NeuquenNewsLa disputa legal e institucional por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo de alta tensión en los tribunales federales. El Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien le otorgó un plazo perentorio de cinco días hábiles para acreditar el cumplimiento total e integral de la medida cautelar que exige la actualización de partidas para las casas de altos estudios.
La presentación del Poder Ejecutivo se formalizará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. En paralelo, los equipos legales de la Casa Rosada analizan si solicitarán que el recurso de apelación sea concedido con efecto suspensivo, una figura clave que congelaría la intimación judicial y evitaría la aplicación inmediata de astreintes (multas económicas diarias a los funcionarios responsables) mientras el tribunal de alzada revisa el fondo del reclamo.
"El Estado nacional sostiene que la medida cautelar ya fue cumplida y que dicha postura se fundamentó oportunamente con documentación oficial ante los estrados judiciales."
La controversia se focaliza en el acatamiento de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795, norma que establece mecanismos automáticos de recomposición salarial para el personal docente y no docente del sistema universitario nacional, así como la actualización periódica de los montos destinados a las becas estudiantiles.
La cronología de la causa refleja un sostenido cruce de recursos judiciales entre las partes:
Dictamen cautelar: La medida de protección en favor de los gremios y las universidades se dictó a finales de 2025 y contó con la posterior ratificación de la Cámara de Apelaciones.
Fallo de la Corte Suprema: Tras los planteos del Ejecutivo para dejar sin efecto la medida, el máximo tribunal de la Nación rechazó un recurso extraordinario al considerar que la resolución no se dirigía contra una sentencia definitiva, manteniendo la cautelar plenamente vigente mientras prosigue la causa principal.
El decreto de la discordia: La discusión de fondo permanece atada a la reglamentación del Decreto 759/2025, mediante el cual el Presidente promulgó la norma pero condicionó la liberación efectiva de los fondos a la acreditación formal de las partidas presupuestarias.
Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias defienden el accionar estatal argumentando que durante el transcurso de este año se alcanzaron avances significativos y acuerdos paritarios junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las representaciones gremiales. Según la postura oficial, en dichas mesas de trabajo se fijó una recomposición de la masa salarial e inyecciones de fondos para gastos de funcionamiento y programas especiales.
Con esos antecedentes, el Estado había solicitado formalmente el levantamiento de la cautelar bajo la premisa de que las condiciones de origen habían mutado. Sin embargo, el juez Cormick desestimó el pedido gubernamental al considerar que no se ha acreditado de forma fehaciente la cobertura integral de lo dispuesto por la ley.
Ante este escenario, la contienda se trasladará a los tribunales de alzada, en un contexto marcado por la incertidumbre presupuestaria y las negociaciones salariales que mantienen en estado de alerta a las comunidades universitarias de todo el país.
