La difusión de imágenes modificadas con IA en un colegio secundario abre un debate urgente: ¿Qué hacer frente a la violencia digital de género en las escuelas secundarias?

Un grupo de adolescentes presuntamente manipula con inteligencia artificial y comercializa imágenes de sus compañeras de curso desnudas. Ocurre en uno de los colegios insignia de la ciudad de Buenos Aires, el Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Son pibes y pibas de segundo año, tienen 13 o 14 años, se produce una violencia digital de género, algo se rompe en la escuela.

El tema llega al sistema penal. Durante la tarde del miércoles ingresaron tres denuncias a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires por la difusión y comercialización de imágenes adulteradas de alumnas del mismo año, en el hecho habrían estado involucrados también chicos del Colegio Nacional de Buenos Aires.

La comunidad educativa de ambos colegios, las familias y por supuesto los y las estudiantes atraviesan un momento que exige herramientas y procedimientos que no siempre están disponibles para abordar conflictos que se rigen por coordenadas de violencia. Aquello que sucede en la aulas no tiene una resolución simple y expeditiva -como podría ser una expulsión- sino que denota una trama compleja que demanda una escucha integral, desde las instituciones, las familias y les estudiantes. La Escuela Normal Superior N°2 “Mariano Acosta” emitió un comunicado donde llama a las familias a reflexionar con sus hijes y expresa su repudio a los hechos cometidos contra las estudiantes, al tiempo que afirman que “la escuela no puede permanecer ajena a esta problemática. Por el contrario, reafirmamos la urgencia de continuar abordando este fenómeno bajo el marco pedagógico de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI)”.

“Los y las adolescentes están muy solos”, dice Lili Maltz, capacitadora y militante de ESI que viene trabajando en profundidad la Educación Sexual Integral como una herramienta indispensable para la comunidad educativa y las familias. Esa soledad es en parte un daño bien explicito de la era digital y de la post pandemia pero Maltz señala una marca de época: “Las personas adultas están muy ensimismadas en sus propios problemas, angustiados, preocupados, sin poder escuchar, sin poder acompañar, y esto me parece que también es un tema central”, para ella más allá de que el Estado deba regular hay que poner las fichas en qué es lo que puede hacer la escuela: “Urge trabajar con las familias respecto de cómo acompañar a la adolescencia: qué mirar, qué hablar. Que no sea o el control o el mirar para el otro lado sino de instalar y poder generar conversaciones con nuestras hijas, nuestros hijos y nuestros hijes”, explica.

Frente a los conflictos, la tendencia es acudir al giro punitivo cuya escala tiende a sobregirarse, el lenguaje judicial -y penal- irrumpe en conflictos que se dan dentro de las comunidades educativas y en muchos casos toman más fuerza que, por ejemplo, la conversación sobre el trasfondo de los problemas: consentimiento, el valor de la intimidad, los vínculos, el machismo, la misoginia, el uso de las redes y la masculinidad hegemónica.

Misoginia y mercantilización

Maltz cuenta que en otra escuela surgió un problema de características similares, donde estudiantes habían difundido imágenes de una de sus compañeras en ropa interior: “Las chicas pedían la expulsión de este compañero. Lo que se les propuso, y trabajamos con todo ese quinto año, tuvo que ver con el consentimiento. Los propios chicos y las chicas de quinto organizaron talleres para todo el resto de las divisiones del colegio respecto de esto. Esto tiene mucho más impacto que creer que solo la expulsión resuelve una problemática tan compleja”, cuenta Maltz.

Para ella atravesamos un contexto de mercantilización y cosificación de la vida extremo que les jóvenes también expresan: “Todo lo que tiene que ver con lo económico, las apuestas en el Mundial, por ejemplo, y la exaltación de la misoginia desde el poder no les es indiferente. Hay una ausencia absoluta de empatía. La empatía se vive como debilidad, entonces no me puedo poner en el lugar de mi compañera, de lo que siente, de lo que le pasa cuando hago lo que hago”, explica Maltz.

El castigo penal al acecho

¿Es necesario que entre a tallar el sistema penal? La abogada penalista Claudia Cessaroni, primero pondera la reacción de las autoridades del Pellegrini y el Nacional, a partir de sus comunicaciones públicas.

“El planteo que hacen de abordar las situaciones desde los propios colegios está bastante bien”, considera. En cuanto a las informaciones que circulan, recuerda que los adolescentes que vendieron las fotos hechas con IA no son “inimputables”, sino no punibles “por ahora, hasta septiembre”.

Es que ese día entra en vigencia la nueva edad de punibilidad, que Claudia y cientos de organizaciones de todo el país combatieron y consideran inconstitucional.

“A partir del 5 de septiembre, esas conductas van a ir directamente a parar al sistema penal, nos guste o no. De hecho, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires tiene una política absolutamente persecutoria en este sentido”, enfatiza.

Recuerda que Martín López Zavaleta, el fiscal general de la Ciudad, dijo que debían prepararse para abordar desde el sistema penal ese tipo de situaciones, que hasta ahora se resolvían al interior de los colegios.

Para Cesaroni, autora del libro Contra el punitivismo, entre otros, lo importante es pensar en medidas reparatorias. “En general no me gustan las suspensiones, porque sacan al o los pibes del ámbito escolar, y los mandan a su casa a rumiar bronca y no repara nada”, señala.

El sustrato de la violencia

Lejos de plantearlo como una justificación, Claudia intenta entender el vínculo de los pibes con los dispositivos. “Simplemente trato de entender, y veo que esos pibes están todo el santo día mirando imágenes modificadas con IA, donde al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof lo muestran como un mogólico y, empezando por ahí, todo lo que se te ocurra”, sostiene sobre los usos culturales. No sólo al gobernador de Buenos Aires modifica la IA -como los estudiantes del Pelle a sus compañeras- sino también a les representantes de la izquierda, como ratas. Aquí hay, además, una cuestión de género, por supuesto”, agrega.

Y todo eso está enmarcado en algunos de los imperativos sociales de la época: exhibir, ridiculizar y sacar ventaja. “Ahí hay muchas cosas para hacer, y sobre todo, no ser hipócritas” -señala-. Eso también lo pensé cuando sucedieron las amenazas en las escuelas”.

Cesaroni enfatiza “el nivel de violencia y de utilización violenta, agresiva, despectiva, discriminatoria, que se que se hace de la Inteligencia Artificial”. Con ese tipo de utilización, se ataca “lo que se te ocurra”. La enumeración muestra que la IA no es neutra, nunca lo fue, sino más bien una herramienta de los tecnomagnates. ¿A quién discrimina y ridiculiza? “A palestinos, judíos, zurdos, peronistas, kirchneristas, diputados, senadores” y se hace desde “las más altas autoridades del país”.

Toda esa carga violenta “se refleja en un pibe de 14 años”. “Entonces, hacerlos responsables de eso es hacerles entender el daño que provoca, lo agresivo que es, cómo lastiman a sus propias compañeras, cómo las denigran. Ahora, penalizarlos, me parece que es de una enorme hipocresía”.

Consecuencias reales

El furor de la serie “Adolescencia” puso en el centro del debate como la viralización de contenidos sexuales privados exponía gravísimas secuelas que incluso llegaron hasta el suicidio. Un estudio elaborado por The Lancet Regional Health y publicado con apoyo de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) reveló que la tasa de suicidio en jóvenes de 10 a 24 años subió de 5,7 a 7,84 muertes por cada 100 mil habitantes en los últimos veinte años en America.

En 2024, Ema Bondaruk, de 15 años, fue víctima de violencia digital de género después de que se difundiera contenido íntimo sin su consentimiento. Al día siguiente, se quitó la vida. La militancia de su madre, Laura Sánchez, impulsó una guía y un proyecto de Ley que llevan el nombre de la adolescente, para institucionalizar la prevención y atención de la violencia sexual digital en las escuelas a través de instrumentos de contención y capacitación a profesores.

En el ámbito nacional, el proyecto de Ley fue presentado por la diputada Mónica Macha en agosto de 2025 y luego se sumaron las firmas de Luana Volnovich y Leandro Santoro. Está girada a las comisiones de Comunicaciones e Informática, Educación y Presupuesto y Hacienda, pero hasta ahora no tuvo otra actividad legislativa.

Una problemática urgente

Laura Sánchez se enteró de lo ocurrido en el Pellegrini por los medios de comunicación. “Es doloroso y pone a la vista que la violencia digital de género dejó de ser una problemática emergente para convertirse en urgente”, dice a Las12.

El proyecto de Ley Ema propone formas de reparar a las chicas que sufrieron las violencias, sin expulsar a los varones que las ejercieron. “Excluir muchas veces agrava: las chicas quedan igual de expuestas y los chicos no aprenden nada. Sacarse ‘el problema’ de encima, es de alguna manera esconder lo que pasó y lo que se esconde no lo podemos prevenir ni acompañar, por ende puede volver a hacer lo mismo en cualquier momento, si no comprende la magnitud del daño causado”, dice Sánchez.

Desde los dos colegios emitieron comunicados sobre sus acciones institucionales, y mantienen reuniones con las familias.

¿Qué se debería hacer desde la escuela, según la impulsora de la Guía y Ley Ema? “Primero, por supuesto, cuidar y reparar a las chicas. Activar los Equipos de Orientación Escolar, involucrar a centro de estudiantes, a preceptoría y preguntarles qué necesitan”, propone Sánchez, quien también considera “brindarles contención psicológica, acompañamiento para denunciar (si así lo quisieran), no cruzarse en recreos, cambiar de grupo si lo piden. Que ellas definan qué las repara”.

Responsabilidad y reparación

Lo que también propone es “responsabilizar educativamente a los chicos”. Enfatiza que “no es ‘castigo y chau’. Es proceso pedagógico”. En esa línea, propone entrevistas con familia y equipo, ponerle nombre a lo ocurrido. “Esto es violencia digital de género, no es joda”, subraya.

Entre las tareas reparadoras, sugiere talleres sobre consentimiento, la Ley Olimpia (que incluye a la violencia digital como una modalidad de la violencia de género), la Guía Ema, masculinidades, violencia de género. Que investiguen el daño, que pidan disculpas si la víctima quiere y en las condiciones que ella defina. Que produzcan material de prevención para la escuela.

También propone “pensar en un convenio de corresponsabilidad digital firmado por estudiantes, institución y familias” y sobre todo, intervenir con toda la comunidad, hacer talleres en todas las aulas. “El problema no son sólo los chicos que difundieron, es la cultura que lo habilita”.

La mamá de Ema Bondaruk considera que “sancionar sin educar, sin reparar, sin concientizar reproduce la violencia. La mirada tanto desde el proyecto de Ley Ema, como desde Guía Ema, no es ‘echar al culpable’. Es que no pase más”.

¿Es necesario hacer una denuncia penal? Sánchez considera que “depende de la víctima y su familia. La decisión es de ellas”, y recuerda que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento “es un delito” que puede denunciarse “en Fiscalía, Comisaría de la Mujer, o Juzgado”.

Sin embargo, plantea que “en este caso estamos hablando de la violencia que se da entre pares, entre adolescentes. El proyecto de Ley Ema propone agotar primero la vía institucional y de reparación cuando la víctima así lo desea, sobre todo si son menores de 16, al menos hasta septiembre son menores ¿Por qué? Porque una causa penal puede revictimizar muchísimo, ser eterna y no reparar el lazo escolar”.

Por eso, prefiere que la escuela ofrezca “a la familias y a las víctimas todas las vías, tanto el acompañamiento psicosocial de la escuela como la asesoría legal gratuita para decidir si denuncian o no”.

Y sobre todo, que no se presione a las familias y mucho menos a las adolescentes. “Si no quieren denunciar penalmente, la escuela igual debe intervenir, sancionar educativamente y reparar. Omitir la denuncia no significa ‘tapar’. Significa elegir otra vía de justicia que priorice a la víctima”, plantea.

¿Es posible reconstruir un lazo cuando hay heridas de esa magnitud?

-No sé, eso es algo que va a depender mucho del contexto, de cómo esto sea llevado adelante, del proceso. Tal vez si sea posible, pero no es automático, ni rápido, ni obligatorio para las víctimas. Reparar el lazo no es “hacerse amigos de nuevo”.

Y enumera que la reparación empieza al reconocer el daño por parte de quien lo hizo, sin justificativos, con medidas concretas de no repetición y garantías de que no va a volver a pasar.

“Todo esto consensuado con la víctima, trabajado de forma interdisciplinaria, poniendo el foco en lo que ella quiera. Si ella no quiere cruzarse más con quién difundió las fotos, hay que garantizar ese derecho”, plantea Sánchez.

Y cree que a veces, reparar el lazo es apuntar a que puedan estar en la misma escuela sin agredirse. Otras veces es que no hablen más, pero se respeten los espacios. “Ambas son válidas. Va a depender de cada comunidad educativa”, plantea.

El desborde aparece en los múltiples chats del colegio, padres, madres, pibas, pibes, centro de estudiantes, autoridades. La incertidumbre acapara la escena porque se sabe que el camino no es solo implementar protocolos, generar conversaciones, contener, acompañar. El desafío más grande es la escucha, poder reponer el vínculo entre adolescentes y adultos pero también el de pares que atraviesan una parte de la vida en donde todo es descubrimiento y expectativas, y en ese trayecto el daño que pueden provocar los vínculos, el dolor de una traición y el castigo como reflejo de justicia son temas que piden una escucha urgente.