NeuquenNewsEl Gobierno nacional volvió a insistir con la idea de liberar la venta de medicamentos fuera de las farmacias, una iniciativa que ya había sido incluida en el DNU 70/2023 y en la Ley Bases, pero que no logró avanzar por la resistencia del sistema sanitario. El nuevo borrador, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, retoma esa propuesta y generó un inmediato rechazo de farmacéuticos y autoridades sanitarias.
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que nuclea a más de 10.000 farmacias en todo el país, advirtió que la medida pone en riesgo la seguridad de los pacientes. “La dispensa de un medicamento no es solo entregar una caja: hay control, trazabilidad, detección de interacciones y orientación al paciente”, explicó su presidenta, Alejandra Gómez.
Para la entidad, la venta fuera de las farmacias podría derivar en un uso irracional de medicamentos, incremento de la automedicación, falsificación de productos y proliferación de fármacos sin garantías de origen ni calidad.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó la iniciativa como “una irresponsabilidad sanitaria”, recordando que incluso los medicamentos de venta libre tienen efectos adversos significativos y requieren control en su almacenamiento y administración.
En la misma línea, el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria, Tucumán) sostuvo que el proyecto “pone en riesgo la seguridad y calidad de la dispensa” y advirtió que detrás de la propuesta está la intención de favorecer la venta a través de plataformas sin farmacéuticos.
La presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP), Alejandra Sánchez Cabezas, alertó que “poner analgésicos en la góndola de un kiosco no acerca el medicamento a quien lo necesita; lo aleja del único punto del sistema donde un ojo profesional puede detectar una interacción peligrosa”.
Además, señaló que la medida no resuelve el verdadero problema de acceso, que está vinculado al precio y la cobertura sanitaria, en un contexto de recortes presupuestarios.
El proyecto también genera preocupación por la sustentabilidad económica de las farmacias. Según Yedlin, “tenemos más de 15.000 farmacias en todo el país, y en vez de aprovechar esa red para fortalecer el sistema de salud, lo que se pretende es fundirlas”. Kreplak agregó que la consecuencia sería el cierre de establecimientos en muchas localidades, afectando la atención comunitaria.
Cada vez que gobiernos de perfil neoliberal intentaron desregular la actividad farmacéutica, se encontraron con la oposición del sistema de salud. El interrogante ahora es si la relación de fuerzas en el Congreso permitirá avanzar con una reforma que, según los especialistas, desarma el circuito de dispensa profesional y compromete la salud pública.
