NeuquenNewsEn los últimos días, tres hechos sacudieron la agenda política nacional: el cierre de la histórica Sala de Periodistas de Casa Rosada, la salida de Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, y el creciente escrutinio judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Para el análisis político, no se trata de episodios inconexos, sino de una secuencia deliberada.
El detonante oficial fue el uso de anteojos con cámara oculta por parte de los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, del programa ¿Y mañana qué? de TN, durante una recorrida por los pasillos de la Casa Rosada. El Ejecutivo respondió con el cierre del espacio de trabajo de la prensa acreditada, una medida sin precedentes que generó el rechazo inmediato de organizaciones de libertad de prensa en el país y en el exterior.
Sin embargo, fuentes del ámbito político cuestionan la proporcionalidad de la respuesta. No hubo filmación de zonas restringidas ni filtración de información sensible, señalan, sino un recorrido por sectores a los que la propia administración había habilitado el acceso. En ese marco, la decisión de clausurar la sala habría tenido otro objetivo: cortar el acceso diario de los periodistas al jefe de Gabinete, que en las últimas semanas enfrenta preguntas incómodas sobre inconsistencias en su declaración jurada, préstamos de particulares que no condicen con su perfil patrimonial, y gastos en viajes que la Justicia intenta cruzar con sus ingresos declarados.
Hay un dato que la historia coloca como un peso difícil de ignorar: la Sala de Periodistas de Casa Rosada, que funciona de manera casi ininterrumpida desde 1940, nunca fue cerrada. Ni siquiera por quienes gobernaron sin legitimidad democrática, sin Congreso, sin Justicia independiente y con el terror como herramienta de control.
Durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, la sala no solo permaneció abierta sino que fue escenario de momentos históricos, como la pregunta que el periodista José Ignacio López le formuló al propio dictador sobre el paradero de los desaparecidos. Un régimen de facto que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer personas no se atrevió a cerrarle la puerta a la prensa en Casa Rosada. Javier Milei, presidente elegido en las urnas, sí lo hizo.
La paradoja es brutal: el gobierno que más reivindica la libertad como bandera es el primero en la historia argentina en suprimir el único espacio institucional donde el poder puede ser preguntado todos los días. Cuando un régimen democrático hace lo que una dictadura no hizo, la pregunta que queda flotando en el aire es incómoda e inevitable.
Mientras se cerraba la puerta a la prensa, otra se abría para mostrar la salida de Frugoni, desplazado luego de que una investigación periodística expusiera que no había declarado siete propiedades en Miami y Palm Beach, ni dos sociedades comerciales constituidas en Delaware. El ministro de Economía Luis Caputo le aceptó la renuncia. El contraste no pasó desapercibido en la escena política: un funcionario cae por irregularidades patrimoniales mientras el jefe de Gabinete —cuestionado por razones que también involucran su patrimonio— se mantiene en su cargo con el respaldo explícito del presidente.
Para los analistas, la jugada tiene una lógica política clara: al actuar con dureza sobre Frugoni, el Gobierno envía una señal de que aplica estándares de transparencia, mientras que —implícitamente— avala la situación de Adorni. La permanencia del jefe de Gabinete funcionaría así como un certificado de confianza otorgado por Javier Milei.
La causa que tramita en Comodoro Py, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, apunta a determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni desde que asumió la función pública tiene respaldo legal. Los elementos bajo análisis son concretos: la compra de un departamento en Caballito por USD 230.000 financiada en casi su totalidad mediante un préstamo de dos jubiladas que eran las anteriores dueñas del inmueble; la adquisición de una casa en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, escriturada el mismo día en que recibió un préstamo de USD 100.000 de dos agentes de la Policía Federal —con un interés anual del 11%—; un viaje familiar a Aruba con gastos de más de USD 14.000; y un trayecto a Punta del Este en jet privado. Todos los pagos relevantes se realizaron en efectivo y en dólares.
La Justicia también detectó que la casa del country, registrada a nombre de su esposa, no figuraba en su declaración jurada presentada en agosto de 2025, y fue incorporada recién cuando la causa judicial ya estaba en marcha.
La pregunta que circula en el círculo político es por qué el jefe de Gabinete tiene un blindaje que no tienen otros funcionarios. Las hipótesis que se manejan en ese entorno son varias.
Una señala que Adorni no es solo la cara pública del Gobierno, sino quien conoce en detalle la estructura comunicacional y política que sostiene el proyecto libertario. Otra apunta a una lealtad construida directamente con Karina Milei, con quien mantendría una relación de confianza y secretismo que va más allá del rol institucional. Una tercera, más política, sostiene que su eventual caída abriría flancos judiciales que el Gobierno prefiere mantener cerrados.
Ninguna de estas lecturas tiene confirmación oficial. Son, por ahora, la especulación de una clase política que intenta entender los movimientos del poder libertario.
Lo que sí queda claro es que el Ejecutivo decidió asumir el costo internacional de cerrar la sala de prensa —con las críticas de organismos como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y entidades internacionales del sector— antes que exponer al jefe de Gabinete a un escrutinio periodístico cotidiano. Si esa operación responde a un cálculo de protección institucional o a algo más personal, es todavía una pregunta abierta.
