NeuquenNewsSi bien no se votó esta semana, el gobierno de Javier Milei prepara las condiciones para adecuar el país a los intereses de los laboratorios medicinales extranjeros, en el marco del acuerdo que firmó con la administración del republicano Donald Trump.
La modificación en la legislación de patentes de medicamentos que la Casa Rosada busca concluir próximamente tiene su origen en las presiones internacionales. En primer lugar, el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas que ata a la Argentina con Estados Unidos. Allí se indica la necesidad de que Buenos Aires se adecue al Patent Cooperation Treaty (PCT), un pacto de la ONU. A su vez, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea reafirma, según el propio gobierno, “los derechos y obligaciones bajo el Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial de Comercio, con el objetivo de asegurar un nivel de protección de la propiedad intelectual”. El primero, igualmente, es el lobby más fuerte.
Las patentes medicinales tienen una duración promedio de 20 años de exclusividad, luego de lo cual otras empresas pueden producir el producto con algunas modificaciones leves. Quienes ven el cambio de la legislación con cierto recelo advierten sobre el evergreening: una práctica que permite extender las patentes y el monopolio de la producción, sin que haya existido una novedad.
Este nuevo escenario beneficia principalmente a las firmas internacionales como Pfizer, Bayer y Roche, agrupadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), y perjudica a las fábricas nacionales, organizadas habitualmente en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa). Ocurre que las firmas argentinas como Roemmers, Bagó, Casasco, Elea, Gador y tantos otros dedican una parte de la producción a los genéricos, diferentes variantes de un medicamento original al que se le venció la patente. Esta situación hace que miren con sospecha la resolución de Milei. Sumarse al PCT implica una apertura del régimen de patentes, cuya definición podría ampliarse y bloquear el acceso a la producción de los futuros genéricos.
Según trascendidos, las compañías nacionales lograron una pequeña victoria en los últimos días, dado que el gobierno de Milei habría aceptado que quede en “reserva” el capítulo 2 del PCT, precisamente el que amplía el significado de “patente”.
La pelea es por miles de millones de dólares. Cilfa asegura que, “a diferencia del resto de los países de la región”, los laboratorios de capital nacional concentran el 68,4% de la producción total, algo así como 470 millones de unidades al año (en 2022) sobre un total de casi 700 millones fabricados por 354 laboratorios y 229 plantas industriales de los que 181 son nacionales y 48 extranjeras. El último informe de “Cilfa al día”, de febrero de 2026, indica que la industria farmacéutica tuvo un 13,1% de crecimiento interanual, muy por encima de la industria en general.
Este sector de la economía presenta un alto nivel de acumulación en pocas manos. Un informe de Universidad Nacional de La Plata y el Conicet de 2023 reveló “una alta concentración de la comercialización (de medicamentos), agrupándose el 90% de la misma en solo cinco intermediarios”.
El gobierno libertario ya avanzó en la línea del PCT y el lobby norteamericano, sin haberlo aprobado aún. En marzo pasado impulsó la derogación de la normativa vigente desde 2012 que, según el oficialismo, “imponía criterios restrictivos para el otorgamiento de patentes”. Lo calificó como una “modernización”. A su vez, con la recientemente aprobada “Ley Hojarasca”, la Rosada anuló la Ley 26.688, que defendía el interés nacional para la producción de medicamentos, insumos y vacunas.
En la misma sintonía, el Ejecutivo bajó los aranceles de importación a medicamentos y productos médicos a través de la Anmat. En el primer caso, para una escala de 10 millones de pesos de monto importado, el impuesto bajó de 6,75% a 1,5%; en una de 60 millones, disminuyó de 2,3% a 1,5%; y en una de 100 millones, de 1,4% a 1,25%. En el rubro productos médicos, por $ 10 millones cayó de 6,75% a 1,5%; por $ 30 millones, de 4% a 1,5%; y por $ 70 millones, de 2% a 1,25 por ciento.
El avance hacia los intereses norteamericanos puede consolidar a los monopolios extranjeros. Mientras Milei habla de “libertad de arancel” para lograr “precios más bajos”, se puede generar una concentración económica que encarezca el consumo y genere pérdidas de puestos de trabajo. Por ahora, las entidades nacionales, aprovechando su poder y capacidad de lobby, lograron mantenerse arriba del ring. La pulseada sigue aunque los golpes no se curan con una aspirina. «
