NeuquenNewsEl conflicto entre el PAMI y las clínicas y sanatorios privados de la Patagonia entró en una etapa de máxima tensión. Instituciones de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa anunciaron una suspensión total de las prestaciones durante las 24 horas del próximo lunes 24 de agosto, en reclamo de una actualización de los valores que el organismo nacional paga por la atención de sus afiliados.
La medida no aparece como un episodio aislado. Los prestadores aseguran que llevan meses reclamando una recomposición de los aranceles y sostienen que la situación económica comenzó a afectar concretamente el funcionamiento del sistema. Según el comunicado difundido por las instituciones, desde hace aproximadamente dos meses existen dificultades en la atención de guardias, recepción de derivaciones y programación de determinadas cirugías. También cuestionan la existencia de cupos establecidos por PAMI para algunas prestaciones ambulatorias.
Detrás de la protesta hay una discusión central sobre quién está financiando realmente la atención médica de los jubilados. Las clínicas sostienen que, durante los últimos dos años y medio, la inflación acumulada fue del 341%, mientras que los valores reconocidos por PAMI aumentaron un 143%. A partir de esa evolución, las instituciones calculan que sus aranceles sufrieron una pérdida real cercana al 75%. Ese último porcentaje corresponde al cálculo difundido por los propios prestadores y debe entenderse como parte de su planteo: los dos porcentajes acumulados informados —341% y 143%— no permiten por sí solos reproducir directamente una pérdida real del 75%.
El problema, además, continúa durante 2026. De acuerdo con las instituciones, PAMI comprometió para este año una actualización que rondaría el 6% y que recién se percibiría efectivamente en octubre, una recomposición que consideran insuficiente frente al aumento de los costos médicos, salariales, medicamentos, descartables, mantenimiento y servicios que afrontan clínicas y sanatorios.
La magnitud de la crisis excede a una negociación entre empresas y el Estado. Según el documento de los prestadores, alrededor de 300.000 afiliados del PAMI dependen de esta red asistencial en las cuatro provincias involucradas. Las instituciones privadas aseguran además que concentran aproximadamente el 65% de la atención sanitaria de la región y sostienen unos 10.000 puestos de trabajo directos.
Para Neuquén y Río Negro el conflicto adquiere una dimensión particularmente sensible. Una reducción progresiva de prestaciones privadas no significa simplemente una demora administrativa: implica que pacientes de edad avanzada, muchos de ellos con enfermedades crónicas, tratamientos periódicos, intervenciones programadas o necesidad frecuente de atención médica, pueden encontrar cada vez menos alternativas dentro de la red contratada por la obra social.
Los prestadores resumen su posición con un argumento básico: no están dispuestos a continuar absorbiendo indefinidamente la diferencia entre lo que cuesta una prestación y lo que PAMI paga por ella. En el comunicado advierten que necesitan “aranceles razonables” que permitan cubrir efectivamente los costos del servicio y remarcan que las clínicas no pueden convertirse en las financiadoras del sistema.
La suspensión anunciada para el lunes 24 será, por lo tanto, mucho más que una protesta de 24 horas. Es una señal de advertencia sobre el deterioro de la relación entre la principal obra social de jubilados del país y una parte importante de la estructura sanitaria privada de la Patagonia. Si no aparece una recomposición de los valores o un acuerdo antes de esa fecha, el conflicto dejará de ser una discusión entre PAMI y sus prestadores para trasladarse directamente a quienes menos margen tienen para soportarlo: los afiliados que necesitan atención médica.
