que reclaman examinar las especificaciones, las condiciones de compra y la documentación de cada operación; las cifras por sí solas no reemplazan esa pericia.
La comparación que dio lugar a los titulares sobre precios cercanos a 20 veces requiere todavía más cuidado. El informe contrapone una endoprótesis aortobilíaca con endoprótesis ilíaca bifurcada facturada a ANDIS por $369,8 millones con una endoprótesis aórtica torácica autoexpandible que el PAMI había pagado $17,85 millones. La relación entre ambos montos es de 20,7 a 1, pero las descripciones publicadas corresponden a dispositivos diferentes. Antes de presentar esa diferencia como un sobreprecio comprobado sobre el mismo producto, es indispensable establecer si las prestaciones y características técnicas son comparables.
Los informes, de acuerdo con La Nación, también describen expedientes que comenzaban con la factura presentada al cobro, sin que constara un procedimiento de selección anterior, y registran una factura de $28,7 millones que habría sido pagada dos veces. La intervención señaló, además, vínculos familiares y societarios entre empresas proveedoras.
En uno de los casos examinados, los auditores plantearon la posibilidad de una simulación de competencia, aunque el propio artículo aclara que no identificaron una compulsa concreta en la que las dos firmas vinculadas hubieran ofertado entre sí. Esa distinción importa: los vínculos justifican investigar cómo se asignaron las compras, pero no prueban por sí mismos que una licitación haya sido simulada.
El trabajo de Alconada Mon y Grimaldi tiene un valor particular porque permite seguir el recorrido de las advertencias: Vilches asumió la intervención tras la salida de Spagnuolo en agosto de 2025, elaboró reportes y los presentó ante la Justicia federal. Su primer informe llegó a los tribunales en diciembre de 2025; la investigación periodística también da cuenta de documentación de abril de 2026.
La pregunta que dejan esos antecedentes va más allá de cuánto se pagó por una prótesis o una válvula: cómo pudo funcionar un sistema de compras de esta magnitud sin controles capaces de reconstruir con claridad la selección del proveedor, la razonabilidad del precio y el pago final.
Spagnuolo y otros imputados están procesados en la causa, pero un procesamiento no constituye una condena. Personas de su entorno sostuvieron ante La Nación que el exdirector no seleccionaba proveedores ni adjudicaba órdenes de compra; otras defensas cuestionaron las comparaciones de precios y alegaron que debe contemplarse la urgencia de ciertas adquisiciones.
