NeuquenNewsLa Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro provincial a partir del lunes 30 de marzo, en una nueva escalada del conflicto con el Gobierno neuquino. La decisión fue adoptada por el plenario de delegados y, según expuso el sindicato, responde a la falta de respuestas concretas frente a reclamos salariales y laborales que arrastran desde hace meses.
Uno de los principales motivos de la medida es la falta de liquidación de la llamada “promoción horizontal”, un adicional salarial contemplado en acuerdos previos y que, según el gremio, debía comenzar a pagarse con los haberes de enero. De acuerdo con la publicación de Diario Río Negro, el reclamo alcanza a más de 8.000 auxiliares de servicio del área educativa, que todavía no vieron reflejado en sus sueldos ese 4% correspondiente al ítem.
Según esa misma publicación, ATE sostiene que los listados trabajados durante el verano no fueron cargados en el sistema ni en febrero ni en marzo, por lo que el adicional volvió a quedar afuera de la liquidación salarial. Para el sindicato, no se trata de un detalle menor: en un contexto de pérdida del poder adquisitivo, incluso un porcentaje aparentemente acotado impacta de lleno en la economía diaria de los trabajadores.
El otro eje del conflicto pasa por el funcionamiento de la Dirección de Medicina Laboral. Allí ATE denuncia trabas administrativas, desconocimiento de certificados médicos y un criterio de control que, según el gremio, termina perjudicando a trabajadores con enfermedades crónicas, graves o incapacitantes. El sindicato denunció casos en los que no se reconocieron certificados emitidos por profesionales públicos y privados, lo que dejaría a empleados expuestos a descuentos salariales o a una situación de indefensión.
La gravedad del planteo no reside solo en la discusión administrativa. Lo que ATE describe es un esquema en el que la auditoría médica deja de ser una herramienta de control razonable y pasa a convertirse, según su denuncia, en un mecanismo que agrega incertidumbre y castigo sobre personas que ya atraviesan cuadros delicados de salud. Esa acusación es una de las que más tensó la relación con el Ejecutivo en las últimas horas.
Respecto del impacto de la protesta, la afectación podría sentirse especialmente en las escuelas. La razón es concreta: al tratarse de auxiliares de servicio, su ausencia compromete tareas básicas de limpieza e higiene. De acuerdo con lo informado por el gremio, el lunes podría sentirse con más fuerza desde el turno tarde, ya que la limpieza realizada el viernes permitiría sostener parcialmente la actividad matutina, pero no garantizar las condiciones para el resto de la jornada.
La medida, además, fue anunciada sin fecha de finalización. El gremio condicionó su levantamiento a una convocatoria urgente y a respuestas efectivas sobre los puntos en discusión. En otras palabras, no se trata de un paro simbólico ni de una advertencia menor: es una señal de endurecimiento en un escenario donde el diálogo entre las partes aparece cada vez más deteriorado.
El conflicto vuelve a exponer una realidad ya repetida en la provincia: cuando los compromisos salariales no se cumplen y los organismos de control laboral son percibidos como una carga antes que como una garantía, la tensión se traslada de inmediato a los servicios públicos. Y en este caso, el costo no se limita a una discusión gremial: también puede traducirse en escuelas sin condiciones mínimas de funcionamiento y en miles de estudiantes afectados.
