“Insólito: Empresario repara una colectora sobre la ruta nacional y Vialidad Nacional le ordena destruirla”

Santa Fe.- En un caso que expone como pocos la dejadez del Estado nacional en materia vial, un empresario santafesino decidió tomar cartas en el asunto ante el deplorable estado de una colectora de la autopista Rosario-Córdoba y terminó siendo intimado por Vialidad Nacional para que deshaga las obras realizadas con recursos propios.

El acceso al hotel del empresario se encontraba en condiciones lamentables, con baches, deterioro del pavimento y riesgos permanentes para los huéspedes y proveedores. Tras meses de reclamos formales sin obtener respuesta alguna por parte de las autoridades nacionales, el empresario optó por afrontar los trabajos él mismo: destinó maquinaria, personal y materiales de su propiedad para reparar el tramo afectado.

Lejos de reconocer o agradecer la iniciativa privada ante la inacción estatal, Vialidad Nacional respondió con una intimación formal exigiendo que “restituya el tramo a su estado original”, es decir, que destruya lo reparado y devuelva la vía al mismo estado de abandono en el que se encontraba.

El caso generó inmediata repercusión en Santa Fe y rápidamente se convirtió en símbolo de un problema mucho más profundo: la casi nula inversión del gobierno nacional en el mantenimiento de la red vial y la ausencia de obras nuevas.

Expertos y usuarios de las rutas nacionales vienen denunciando desde hace tiempo el progresivo deterioro de corredores clave como la autopista Rosario-Córdoba, una de las más importantes del país. Baches, falta de demarcación, banquinas inexistentes y colectoras destruidas se han vuelto moneda corriente, producto de presupuestos recortados y una gestión que prioriza otras áreas por sobre la infraestructura básica.

Este episodio reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar la ineficiencia estatal: un ciudadano que, ante la ausencia total del Estado, decide solucionar un problema concreto, es castigado por hacerlo. En lugar de regularizar la obra o hacerse cargo de su mantenimiento, la respuesta oficial es ordenar su demolición.

El hecho no solo genera indignación por el absurdo burocrático, sino que deja en evidencia la grave crisis de mantenimiento vial que afecta a todo el territorio nacional, donde miles de kilómetros de rutas se degradan año tras año por falta de inversión sostenida.

Mientras los argentinos siguen pagando altos impuestos, el estado de las rutas nacionales sigue siendo uno de los principales reclamos de productores, transportistas y turistas. Casos como este no hacen más que confirmar que, en materia de infraestructura vial, la dejadez estatal es cada vez más notoria.