Docentes universitarios convocan a un paro nacional de hasta 72 horas y el conflicto salarial escala a la Justicia

El conflicto universitario suma un nuevo capítulo de tensión. Las federaciones de docentes de las universidades nacionales anunciaron la convocatoria a un paro de actividades de entre 48 y 72 horas a partir del próximo miércoles 30 de septiembre. La medida fue resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y se ratifica como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre.

Desde el sector gremial confirmaron que la huelga está supeditada a una respuesta de última hora por parte del Poder Ejecutivo. El paro quedará sin efecto únicamente si el Gobierno nacional otorga, antes del martes 29 de septiembre, el incremento salarial del 33,4% fijado por la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. En caso de no registrarse avances, los sindicatos confirmaron que paralizarán las aulas en todo el país.

Reclamo salarial y frente judicial

El reclamo central de las organizaciones sindicales y de las autoridades de las casas de altos estudios apunta a una recomposición salarial urgente del 31,2%. Además, exigen el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario, ordenamiento que no solo regula las pautas salariales del personal docente y no docente, sino que también garantiza la actualización de las becas estudiantiles.

Para reforzar la visibilización de la protesta, el Frente Sindical de Universidades Nacionales coordinará acciones territoriales y de difusión junto a la CONADU Histórica durante las jornadas previas a la marcha federal de octubre.

A la par de la huelga anunciada, el frente legal añade presión al Poder Ejecutivo. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, el juez Martín Cormick, intimó al Gobierno nacional a dar cumplimiento integral a la medida cautelar dictada para aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.

El magistrado fijó un plazo perentorio de cinco días para la instrumentación de las partidas correspondientes y advirtió sobre la aplicación de multas pecuniarias por cada día de mora. La medida cautelar en cuestión atraviesa un largo derrotero en Tribunales: dictada originalmente en diciembre de 2025, fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo de este año y quedó firme tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de junio.

Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que ya dio cumplimiento a los requerimientos de la cautelar y presentó la documentación para acreditar su postura en el expediente, al tiempo que ratificó que apelará el último fallo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.