NeuquenNewsLa presencia de corporaciones privadas en la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires no es nueva. Desde 2007, distintas empresas, fundaciones y ONG han ingresado a las aulas bajo el argumento del “trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado”. En los últimos días, la polémica se reavivó cuando se confirmó que la empresa EMOVA, concesionaria del subte porteño, dicta clases sobre cuidado del ambiente en 1er año de escuelas técnicas públicas.
Madres y padres manifestaron su preocupación al enterarse por sus hijos, sin que hubiera comunicación oficial previa de las instituciones educativas. Autoridades escolares confirmaron que la actividad está habilitada por la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación.
El cuestionamiento central es la contradicción: EMOVA está denunciada por la presencia de asbesto en instalaciones del subte, un material altamente cancerígeno. Según Francisco Ledesma, secretario de Salud Laboral de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), el asbesto sigue presente en flotas de trenes, tableros eléctricos, subestaciones y depósitos de agua. “Resulta cínico que EMOVA dé cursos sobre medio ambiente mientras el subte sigue contaminado”, señaló.
La justicia porteña ordenó en 2019 la remoción del asbesto y la colocación de cartelería informativa en los andenes, pero el gremio denuncia que el Gobierno de la Ciudad aún no cumplió plenamente. Hasta ahora se retiraron unas 500 toneladas, aunque persiste material en distintas líneas.
Las consecuencias ya son graves: se registran al menos 6 muertes de trabajadores por cáncer de pulmón y mesotelioma, y más de 1800 empleados deben realizar controles neumonológicos anuales por exposición.
La intromisión de empresas privadas en la educación pública se ha profundizado en los últimos años. Casos como el Grupo Ledesma dictando cursos sobre biocombustibles, fintechs enseñando “educación financiera” o Coca-Cola con su programa “ProgramON” muestran cómo las corporaciones se insertan en la formación escolar.
El caso de EMOVA reabre el debate sobre el rol de las empresas en las aulas y la necesidad de garantizar que los contenidos educativos no estén atravesados por intereses corporativos que contradicen la salud y el ambiente.
