NeuquenNewsHay episodios que permiten observar una política de gobierno con mayor claridad que muchos discursos. Lo ocurrido en la Casa Argentina de la Cité Internationale Universitaire de París es uno de ellos.
Santiago Muzio, abogado franco-argentino designado por el gobierno de Javier Milei en 2024 para dirigir la institución, renunció el 13 de septiembre después de una gestión atravesada por conflictos que terminaron excediendo ampliamente las paredes de la residencia universitaria. Su salida fue confirmada por una fuente del Ministerio de Capital Humano a la agencia AFP.
No estamos hablando de la Embajada argentina en Francia. La distinción es importante. La Casa Argentina es una residencia ubicada en la Cité Internationale Universitaire de Paris, inaugurada en 1928, destinada fundamentalmente a estudiantes, investigadores y artistas. Depende del Estado argentino, a través del Ministerio de Capital Humano, aunque posee un régimen particular dentro de la Cité.
Precisamente por eso lo ocurrido adquiere relevancia política.
Muzio nunca ocultó el sentido ideológico que pretendía imprimirle a su gestión.
En declaraciones al periódico conservador francés Le Journal du Dimanche, explicó que pretendía liberar a la institución de lo que llamó las “garras de la extrema izquierda y de la ideología woke”.
La frase resulta particularmente reveladora porque permite interpretar buena parte de las controversias posteriores no solamente como decisiones administrativas aisladas, sino dentro de una concepción política explícitamente manifestada por el propio director.
Una residencia universitaria creada bajo principios de intercambio académico y convivencia internacional quedaba así incorporada al lenguaje de la “batalla cultural” que caracteriza al gobierno libertario.
El problema no es que un funcionario tenga ideas de derecha, conservadoras o liberales. En una democracia, naturalmente puede tenerlas. El problema institucional comienza cuando debe determinarse si una dependencia estatal financiada y administrada por Argentina fue utilizada para proyectar esas preferencias políticas.
Y existen hechos que justifican formular esa pregunta.
Uno de los episodios que produjo mayor repercusión ocurrió en febrero de 2026.
De la Casa Argentina fue retirada una placa instalada en 2022 en homenaje a los desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina.
La desaparición del memorial generó protestas entre residentes y organizaciones argentinas en Francia. Le Monde informó que, cuando visitó el lugar el 5 de marzo, no encontró las obras en el hall que permitieran explicar de manera evidente el retiro de la placa bajo un proceso general de remodelación, mientras otras placas y cuadros continuaban allí. El Ministerio de Capital Humano había explicado el episodio como parte de un plan de mantenimiento y modernización.
La controversia llegó incluso al Congreso argentino, donde se presentó un proyecto de repudio por lo sucedido. No era una placa cualquiera.
Representaba una política de memoria construida durante décadas alrededor de uno de los períodos más violentos de la historia argentina.
En ese contexto, retirar ese símbolo mientras el propio director proclamaba públicamente una batalla contra la izquierda y la denominada cultura “woke” inevitablemente convirtió una decisión material en un hecho político.
El conflicto se hizo todavía más delicado cuando comenzaron a conocerse las actividades realizadas dentro de la Casa.
Una investigación de Le Monde publicada en marzo sostuvo que las instalaciones habían sido utilizadas para encuentros relacionados con organizaciones de la derecha radical europea. El diario francés documentó, entre otros acontecimientos, una conferencia realizada el 4 de noviembre de 2025 con participación de organizaciones vinculadas al universo político del primer ministro húngaro Viktor Orbán y otros movimientos ultraconservadores europeos.
También aparecía otro vínculo significativo.
Muzio había estado relacionado con el Institut de Sciences Sociales, Économiques et Politiques (ISSEP), institución fundada por Marion Maréchal, referente de la derecha radical francesa.
Según las denuncias recogidas posteriormente por distintos medios, espacios de la Casa Argentina habrían sido cedidos para actividades de formación relacionadas con ese instituto.
Aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.
De acuerdo con el reglamento citado por residentes y por la investigación de Le Monde, la Casa restringe la propaganda y actividad política. Al mismo tiempo, se denunciaba la realización de encuentros protagonizados por organizaciones claramente identificadas políticamente.
El interrogante entonces resulta inevitable: ¿la despolitización reclamada por la conducción significaba realmente neutralidad o simplemente reemplazar determinadas expresiones políticas por otras?
Otro conflicto enfrentó directamente al director argentino con la institución universitaria que alberga la residencia.
Muzio se negó a adherir a la Carta de Valores de la Cité Internationale Universitaire de Paris.
No se trata de un documento partidario. La Carta establece principios relacionados con paz, humanismo, igualdad y no discriminación por origen, idioma, situación económica, género u orientación sexual.
El propio Muzio explicó su negativa. Según declaraciones recogidas por medios argentinos, sostuvo que seguía la línea del Gobierno argentino respecto de la existencia de dos sexos.
Nuevamente, la administración de una residencia universitaria quedaba subordinada a una disputa ideológica.
La paradoja resulta especialmente evidente porque la Cité Internationale nació precisamente como un proyecto de convivencia entre estudiantes de diferentes países después de la Primera Guerra Mundial.
La Casa Argentina había ingresado en ese proyecto en 1928. Casi un siglo después, Argentina aparecía discutiendo con esa institución por principios básicos de convivencia que durante décadas habían formado parte de su identidad.
Hasta ese momento podía argumentarse que se trataba de una disputa entre residentes y autoridades.
Pero el conflicto escaló.
El 30 de julio de 2026, autoridades de París solicitaron formalmente al ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, que se investigara la gestión de la Casa Argentina.
La presentación mencionaba denuncias sobre desalojos o no renovación de contratos de residentes, retiro de placas conmemorativas y realización de reuniones asociadas con ideologías de extrema derecha.
Semanas después, Barrot confirmó que existían conversaciones con las autoridades argentinas sobre el asunto.
Ese es probablemente el punto políticamente más grave de todo el episodio. Una política presentada internamente como “batalla cultural” había terminado generando cuestionamientos institucionales en Francia.
Ya no era una discusión argentina. Era un problema de imagen internacional.
También aparecieron acusaciones respecto del trato recibido por estudiantes.
AFP recogió testimonios de residentes que describieron un ambiente de fuerte tensión durante el ciclo académico 2025-2026. Hubo además denuncias sobre expulsiones o traslados de residentes presuntamente motivados por conflictos ideológicos.
Es necesario realizar aquí una distinción periodística fundamental: esas motivaciones denunciadas no han sido establecidas judicialmente como hechos probados.
Pero sí existieron reclamos suficientemente importantes como para que las autoridades parisinas los incluyeran entre los motivos para solicitar una investigación.
Eso por sí solo debería haber encendido todas las alarmas en Buenos Aires.
Sería sencillo cerrar esta historia atribuyéndole todo a un funcionario. Pero sería también insuficiente.
Santiago Muzio no llegó accidentalmente a la Casa Argentina. Fue designado por el gobierno de Javier Milei en 2024. Y el propio Muzio explicó públicamente que determinadas decisiones respondían a la línea política del Gobierno.
Por eso su gestión puede analizarse dentro de una cuestión más amplia: hasta dónde el Estado debe convertir instituciones educativas, culturales y diplomáticas en escenarios de confrontación ideológica.
El Gobierno nacional ha construido parte importante de su identidad política alrededor de una “batalla cultural” contra aquello que denomina socialismo, progresismo o ideología “woke”. Esa confrontación forma parte explícita de su discurso.
Pero gobernar implica una responsabilidad diferente a militar una causa.
El Estado argentino representa también a quienes no votaron al Gobierno, a quienes no comparten sus ideas y a quienes jamás utilizarían categorías como “woke” para interpretar el mundo.
Y cuando esa representación ocurre fuera del país, el cuidado debería ser todavía mayor.
Finalmente, Muzio dejó el cargo. Su reemplazante será el jurista y académico Alfredo Mario Soto. La renuncia, sin embargo, no responde las preguntas centrales.
¿Qué evaluación realizó Capital Humano sobre la gestión? ¿Investigó las denuncias sobre residentes? ¿Qué autorizaciones existieron para alquilar o ceder instalaciones? ¿Qué actividades políticas fueron realizadas allí? ¿Cuál fue el destino de los recursos obtenidos? ¿Existieron obras sin las correspondientes autorizaciones? ¿Por qué el Gobierno sostuvo al director mientras el conflicto escalaba hasta involucrar a autoridades francesas?
Y, sobre todo, queda una pregunta política.
¿Para qué existe una Casa Argentina en París?
Si existe para representar la cultura, la ciencia, la educación y la pluralidad de una sociedad democrática, debería ser suficientemente amplia como para albergar argentinos que piensen distinto.
Si, en cambio, comienza a funcionar como una extensión europea de las guerras ideológicas del gobierno circunstancial de Buenos Aires, entonces deja de representar a la Argentina para representar solamente a una facción de ella.
La experiencia de Santiago Muzio muestra el riesgo de confundir ambas cosas.
Porque la denominada batalla cultural puede resultar eficaz como herramienta de movilización política doméstica. Pero cuando se traslada mecánicamente a las instituciones públicas, el costo ya no lo paga un partido.
Lo paga el Estado argentino.
