NeuquenNewsLo que comenzó como un operativo de auditoría técnica en urbanizaciones cerradas escaló al plano judicial. La Cooperativa, a través de su apoderado legal, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Neuquén, solicitando que se investigue la sustracción ilegítima de energía eléctrica en propiedades de alto poder adquisitivo.
La presentación judicial no sólo busca la aplicación de sanciones económicas, sino que además constituye a la Cooperativa como parte querellante en una causa que, prima facie, podría encuadrarse en los delitos de hurto y robo (arts. 162 y 164 del Código Penal).
Dada la complejidad de las maniobras detectadas —que incluyen conexiones subterráneas directas y bypass que evitaban el registro en los medidores— CALF solicitó al Juez de Garantías órdenes de allanamiento y registro para cinco propiedades ubicadas en algunos de los sectores más costosos de la ciudad.
“No se trata de un error técnico, sino de una voluntad deliberada de eludir el pago del servicio mientras se mantienen consumos intensivos, como grandes sistemas de climatización y piscinas calefaccionadas”, señalaron desde el equipo jurídico de la Cooperativa.
Objetivos de la ofensiva judicial
La denuncia penal presentada busca avanzar en cuatro puntos clave:
Cese de la impunidad: asegurar que el aprovechamiento indebido de la energía —considerada un “bien” según el Código Civil y Comercial— sea sancionado como cualquier otro delito contra la propiedad.
Individualización de responsables: identificar a los ocupantes y propietarios que se beneficiaron del consumo irregular.
Verificación interna: constatar la presencia de artefactos de alto consumo (bombas, calderas, sistemas de riego, entre otros) que habrían sido alimentados mediante conexiones clandestinas.
Seguridad pública: documentar el riesgo de incendios y fallas críticas en la red que estas conexiones precarias generan para el resto de los vecinos del barrio.
Desde la conducción de CALF fueron contundentes: “La energía que unos pocos sustraen de forma clandestina en barrios cerrados la terminan pagando los asociados que cumplen mes a mes con su factura. No vamos a permitir que la exclusividad de un barrio sea un escudo para la ilegalidad”.
La Cooperativa confirmó que continuará aportando pruebas, actas técnicas y registros fotográficos al fiscal interviniente, mientras los operativos del área de “Disciplina de Mercado” se extienden a otras zonas de la ciudad para garantizar que no existan privilegios en el acceso y pago del servicio eléctrico.
