La Corte de Nueva York rechazó el pedido del fondo Burford para revisar el fallo a favor de Argentina por YPF

En un “hito en la defensa soberana”, según la Procuración del Tesoro, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes el pedido de revisión de sentencia (rehearing in banc) presentado por los demandantes en el histórico juicio por la estatización de YPF.

Para el Gobierno, se trata de un revés judicial clave para los fondos de inversión que litigan contra el país. Porque la medida frena el intento del bufete Burford Capital (representante de los fondos Petersen y Eton Park) de revertir el escenario actual. El propio presidente Javier Milei celebró en un tuit: “Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF”.

Tras este revés judicial, los demandantes tendrán 90 días para ir a la Corte Suprema de EE.UU. o iniciar litigio ante el Ciadi.

Las novedades en el terreno jurídico fueron informadas por el cuerpo de abogados que trabajan para el Estado argentino a través de un comunicado. En ese texto, se establece que el tribunal estadounidense negó la solicitud para que el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones volviera a examinar el fallo.

Desde el organismo que comanda Sebastián Amerio subrayaron que la decisión “constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.

El litigio, que lleva años en los tribunales de Manhattan, gira en torno a los perjuicios reclamados por los fondos tras la expropiación de las acciones de la petrolera en 2012. Para los analistas internacionales, el rechazo a este recurso de insistencia achica drásticamente los márgenes de maniobra de los demandantes en esta instancia de apelación.

"Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”, expresó la Procuración tras la novedad.

adnsur