NeuquenNewsUn tribunal neuquino condenó a una mujer a la pena de 1 año y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo tras hallarla penalmente responsable de amenazar a una docente y agredir físicamente a dos directivas del Instituto de Formación Docente (IFD) Nº 12 de la ciudad de Neuquén.
La pena fue fijada este viernes por el juez de garantías Juan Guaita durante la audiencia de determinación de la pena. La fiscalía, representada por Lucrecia Sola, había solicitado 1 año y 6 meses de prisión efectiva, mientras que la defensa pretendía una condena condicional de seis meses, planteo que fue desestimado por el magistrado.
La mujer fue declarada autora del delito de amenazas simples en concurso real con lesiones leves (dos hechos), cometidas en calidad de coautora.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, los hechos sucedieron el 21 y 22 de abril de 2025 en las instalaciones del establecimiento educativo:
Primer episodio: Durante una reunión institucional, la acusada amedrentó verbalmente a una docente. Tras el altercado, las autoridades le notificaron expresamente que no podía reingresar al edificio.
Segundo episodio: Al día siguiente, la mujer desoyó la restricción, volvió al instituto y atacó físicamente a dos directivas, causándoles lesiones corporales.
A la hora de fijar la sanción, el juez Guaita valoró como agravantes que los actos de violencia se ejecutaran en el ámbito de una institución educativa, en presencia de estudiantes y personal docente, además de la reiteración de víctimas, el antecedente condenatorio de la imputada y la extensión del daño psicológico causado.
Atendiendo al riesgo de fuga y entorpecimiento ante una condena de cumplimiento efectivo aún susceptible de revisión, la fiscal Sola requirió la detención cautelar. El juez hizo lugar al pedido y dispuso seis meses de prisión domiciliaria para la condenada mientras se resuelven las eventuales impugnaciones de la defensa.
Para garantizar el cumplimiento de la medida, la Justicia ordenó dos rondines policiales diarios, aleatorios y sorpresivos en su vivienda, sumado a la prohibición absoluta de contacto —directo, indirecto o por medios digitales— con las tres víctimas.
La identidad de la condenada se mantiene en reserva para resguardar la intimidad y protección integral de una adolescente vinculada a la institución.
