NeuquenNewsLa iniciativa fue firmada por Cecilia Moreau, Marcela Pagano, Hilda Aguirre, Alejandrina Borgatta, Sergio Casas, Gabriela Estévez, Raúl Hadad, Jimena López, Marcelo Mango, Juan Carlos Molina, Kelly Olmos, Lorena Pokoik, Nancy Sand y Julia Strada, quienes sostienen que la permanencia de la legisladora en el cuerpo afecta la honorabilidad institucional del Congreso.
En los fundamentos del proyecto se menciona la aparición pública de documentos del Estado de Florida (Estados Unidos) que registran una detención ocurrida en julio de 2002 bajo cargos vinculados al tráfico de cocaína, en una causa identificada como expediente 5858-2002 CF.
Según los autores de la iniciativa, esos antecedentes tendrían consecuencias directas en la actividad institucional de la diputada, ya que le impedirían ingresar a Estados Unidos, lo que —argumentan— afectaría su capacidad para representar a la Argentina en encuentros internacionales, particularmente en su rol como presidenta de la Comisión de Energía, donde suelen realizarse reuniones sectoriales en ciudades como Houston.
El proyecto también menciona supuestos vínculos con una trama de narcotráfico y lavado de activos. En ese punto se señala una relación con Claudio Ciccarelli, identificado en el documento como presunto testaferro y familiar de Federico “Fred” Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico.
Además, el texto refiere a investigaciones judiciales por presuntas estafas inmobiliarias en la provincia de Río Negro, vinculadas al desarrollo urbanístico “El Tajamar” en Las Grutas. Según se expone, los terrenos habrían sido ofrecidos como aptos para urbanización cuando en los registros oficiales figuraban como parcelas rurales.
Entre los argumentos también se menciona un episodio de amenazas contra el periodista Nicolás Wiñazki, que según los legisladores habría estado relacionado con la difusión pública de estas denuncias.
Los firmantes sostienen que el Congreso tiene la facultad de actuar para preservar su integridad institucional. En ese marco invocan el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece que cada Cámara puede corregir o excluir a uno de sus miembros por desorden de conducta o inhabilidad moral.
Por ese motivo solicitan la exclusión inmediata de la diputada Lorena Villaverde del cuerpo, argumentando que la gravedad de los antecedentes señalados genera una ruptura ética incompatible con el rol de representante del pueblo.
El proyecto deberá ahora seguir el trámite legislativo correspondiente dentro de la Cámara de Diputados. Si avanza, el tema quedará sujeto al debate y votación del pleno, que deberá definir si existen fundamentos suficientes para aplicar la sanción prevista en la Constitución.
La eventual expulsión de un legislador es una medida excepcional en la práctica parlamentaria argentina, por lo que el caso podría abrir un debate político e institucional de alto impacto dentro del Congreso.
