Control de servicios públicos: multaron a Movistar por $241 millones

El Gobierno provincial aplicó una multa de 241.923.192 pesos a la empresa Movistar, por infringir el artículo 8 Bis de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240, que garantiza el derecho de los usuarios a recibir un trato digno y equitativo.

La sanción se originó a partir de los reiterados reclamos de vecinos y usuarios de Caviahue, Loncopué y El Huecú, quienes denunciaron constantes intermitencias y deficiencias en los servicios de telefonía e internet.

Inspección y constataciones

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, realizó una inspección de oficio y levantó actas en las localidades afectadas. Se verificó que el servicio se prestaba de manera deficiente y, en algunos casos, resultaba nulo.

Entre las dificultades señaladas por los usuarios se encontraban la imposibilidad de utilizar billeteras virtuales, realizar comunicaciones ante situaciones de inseguridad, desarrollar actividades laborales y comerciales o acceder a servicios vinculados al turismo. Además, se constató que la falta de conectividad impedía incluso realizar reclamos a través de los canales telefónicos de la empresa.

Fundamentos de la sanción

La multa se fundamenta en el artículo 8 Bis de la Ley 24.240, que obliga a los proveedores a garantizar condiciones de atención y un trato digno y equitativo. El organismo consideró que la ausencia de conectividad y de canales adecuados para resolver reclamos generó situaciones de indefensión y afectó la vida cotidiana de las personas usuarias.

El monto de la sanción equivale a 147 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 3, y será actualizado al momento de efectuarse el pago conforme al valor vigente publicado por el Indec.

Objetivo de la medida

La resolución busca garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de consumidores y usuarios, y reafirma la importancia de que las empresas brinden respuestas adecuadas y condiciones de atención dignas, independientemente del lugar de residencia de las personas usuarias.